Posts con el tag ‘valores sociales y derecho’

Data Protection: Dangers and Opportunities

The scandal about spying by NSA shouldn’t distract neither EU citizens nor EU institutions from the BIG DATA possibilities to improve human beings lives.

As Mr. Eddie Short, head of the business intelligence practice at KPMG, answers in an article written by Jane Bird on Financial Times June 26 2013, special “The Connected Business” p. 3, big data started with the first satellites and space exploration; in a few days physicists collected more data than previous generations together accumulated throughout history. The enormous amount of data had to be processed to find probabilities rather than certainties.

Moving from Physics to the social media cloud, the sheer volume of information that this phenomenon has created is processed at high speed, using the computers capabilities to identify valuable data through mathematical algorithms. From the fight against bullying to know much better how an illness attack our bodies, there’s an astonishing wide range of  social problems that it can help to cope with successfully.

Before the great transformation that Big Data can deliver “changing the way we live and the world that we live in”, is necessary to understand and address the “moral, cultural and consumer concerns” that this transformation provokes, as Mr. Dave Coplin, chief envisioning officer at Microsoft UK, wrote in the same newspaper, date and page.

The understandable and positive aim to protect privacy has to be assessed with the positive outcomes that are at our arms length and so, achieve a balanced regulation that doesn’t stifles innovation. This is the subject that I have dealt with on my presentation last 5th July on the Catalan Parliament building invited by the Catalan Data Protection Authority

http://www.apd.cat/media/2753.pdf

Enric R.Bartlett Castellà
Associate Professor of Public Law
ESADE Law School (Univ. Ramon Llull)

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Presuntos culpables: la doble cara de la presunción de inocencia

En su conferencia celebrada el pasado 25 de enero en el contexto del Legal Research Seminar de nuestra facultad de Derecho, el profesor Jordi Ferrer (UdG) realizó una brillante deconstrucción dogmática del principio de presunción de inocencia en el Derecho penal español. Conclusión: la presunción de inocencia es, en realidad, menos de lo que creemos que es. Hinchada en la retórica jurisprudencial y en el imaginario jurídico-popular, un análisis minucioso y sistemático de su verdadero alcance práctico demuestra que en el Derecho español actual la presunción de inocencia se reduce a una regla de trato por parte del tribunal frente al acusado, y aun esta no absoluta, pues es compatible (por ejemplo) con la existencia de la prisión preventiva, una figura que de alguna manera presupone la culpabilidad.

Lo curioso, y aquí está la doble cara a la que me refiero, es que estos días estamos oyendo mucho la expresión “presunción de inocencia”, en relación con la desmoralizante y vergonzosa retahíla de casos de corrupción política con la que nos desayunamos día sí y día también. Ahí el principio lo alegan figuras públicas, generalmente políticos, en su propia defensa, o en la de sus compañeros o subordinados.

El subterfugio es burdo. La presunción de inocencia jurídica es una cosa, y una cosa además bien concreta, como quedó reflejado en la conferencia del profesor Ferrer. La presunción de inocencia política es otra. Se utiliza el mismo término para hablar de cosas distintas. Pongo el ejemplo más obvio. Un cargo público acusado y absuelto porque en el juicio se utilizaron pruebas obtenidas ilícitamente cuyo carácter inculpatorio es vox populi es y debe ser inocente jurídicamente, pero ni es ni debe ser inocente políticamente.

Pues bien, lo más paradójico del tema es que cuando resulta que en el ámbito estrictamente jurisdiccional (que es su ámbito natural) la presunción de inocencia tiene como digo un contenido mínimo y muy reducido, de la presunción de inocencia política se nos pide sin embargo que la concibamos de forma maximalista y poco menos que absoluta. Así, cuando aceptamos con naturalidad que a cualquier acusado de un delito se le pueda imponer la prisión preventiva, se nos pide que mientras a un cargo público acusado de corrupción no lo veamos entre rejas le permitamos que siga funcionando como si tal cosa presumiendo que siempre fue inocente.

