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Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: aspectos relacionados con la contratación pública

El pasado 2 de junio de 2011 se publicó, en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Esta Ley contiene varias referencias -directas e indirectas- a aspectos relacionados con la contratación pública.

En el Preámbulo de la Ley, y remitiéndose al Título I de la Ley, se establece que la Estrategia Española de Innovación deberá contemplar también la necesidad de impulsar la contratación pública destinada a fortalecer la demanda de productos innovadores.

Asimismo, en el Título III de la Ley, dedicado a regular el fomento y la cooperación como elementos para el impulso de la investigación científica y técnica, se prevé la posibilidad de llevar a cabo convenios de colaboración que permitan la realización conjunta de proyectos y actuaciones de investigación, desarrollo e innovación, de creación o financiación de centros, de financiación de proyectos singulares, de formación del personal, de divulgación, y de uso compartido de inmuebles, instalaciones y medios materiales. Como dispone el apartado 3 del artículo 34 de la Ley de referencia, “el objeto de estos convenios no podrá coincidir con el de ninguno de los contratos regulados en la legislación sobre contratos del sector público”.

En el capítulo II del Título III se recoge, en cuanto a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad investigadora, que los contratos de sociedad, de colaboración para la valorización y transferencia de resultados, y de prestación de servicios de investigación y de asistencia técnica, estarán sujetos al derecho privado (artículo 36). Ello significa que este tipo de contratos se podrán adjudicar de forma directa. No obstante, en cuanto a los contratos de servicios de investigación y de asistencia técnica con entidades públicas y privadas, cuando el receptor de los servicios sea una entidad del sector público sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), ésta deberá ajustarse a las prescripciones de la citada ley para la celebración del correspondiente contrato.

Por otro lado, en el Capítulo I del Título IV, se señala que se impulsará la contratación pública de actividades innovadoras con el fin de alinear la oferta tecnológica privada y la demanda pública, a través de actuaciones en cooperación con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, de acuerdo con lo señalado por la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible. En este sentido, los Departamentos Ministeriales competentes aprobarán y harán público un plan que detalle su política de compra innovadora y precomercial. Todo ello como eje prioritario del Plan Estatal de Innovación (art. 44).

Destaca también la adición de un último párrafo al artículo 82 de la Ley 6/2001, que establece que las Universidades Públicas tendrán la consideración de Organismo Público de Investigación, a los efectos previstos en el párrafo q) del artículo 4 de la LCSP.

No obstante, la modificación más importante, desde el punto de vista de la contratación pública, es la operada mediante la Disposición final quinta de la nueva Ley, que modifica el apartado 3 del artículo 31 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Este nuevo apartado prevé que cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la LCSP para el contrato menor, el beneficiario deba solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación o en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

La presente Ley entrará en vigor, con carácter general, a los seis meses de su publicación, esto es, el 2 de diciembre de 2011.

Barcelona, 17 de junio de 2011

Alfonso Arroyo
Profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de ESADE y Abogado

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