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Suiza y España refuerzan los mecanismos de intercambio de información tributaria

Suiza y España firmaron la pasada semana un nuevo protocolo que modifica el convenio para evitar la doble imposición firmado en 1966 y el protocolo de 2006 que introdujo por primea vez una cláusula de intercambio de información tributaria entre ambos países.

Este Protocolo entrará en vigor transcurrido un plazo de tres meses a partir de la fecha en que ambos Estados hayan ratificado el acuerdo y será de aplicación, con carácter general, sobre las cantidades pagadas o debidas a partir de dicha fecha y ejercicios fiscales que comiencen a partir de ese momento. Sin embargo, la nueva cláusula de intercambio de información resultará de aplicación inmediata a los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2010 y en relación a los impuestos exigibles por las cantidades pagadas o debidas desde esa fecha, una vez ratificado el Protocolo. Entretanto, continuará aplicándose la actual cláusula de intercambio de información tributaria en relación con los supuestos de evasión fiscal que hayan tenido lugar con posterioridad al 29 de junio de 2006.

Además de las modificaciones al texto del convenio, la novedad más destacada del Protocolo es la ampliación de los mecanismos de intercambio de información con la finalidad de facilitar a las autoridades fiscales españolas el acceso a información sobre los fondos detentados en Suiza por ciudadanos españoles. En este sentido, ambos Estados han acordado intercambiar información que pueda tener trascendencia tributaria o sea precisa para el control del adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes españoles con independencia de que el eventual incumplimiento de dichas obligaciones pueda tener o no la consideración de delito bajo la legislación española o suiza.

Con este nuevo marco institucional, las autoridades españolas tendrán acceso a información bancaria y contable acerca de los activos que sus ciudadanos mantengan en Suiza, así como la capacidad para identificar a los beneficiarios efectivos de cualquier tipo de transacción que los mismos puedan llevar a cabo en dicho país, mediante la remisión a las autoridades suizas de un requerimiento de información que contenga: a) la identidad de la persona objeto de inspección o investigación; b) las fechas respecto de las que se solicite la información; c) la información solicitada y la forma en que se desea recibir; d) la finalidad fiscal para la que se solicita la información; y e) en la medida en que se conozca, el nombre y el domicilio de toda persona en cuyo poder se crea que obra la información solicitada.

El Gobierno suizo se ha comprometido a utilizar los mecanismo de obtención de información previstos en su propia legislación para facilitar a las autoridades españolas la información requerida, incluso cuando dicha información carezca de trascendencia desde su perspectiva interna o cuando la misma esté en poder de bancos u otras instituciones financieras o de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria.

Ambos Estados han acordado, en todo caso, el criterio de “pertinencia previsible” con la finalidad establecer un intercambio de información en materia tributaria tan amplio como sea posible y, al mismo tiempo, aclarar que los Estados no tienen libertad para emprender búsquedas indefinidas de pruebas (“fishing expeditions”), ni para solicitar información de dudosa pertinencia respecto a la situación fiscal de un determinado contribuyente, al que debe garantizarse siempre un procedimiento justo, pero sin que ello sirva de excusa para impedir o retrasar indebidamente el proceso de intercambio de información.

Por ultimo, el Protocolo modifica el texto del convenio para adaptarlo las nuevas relaciones económicas y comerciales entre España y Suiza y a los últimos cambios en el modelo de convenio de la OCDE, incluyendo nuevas definiciones de “establecimiento permanente” y “empresas asociadas”.

En particular, se declaran exentos de retención los pagos por dividendos efectuados por las entidades participadas por una entidad del otro Estado en las que ésta posea al menos el 10% del capital (el 25% hasta ahora), así como los pagos de dividendos efectuados a favor de un fondo o plan de pensiones reconocido en el otro Estado, y se reduce el período de tenencia de las participaciones para gozar de esta exención, que pasa de dos años a un año.

El Protocolo introduce asimismo una importante modificación en relación a las ganancias derivadas de la transmisión de acciones o participaciones cuyo valor proceda en más de un 50%, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en el otro Estado, las cuales podrán someterse a imposición en ese otro Estado, salvo que dichos inmuebles estén afectos a la actividad económica de la sociedad o cuando se trate de acciones cotizadas en una Bolsa de Valores.

El Protocolo incluye, finalmente, una cláusula que prevé la posibilidad de acudir a arbitraje en los casos en los que las autoridades competentes de ambos Estados no alcancen un acuerdo sobre un procedimiento en un plazo de tres años.

Bruno Domínguez
Profesor de la Facultad de Derecho de ESADE y abogado de Baker & McKenzie

Artículo publicado en “Expansión”  (24.08.2011)

 

 

 

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Fondos y convenio entre España y Alemania

España ha sido y sigue siendo un destino natural de la mayoría de los fondos alemanes. Las compras en los últimos meses de activos tan emblemáticos como Diagonal 640 en Barcelona y el centro comercial de Ballonti en Bilbao por parte del fondo alemán Deka, o la sede de Caja Madrid en las Rozas por parte del fondo SEB, dan fe del alto interés que el mercado inmobiliario español genera en este tipo de inversores. Se trata de grupos que complementan muy bien el parque inversor nacional y que dan salida a productos de mayor volumen, aportando un importante grado de liquidez a nuestro mercado. Es de vital importancia, por ello, mantener un marco fiscal que facilite la entrada a este tipo de capitales y les permita operar con transparencia y eficiencia, tanto económica como impositiva.