Eso no tiene mucho sentido. Y menos aún aquí y ahora. Cualquier persona mínimamente informada que haya vivido en este país durante los años del llamado milagro económico español (a.k.a. burbuja inmobiliaria), sabe lo que ha pasado. A grandes rasgos, lo sabe. Yo, usted, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares y amigos. Lo hemos comentado en el café y en la sobremesa cientos de veces. Por eso es normal que cuando al magma de corrupción por el que estamos invadidos se le ponen nombres y apellidos lo primero que haga la ciudadanía es aplicar una presunción de culpabilidad. Lo siento, pero es normal. Cualquiera lo entiende. Y no pasa nada, siempre que eso no contamine a la presunción de inocencia jurisdiccional (que, recordémoslo, se configura en el Derecho español con un contenido mínimo y muy reducido).

Igual que la presunción de inocencia (jurisdiccional) se puede romper, la presunción de culpabilidad (política) se debe poder romper también. Confiando en que unos medios de comunicación rigurosos y una ciudadanía responsable sabrán valorar, juzgar y, en su caso, reponer en el crédito a quien se haya visto manchado por la sospecha. Pero pedirnos obviar esa sospecha está ya fuera de lugar. Si no, entre tantos amigos y familiares, a muchos se nos va a quedar cara de primos.

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El rechazo a pagar los peajes (o Antígona redux)

En realidad la confrontación argumentativa es vieja como Occidente. Se trata de la ley, clara e inequívoca, contra lo que debería ser la ley o lo que nos gustaría que fuera. La manifiesta de manera cristalina el ejecutivo catalán al decir que entiende y comprende, pero que hay lo que hay.

La mejor fuente para este dilema sigue siendo la Antígona de Sófocles. Enfrentada con Creonte, el rey de Tebas, que le impide enterrar el cuerpo de su hermano Polínicles, muerto en la guerra, y a quien Creonte considera un traidor de la patria, la heroína griega argumenta con rotundidad. Tu ley, Creonte, es válida como ley humana, pero se opone a la verdadera ley, la de los dioses, que exige honrar el cadáver de este guerrero y enterrarlo conforme a los ritos establecidos.

En Antígona la resolución es clara. Creonte, el rey que quiere imponer su voluntad humana sobre la justicia divina, es castigado de la manera más cruel con el suicidio de su hijo y de su mujer. Todo acaba bien, en el sentido en que ha de acabar bien una tragedia: los dioses siempre ganan.

En la Grecia antigua eso era posible porque se vivía conforme a una cosmología que lo aglutinaba todo y daba armonía a los contrarios. El mundo moderno no va por ahí. Como nos explican los filósofos contemporáneos la razón se ha escindido en una multitud de razones independientes, que tienen todas un sentido parcial, pero que no se entienden entre sí. El mundo contemporáneo fue desencantado (con Weber), y el Derecho, que es de lo que aquí hablamos, se entregó a su propia racionalidad formal. En otros términos: lo que fundamenta a las leyes es la manera burocráticamente correcta en que son emitidas. Esta concepción encontró en el positivismo un adecuado paradigma dominante. Es la ley, se aplica y punto.

El que esa lógica no corresponda con la lógica de justicia que, en el mejor de los casos, apoya la rebeldía ante los peajes, es perfectamente normal. Aunque esa lógica esté basada puramente en cálculos utilitaristas (individuales o colectivos), o incluso tenga unas difícilmente veladas resonancias nacionalistas, es una lógica de justicia, una lógica política (con p mayúscula), y por tanto distinta. La refleja bien el ejecutivo (catalán, pero estatal, porque el Estado es uno, otro de los principios del positivismo) cuando dice que entiende, insinúa que comparte, pero afirma que aplica. Sí, pero. Hay lo que hay.

Quizás exista un elemento que genera aún más desasosiego, y es que la fundamentación de la norma no se rija en su nivel profundo ni por la lógica política ni por la lógica jurídica, sino por una lógica económica, movida por intereses más o menos explícitos, y que en realidad se impone a todas las demás. Que eso es así, en este caso y en todos, tiene mucho que ver con la situación de disgusto, desconcierto y desmotivación ciudadana que nuestras democracias están sufriendo.

