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Una reflexión tras la muerte de Bin Laden

El lunes 2 de mayo de 2011, tropas de Estados Unidos mataron a Bin Laden en Pakistán. Alguno ha calificado lo ocurrido como asesinato. Otros deseaban que se le juzgara. Desde un ángulo jurídico, en caso de haber sido así, la primera pregunta sería: ¿dónde se le juzga?  No sólo los tribunales de Estados Unidos tendrían jurisdicción por los atentados del 11 de septiembre de 2011 y el anterior ataque a las Torres Gemelas. Kenya y Tanzania también podrían reclamarle por los ataques a las embajadas de Estados Unidos en su territorio. Hasta la Libia de Gadafi pediría juzgarle por haber matado a dos alemanes en 1994. Alguno podría pensar que para eso está el Tribunal Penal Internacional. Pero no se puede utilizar retroactivamente y siempre es supletorio a las jurisdicciones estatales. Además, no hay ningún orden o jerarquía que otorgue jurisdicción a unos antes que a otros.

Incluso si lo hubieran juzgado, ¿qué derecho se debería aplicar?  Más aún, ¿se le podría condenar a muerte?  El Derecho internacional no prohíbe la pena de muerte. Aunque muchos Estados la han eliminado de su catálogo de penas, los tribunales internacionales actuales no la aplican y hay ONG muy activas que defienden su ilicitud, la pena de muerte es una pena lícita.

El Tribunal Internacional de Justicia nunca ha condenado la pena de muerte, y los tres casos en que se ha juzgado a Estados Unidos por tener a extranjeros en el corredor de la muerte sin antes comunicar la detención a su consulado -de Paraguay, Alemania o México, según fuera el caso Breard (1998), de los hermanos Lagrand (2001) o de los más de 50 mexicanos encabezados por Avena (2004)-, ha dejado claro que “al proceder de esa manera, la Corte observa que las cuestiones que se le han planteado no se refieren al derecho de los Estados federales de los Estados Unidos a recurrir a aplicar la pena de muerte cuando se cometen los delitos más atroces”.

Dado que al final no se le ha juzgado, no se le ha podido ejecutar en cumplimiento de una sentencia que le condenara a muerte. No ha sido condenado por el crimen contra la humanidad que es el terrorismo, que él ha instigado a gran escala. Por ello, su muerte debe analizarse desde otro ángulo. El del derecho de guerra. Que es el que lleva desde los atentados de 2001 a esta operación militar en suelo de un Estado supuestamente aliado.

El 12 de septiembre del 2001, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas abría la puerta a que los Estados usaran la fuerza en legítima defensa en la Resolución 1.368, en la que también pide que todos los Estados colaboren para poner a disposición judicial a los autores, inspiradores o patrocinadores de aquel atentado. En el marco de la legítima defensa, el uso de la fuerza en esta operación ha sido muy limitado y preciso -comparado con un bombardeo con misiles, que era la alternativa-.

¿Se podía disparar contra Bin Laden? No se puede disparar contra los civiles. La imagen más popular de Bin Laden con una parka mimetizada y un kalashnikov, además de un turbante en la cabeza, aparenta un uniforme propio de un combatiente. Es decir, que no es un civil. Claro que si la operación era de madrugada, quizá estuviera durmiendo sin llevar el uniforme y fuera abatido en pijama. En última instancia, dado que la operación era el resultado de años de búsqueda, siendo el criminal más buscado de la Tierra, cabría entender que habría estado de necesidad. En aquella circunstancia no había otra opción.

 

Jordi Sellarés Serrá
Profesor de la Facultad de Derecho de Esade (URL)

Artículo publicado en “Cinco Dias” (06.06.2011)

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