En este sentido, España y Alemania han firmado un nuevo convenio, que sustituirá al anterior de 1966, para evitar la doble imposición, prevenir la evasión fiscal y, en definitiva, crear un marco legal adecuado para favorecer el intercambio comercial y el flujo de inversiones entre ambos países, facilitando la cooperación entre sus autoridades fiscales. Esta nueva medida entrará en vigor transcurrido un plazo de tres meses a partir de la fecha en que ambos estados hayan ratificado el acuerdo y se comuniquen el cumplimiento de los respectivos procedimientos internos establecidos al efecto.

Entre las disposiciones del convenio que hacen referencia a las inversiones inmobiliarias, la nueva redacción del artículo 13 (ganancias de capital) es similar a la que se incluye en los acuerdos cerrados con otros países inversores en el mercado inmobiliario español. Éste establece que para evitar el uso abusivo del convenio, las ganancias de capital que se originen como consecuencia de la venta de participaciones en sociedades cuyo activo esté compuesto al menos en un 50 por 100 por bienes inmuebles situados en España puedan ser sometidas a tributación en nuestro país, en lugar de aplicar la regla general de imposición solamente en el país de residencia del vendedor de las ganancias derivadas de la venta de acciones o participaciones en sociedades del otro país.

A pesar de haberse producido algunas informaciones contradictorias al respecto, se espera que el impacto de esta medida sobre la inversión alemana en el mercado inmobiliario español sea muy limitado. El propio convenio establece, en su artículo 22.2 (eliminación de la doble imposición), que, salvo que se admita un crédito por impuestos pagados en el extranjero, la renta que se someta a tributación en España no tributará en Alemania. En consecuencia, salvo en determinadas situaciones en las que el contribuyente alemán no pueda aplicar los créditos fiscales que se le reconozcan en Alemania por los impuestos pagados en España, la aplicación de esta nueva cláusula anti-abuso será neutral para el inversor alemán. Existe incluso la posibilidad de que en algunos casos, con la nueva norma, la tributación derivada de la venta de acciones o participaciones en compañías inmobiliarias sea más reducida que en la actualidad, al quedar ésta sometida a un tipo de gravamen del 19% en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes en España y exenta de tributación en su totalidad en Alemania.

Asimismo, con la intención de incentivar las relaciones comerciales entre ambos países y atraer la inversión extranjera, el nuevo convenio recorta significativamente las retenciones aplicables a las rentas procedentes del otro país. Por un lado, éstas se eliminan completamente para intereses y cánones, y por otro, se reduce al 5% la retención sobre los dividendos distribuidos por compañías en las que el accionista residente en el otro estado posea al menos el 10% del capital. Se mantiene, no obstante, la anterior retención del 15% para los dividendos distribuidos por sociedades de inversión inmobiliaria. Todo ello sin perjuicio de la exención de cualquier retención cuando resulte de aplicación la Directiva Matriz-Filial 90/435/CEE.

Bruno Domínguez
Profesor de la Facultad de Derecho de ESADE y abogado de Baker & McKenzie

Artículo publicado en “Expansión” (02.05.2011)

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Credit agencies and taxation without representation

The Financial Times Lex Column discusses on March 11 Moody’s decision to cut the Spanish sovereign debt rate (“Spain downgrade”). As the article points out, one of the consequences that such a decision implies is that “the cost of the capital required to put into the cajas will be commensurately higher”. This increase of borrowing costs will offset tax increases and savings in public services decided by governments and parliaments (Central and Regional’s) in Spain; taxes and savings that have direct effects on the citizen’s lives. Days before, we assisted to the Greece downgrade and today, March 16, to Portugal’s one.

On March 11 too, the economic affairs commissioner, Olli Rehn, and the commissioner in charge of financial services, Michel Barnier, said in a joint statement that “The last few days highlight once again how important (is) a more and better regulated environment for ratings,” (..)”Our services are now working as quickly as possible” on a package of reform proposals, “due before the end of the summer.”

I think that the ratings agencies’ decisions involve some political consequences that deserve some additional comments. This transfer of resources from taxpayers to bond investors seems to me a contemporary version of the classical “Taxation without representation”. As we know, in his negative version: “No taxation without representation” was the slogan originated in the 1750s and 1760s. It summarized an essential grievance of the British colonists in the American colonies that qualified as unconstitutional the laws taxing them approved in the distant Westminster’s Parliament. In the present case, no Parliament has approved the measure. A resolution adopted by a private enterprise on supposedly technical basis has produced such an effect.

As professors Costas Milas (Keele Management School, Keele University, Staffs, UK) and Theo Panagiotidis (Lecturer, University of Macedonia and Visiting Research Fellow, Hellenic Observatory, London School of Economics and Political Science, UK), highlighted in a letter to Editor in the same newspaper and day: Recent academic work published by the  International Journal of Finance and Economics suggests that the credit decisions made by the three main credit rating agencies (Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s and Fitch Ratings) are affected by the following economic factors: per capita gross domestic product, GDP growth rate, government deficit, public debt, amount of foreign exchange reserves and the country’s history of default. According to the research, the above economic factors explain up to 40 per cent of the decisions made by the credit rating agencies leaving the majority of their decisions unexplained (…)”

On other words: there’s a big slice of opacity in these decisions.

If shareholders in rating agencies can invest in the bond’s market and can get gains from downgrades, some questions could arise on the neutrality of their decisions. A financial system cannot run smoothly when a shadow of doubt darkens rating decisions. One thing is to kill the messenger and other let the messenger kill you. The case for a reform in depth of rating agencies is urgent. The sooner, the better.

 
Dr. Enric R.Bartlett Castellà
ESADE Law School (URL).

Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL On amending Regulation (EC) No 1060/2009 on credit rating agencies.COM (2010) 289

 Seguimiento interinstitucional del documento COM (2010) 289

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