 Hay lo que hay.

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La profesión de profesor, también en crisis

¿Puede un profesor encontrarse en una situación de conflicto de intereses? ¿Cómo debe actuar al respecto? ¿Cuáles son los valores que guían su tarea docente e investigadora?

Estas preguntas me las suscitó una discusión que tuve hace poco sobre el documental Inside Job con mis alumnos de una asignatura de ética profesional. Uno de los aspectos más originales del laureado documental (ganó el Oscar en su categoría en 2010) es que no sólo desataca la dudosa deontología de banqueros, consultores, abogados,… sino también de los profesores universitarios, sobre todo de los que trabajan en los departamentos de Economía de algunas de las Universidades y Business Schools más importantes de Estados Unidos.

La idea de fondo que transmite el documental es clara: algunos de estos profesores prestan desde la academia apoyo teórico a intereses privados muy particulares, de los cuales obtienen una compensación directa. El caso más obvio de este conflicto de intereses es el de la publicación de informes y estudios cuyos resultados apoyan o legitiman las actuaciones de las instituciones privadas que han financiado esa investigación. A partir de ese problema tan específico, la reflexión puede remontar en generalidad y abstracción, alcanzando el núcleo duro del profesionalismo.

En efecto, dos características principales del concepto de profesión son la de servicio a un bien público y la de autonomía. En el caso del profesor, el bien público es evidentemente la educación (sea esta pública o privada, ese es otro tema), el servicio al cual debe estar orientado exclusivamente por criterios de corrección académica (si nos ponemos platónicos, la búsqueda de “la verdad”, o algo equivalente). La autonomía, por su parte, se manifiesta en el hecho de que el profesor es libre para escoger sus temas de investigación, la manera de llevarla a cabo y de presentar sus resultados, y por supuesto para transmitirlos por medio de clases o conferencias (ámbito este especialmente protegido por la libertad de cátedra); todo ello igualmente orientado por ese ideal de “verdad” al que me refería.

Pues bien, claro está que la problemática antes planteada ataca frontalmente a esas dos ideas esenciales del concepto mismo de profesión. El profesor que utiliza la plataforma académica para satisfacer intereses privados siendo compensado por ello, ni sirve ya honestamente al bien público, ni actúa con autonomía. Que en estas se encuentre la profesión desinteresada por excelencia, subraya el hecho de que nuestro mundo está sufriendo una profunda crisis de profesionalismo.

Vaya hombre, ¿otra crisis? No: es la misma.

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Ètica a la campanya electoral: un bon exemple.

La campanya electoral genera un bon nombre de crítiques de tot tipus dirigides als que són els seus protagonistes. Entre d’altres, crítiques de caire ètic, como la que ha provocat un controvertit vídeo de campanya del PSC, el qual mostra de manera força impactant la mort d’un pacient per a simbolitzar les retallades a la sanitat pública per tots conegudes. Res de nou, en realitat, doncs els exemples de vídeos que es passen de la ratlla, desqualificacions personals als mítings, i ús de fal·làcies a les declaracions, falques, debats, etc…, sovintegen des de fa ja temps a totes les campanyes electorals.

                Entre tot això, els professionals de la radiotelevisió catalana ens ofereixen un exemple de comportament professional molt honrós des d’una perspectiva deontològica. Davant l’assignació de temps prefixats per a la informació dels diferents partits durant la campanya (temps desiguals i amb ordre determinat en proporció als resultats dels partits en eleccions passades), els periodistes, abans de procedir a donar aquesta informació, expressen la seva disconformitat amb els criteris imposats, els quals no responen als criteris de rellevància informativa que haurien de regir la seva feina.

