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Sobre la LEY 37/2011, DE 10 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL: Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Se ha publicado, en el Boletín Oficial del Estado núm. 245, de fecha 11 de octubre de 2011, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal. El objeto de la misma no es otro que el de incorporar determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil, penal y contencioso administrativo. En cuanto al orden contencioso-administrativo, debemos destacar, entre otras, las siguientes modificaciones, operadas en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

1. En relación con la competencia territorial de los Juzgados y Tribunales Superiores de Justicia, se modifica el apartado 1, regla segunda, del artículo 14, ampliándose las materias recogidas en la misma y añadiéndose la de la responsabilidad patrimonial como supuesto habilitante para que el demandante pueda elegir entre el Juzgado o Tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o el del lugar donde se halle la sede del órgano autor del acto impugnado. Cuando el recurso tenga por objeto actos de la Administración de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales, la elección se deberá limitar a la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia donde tenga la sede el órgano autor del acto.

2. En cuanto a la prueba, se modifica el artículo 60 de la LJCA, en virtud del cual, en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias se deberán expresar, mediante otrosí, los puntos de hecho sobre los que habrá de versar la prueba y los medios de prueba que se propongan, eliminándose el actual trámite de proposición. El plazo para practicarla se mantiene en 30 días.

3. En cuanto a la regulación del procedimiento abreviado, se modifica el artículo 78 de la LJCA y se eleva de 13.000 a 30.000 € la cuantía de los asuntos que se resolverán por los trámites del mismo. Además, se añade un nuevo párrafo al apartado 3 del citado artículo, previéndose la posibilidad de evitar la celebración de vista en aquellos recursos en los que el actor no pida ni recibimiento a prueba ni vista y la Administración demandada no solicite la celebración de la misma. En ese caso la Administración tendrá veinte días para contestar la demanda. En caso de que la Administración quiera solicitar la celebración de vista, lo deberá hacer dentro de los diez primeros días del plazo para contestar demanda.

4. Mediante la modificación del artículo 81.1.a) de la LJCA se eleva el límite para acceder al recurso de apelación, pasando de 18.000 a 30.000 €.

5. En cuanto al acceso al recurso de casación, se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 86 de la LJCA y se eleva la cuantía, pasando de 150.000 a 600.000 €.

6. También se modifica el apartado 3 del artículo 96 de la LJCA, en virtud del cual se eleva el límite de la cuantía litigiosa para acceder al recurso de casación para la unificación de doctrina hasta 30.000 €, cuando con la redacción anterior se fijaba en 18.000 €.

7. Mediante la modificación del artículo 99.2 de la LJCA, se eleva de 18.000 a 30.000 € el límite cuantitativo para interponer recurso de casación para la unificación de doctrina de las Sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia cuando exista infracción de las normas emanadas de la Comunidad Autónoma.

8. Respecto a la solicitud de medidas cautelarísimas, se modifica el artículo 135 de la LJCA y, como se avanza en el preámbulo, se prevé que el juez pueda apreciar la urgencia y adoptar o denegar la medida cautelar, o bien no apreciar la urgencia y decidir tramitar conforme al artículo 131 de la LJCA.

9. En cuanto a las costas procesales, se modifica el apartado 1 del artículo 139 de la LJCA, estableciéndose el criterio del vencimiento, en virtud del cual el órgano jurisdiccional impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el mismo aprecie y razone serias dudas de hecho o de derecho.

Cuando exista estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a excepción de que el órgano jurisdiccional las imponga a una de ellas por apreciar temeridad o mala fe.

En cuanto a la entrada en vigor de la Ley, se prevé que se produzca el día 31 de octubre de 2011. Los procesos que estuvieran en trámite en el momento de la entrada en vigor se regirán, hasta que recaiga sentencia, por la normativa anterior.

Barcelona, 17 de octubre de 2011

Alfonso Arroyo Díez
Abogado y Profesor de Derecho Administrativo Facultad de

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