                D’aquesta manera, ens ofereixen un magnífic exemple pràctic de com afrontar un dels problemes clàssics en l’àmbit de la ètica professional: el d’haver d’acomplir amb normes imposades que es consideren injustes o amb les que s’està en desacord. Els periodistes saben fer servir el mitjà que les és propi i les eines del seu ofici per: 1) informar-nos sobre el contingut de la normativa, que d’altra manera el gran públic desconeixeria, 2) criticar-la per raons raonables, 3) fer públic, reforçant-t’ho, el criteri principal que hauria de guiar la selecció de notícies: la rellevància informativa, 4) despertar a l’oïdor un escepticisme intel·ligent davant la informació que sentirà, 5) i tot això acomplint la norma.

                En un moment que hauria de ser culminant en una democràcia, com ara el de la campanya, els professionals de l’ens públic català ens ofereixen un magnífic exemple de com els periodistes, adoptant un comportament valent des d’un punt de vista deontològic, poden transformar un problema i una imposició en una oportunitat d’informar de manera intel·ligent als ciutadans. Això és fer democràcia. Tant de bo tots els altres agents de la campanya mostressin el mateix compromís ètic.

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Criminals of the Upperworld

The «White Collar Crime»
Or How To Mock Society While Still Being Classy

Philadelphia,1939. On the occasion of the American Sociological Association’s annual meeting, sociologist Edwin H. Sutherland gives a Presidential Address, which far from being a sort of a remedy for contemporary etiological theories of crime -as ironically described by himself-, turns out to be a virulent accusation regarding the illegal behaviour of “those of respectability and high social status committing crime in the course of their occupation”. Thus was the expression ‘white collar crime’ first coined, in order to denounce the inner contradictions of the criminal justice system, as punitive law was being applied selectively and therefore the dark figure of crime was being perpetuated.

After ten years of further research into the phenomenon, Sutherland managed to publish an exhaustive monograph, The White Collar Crime (1949), in which devastating documentation was offered to prove how America’s 70 largest private companies and 15 public utility corporations had been responsible for the perpetration of crimes with insulting impunity. According to its theory, both social and personal pathologies such as poverty, broken homes and disturbed personalities were no more to be blamed as reasons for criminal misconduct, since old prevailing theories were backed by statistics based on slanted population samples. As a matter of fact, traditional hypothesis obviated that statistics were being doubly vitiated given that the upper classes were liable to avoid the reach of Justice due to powerful economic connections, and that the partiality of the Administration of Justice concerning laws being applied exclusively to business was negligent. Thereby, according to Sutherland, it might have been considerably difficult to both media owners and Government staff to be critical about these misdeeds, whereas they parallel attempted to keep their income level.

It goes without saying that Sutherland’s work produced great puzzlement within the American society of the middle third of the twentieth century. A brief wave of research into the topic was soon followed by a policy of disregard which came at the hand of a politically conservative climate that spread across the United States. Senator Joseph R. McCarthy’s ‘Witch-Hunt’ conveyed a message disseminating the idea that disagreement with capitalist orthodoxy, apart from being subversive and unpatriotic, represented a solid ground for professional excommunication. Massive rejection of the Vietnam War,  the emergence of the Civil Rights Movement and the Watergate scandal in the early 1970s led back to distrust concerning those holding the reins of power.

Sutherland’s contribution to the debate on the aetiology of crime intensified controversy due to the fact that the concept of corporate organizational-crime was germane to the idea of white-collar crime as then understood. Hence, it was emphasized the distinction between those criminologists in favour of the application of etiological theories to corporate criminal offences, and those who strongly disagreed. In contrast to the current jurisprudential practice in both the United States and Great Britain, the truth is that most of European and Asian countries have shown reluctant to companies being put on trial until recently, that the validity of the old Latin aphorism Societas Delinquere Non Potest has begun to crumble.

Even though Sutherland’s theory has been subsequently reconceptualised and now it remains almost as a mere historical benchmark, it is a truth generally acknowledged that his complaint is liable to reach beyond technical points and discussions on doctrinal criteria to become the cornerstone of some of today’s incandescent moral debates. Corruption, antitrust violations, fraud between financial institutions, bribery, embezzlement and tax fraud (leaning on indulgent tax systems) seem to be the order of the day at the present time. The widespread attention aroused by recent corporate scandals reflects the reinforcement of a public opinion demanding fair commercial practices. After all, Aristotle would say that the biggest crimes were caused rather by excess than out of necessity.

Iceland made lately his former Prime Minister become the first world leader to face criminal charges in relation to the global financial crisis. Whom are we demanding accountability?

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Una reflexión tras la muerte de Bin Laden

El lunes 2 de mayo de 2011, tropas de Estados Unidos mataron a Bin Laden en Pakistán. Alguno ha calificado lo ocurrido como asesinato. Otros deseaban que se le juzgara. Desde un ángulo jurídico, en caso de haber sido así, la primera pregunta sería: ¿dónde se le juzga?  No sólo los tribunales de Estados Unidos tendrían jurisdicción por los atentados del 11 de septiembre de 2011 y el anterior ataque a las Torres Gemelas. Kenya y Tanzania también podrían reclamarle por los ataques a las embajadas de Estados Unidos en su territorio. Hasta la Libia de Gadafi pediría juzgarle por haber matado a dos alemanes en 1994. Alguno podría pensar que para eso está el Tribunal Penal Internacional. Pero no se puede utilizar retroactivamente y siempre es supletorio a las jurisdicciones estatales. Además, no hay ningún orden o jerarquía que otorgue jurisdicción a unos antes que a otros.

Incluso si lo hubieran juzgado, ¿qué derecho se debería aplicar?  Más aún, ¿se le podría condenar a muerte?  El Derecho internacional no prohíbe la pena de muerte. Aunque muchos Estados la han eliminado de su catálogo de penas, los tribunales internacionales actuales no la aplican y hay ONG muy activas que defienden su ilicitud, la pena de muerte es una pena lícita.

El Tribunal Internacional de Justicia nunca ha condenado la pena de muerte, y los tres casos en que se ha juzgado a Estados Unidos por tener a extranjeros en el corredor de la muerte sin antes comunicar la detención a su consulado -de Paraguay, Alemania o México, según fuera el caso Breard (1998), de los hermanos Lagrand (2001) o de los más de 50 mexicanos encabezados por Avena (2004)-, ha dejado claro que “al proceder de esa manera, la Corte observa que las cuestiones que se le han planteado no se refieren al derecho de los Estados federales de los Estados Unidos a recurrir a aplicar la pena de muerte cuando se cometen los delitos más atroces”.

Dado que al final no se le ha juzgado, no se le ha podido ejecutar en cumplimiento de una sentencia que le condenara a muerte. No ha sido condenado por el crimen contra la humanidad que es el terrorismo, que él ha instigado a gran escala. Por ello, su muerte debe analizarse desde otro ángulo. El del derecho de guerra. Que es el que lleva desde los atentados de 2001 a esta operación militar en suelo de un Estado supuestamente aliado.

El 12 de septiembre del 2001, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas abría la puerta a que los Estados usaran la fuerza en legítima defensa en la Resolución 1.368, en la que también pide que todos los Estados colaboren para poner a disposición judicial a los autores, inspiradores o patrocinadores de aquel atentado. En el marco de la legítima defensa, el uso de la fuerza en esta operación ha sido muy limitado y preciso -comparado con un bombardeo con misiles, que era la alternativa-.

¿Se podía disparar contra Bin Laden? No se puede disparar contra los civiles. La imagen más popular de Bin Laden con una parka mimetizada y un kalashnikov, además de un turbante en la cabeza, aparenta un uniforme propio de un combatiente. Es decir, que no es un civil. Claro que si la operación era de madrugada, quizá estuviera durmiendo sin llevar el uniforme y fuera abatido en pijama. En última instancia, dado que la operación era el resultado de años de búsqueda, siendo el criminal más buscado de la Tierra, cabría entender que habría estado de necesidad. En aquella circunstancia no había otra opción.

 

Jordi Sellarés Serrá
Profesor de la Facultad de Derecho de Esade (URL)

Artículo publicado en “Cinco Dias” (06.06.2011)

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Strauss-Kahn i els indignats del 15M

L’actualitat de les darreres setmanes ha vingut marcada per aquestes dues notícies aparentment tan diverses. Les principals capçaleres de la premsa europea en donaven compte: El Frankfurter Allgemeine (20/05/2011) intitulava la seva portada amb un expressiu “Schuld und Bühne”, sobre una fotografia que mostrava la imatge del exdirector del FMI, al jutjat penal de NY, en el punt de mira d’una càmera de televisió. La combinació dels mots era prou eloqüent: culpa i teatre, o en altres paraules imputació i espectacle. És a dir, l’home públic, subjecte titular del dret fonamental a la presumpció d’innocència, escrutat inquisitivament pels focus de l’opinió pública mundial. Paral·lelament, en les mateixes dates, Le Monde (18/05/2011) adjudicava el protagonisme de la seva secció internacional al 15M:”Mobilisation naissante contre la crise en Spagne”, acompanyant-ho d’una fotografia -a l’estil de les ombres xineses- de les “reunions pacífiques” a Madrid i Barcelona reclamant més democràcia.

La lectura d’ambdues cròniques periodístiques m’ha traslladat, quasi com un acte reflex, a un text jurídic de referència històrica que abasta el conjunt del debat jurídic suscitat amb motiu de les dues notícies, aparentment –insisteixo- inconnexes. Es tracta d’un article de la Constitució escrita més antiga de la història, amb un vigència de més de dos segles:”Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances “. Efectivament, és l’esmena primera (Bill of Rights, 1791) de la Constitució dels Estats Units. A ella li va correspondre fixar, en seu constitucional real i no merament formal, per primer cop i de manera ininterrompuda els principis i valors essencials –formulats com a drets subjectius- del pensament liberal, embrió de les democràcies modernes occidentals. Mancava encara un segle i mig, i el patiment d’una segona guerra mundial, per tal que els Estats de l’Europa continental integressin en els seus sistemes constitucionals el contingut i les garanties necessàries per fer efectius els drets i les llibertats bàsiques dels sistemes democràtics plurals.

Aquests dies hem sentit, per part d’alguns sectors, dures crítiques al sistema jurídic nord-americà. Hem escoltat debats que parlaven de la injusta “pena de telediario” o de la devaluació del dret a la presumpció d’innocència als USA (vid. Bernard-Henri Lévy, El País, 29/05/2011). No hi ha dubte que aquests debats són tan interessants com vidriosos, però no seria rigorós ni just oblidar que els pilars de l’Estat de dret contemporani, entès com la garantia dels drets i les llibertats personals en front dels excessos del poder, deuen més el seu origen i llur estabilitat a l’experiència nord-americana que no pas en l’Europa hereva de la Revolució francesa (vid. Maurizio Fioravanti, Los derechos fundamentales). I tampoc podem ignorar que les principals decisions del Tribunal Suprem dels Estats Units sobre els drets de la first amendment han estat determinants per a la configuració de la justícia constitucional kelseniana europea, implantada amb posterioritat a la barbàries dels totalitarismes dels anys trenta del segle XX.

Precisament, sobre la importància de la distinció entre l’àmbit públic i el privat teoritzà la filòsofa Hannah Arendt (Los orígenes del totalitarismo), quan ens assenyalà que l’anorreament dels drets de la persona en els règims del terror sempre ha vingut precedit d’un discurs col·lectivista i a l’empara d’un presumpte interès públic que ha estat utilitzat per limitar i destruir progressivament l’àmbit privat.

Deixant de banda el sempre complex debat de la configuració en cada cultura jurídica del dret a la llibertat  d’expressió i els seus límits amb relació als drets de la personalitat, sí que podem utilitzar aquesta breu nota de reflexió per remarcar alguns dels principis decisius que actuen com a requisits de la qualitat democràtica dels nostres ordenaments:

En primer lloc, cada comunitat o Estat ha de ser capaç  de traçar nítidament els límits entre públic i privat. La justícia constitucional en aquest sentit té una funció especialment estratègica: ha de ser el suficientment lúcida per saber combinar en la seva doctrina  -des d’una posició d’auctoritas- la sensibilitat social majoritària en cada moment històric, amb els paràmetres –principis, drets i valors- constitucionals permanents i irrenunciables del sistema, del qual actua com a garant al servei de tots els ciutadans (majories) però sobretot de les minories. Als jutges constitucionals els correspon la complexa tasca d’equilibrar i ponderar la llibertat d’expressió (en sentit ampli: també entesa com a dret de reunió i manifestació), el dret a comunicar i rebre informació, en relació amb la protecció dels drets de la personalitat com a manifestació de la dignitat humana (intimitat, honor i la imatge pròpia, així com la protecció dels menors).

En segon lloc, la definició casuística del concepte  d’interès públic, sobretot a partir de les sentències dels més alts tribunals, ha  d’actuar com a pauta dels mitjans de comunicació per limitar, no únicament des de la perspectiva de deure legal sinó també i prioritàriament en l’esfera de l’ètica i la deontologia professional, quines són les línies vermelles de la privacitat i el respecte als drets de les persones que en cap cas no poden ser creuades. Internet i les xarxes socials, tot i respondre a lògiques de funcionament descentralitzades i fragmentàries, també haurien d’acollir progressivament aquestes pautes (la via de l’autocontrol o l’autoregulació són vies a explorar).

I en darrer terme, però no menys cabdal, els poders públics han d’assumir que l’esfera privada és essencialment de naturalesa particular i, per tant, lliure de les seves interferències, amb independència que determinades iniciatives executives o, inclús, legislatives tinguin per finalitat l’assoliment de valors tan lloables com pot ser el bé comú.

Tal com afirmava, des del seu exili a Califòrnia, el gran escriptor hongarès Sándor Márai (Diarios 1984-1989): “La llibertat pertany a l’esfera privada. No existeix la llibertat institucional”. En aquest sentit els Estats Units, amb independència que ens agradi més o menys el seu model, semblen tenir més nítidament definits els seus límits entre públic i privat. Certament aquests, a ulls de la cultura europea, poden semblar de vegades equivocats o fins i tot incomprensibles, però la qüestió, d’acord amb el seu criteri, resulta clara: en el cas d’DSK, per exemple, l’home públic respon també públicament de la seva privadesa; amb una cruesa agreujada perquè dels seus actes se’n deriva una imputació penal (set càrrecs criminals) que, amb independència del veredicte final, ja constitueix per si mateixa una realitat i no una mera presumpció. ¿Són més lliures o més justos els nord-americans?

Àlex Bas i Vilafranca

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Tsunamis financieros, valores sociales y derecho

Enric R. Bartlett Castellá, decano de la Facultad de Derecho de ESADE (URL), pronunció el pasado mes de febrero la conferencia titulada “Tsunamis financers, valors socials i dret”, dentro del ciclo de “Economía y Valores” organizado por la Revista Valors, la Fundació Bufí i Planas en el marco de Tecnocampus Mataró-Maresme.

En la conferencia presentó su opinión acerca de cómo después del gran tsunami financiero que se origina en 2008 con la caída de Lehman Brothers, los valores sociales subyacentes que lo hicieron posible (ánimo de lucro sin límite, competitividad como finalidad en si misma) no han cambiado. Sostuvo que la respuesta pública al tsunami de la crisis de la deuda soberana de finales de 2010, al dictado de las agencias de rating, corresponsables del primero corrobora la prevalencia de dichos valores. También hizo referencia al papel ejercido des del mundo del Derecho afirmando: “Se han hecho algunas cosas (limitaciones coyunturales en retribuciones variables en banca de inversión, exigencia de más capital a los bancos en el futuro,) pero en resumen son bien pocas, ya que el derecho es una herramienta que está condicionado por los valores sociales subyacentes, valores que los siguen marcando los causantes de la crisis” 

Video publicado en You Tube por la Revista Valores con motivo del ciclo de “Economía y Valores”

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