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Foro IP & IT: “Patent box”

El “patent box” es un incentivo fiscal creado en el año 2007 mediante la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, con el objetivo final de impulsar el desarrollo científico y tecnológico del sector empresarial. Al “patent box” se dedicó la última sesión del Foro IP & IT, con una ponencia a cargo de Jaime Seguí.

El “patent box” consiste, esencialmente, en una reducción en el 50% de los ingresos procedentes de la cesión de intangibles. Dicha reducción se articula mediante un ajuste (negativo permanente) en la base imponible del impuesto, siempre que se cumplan una serie de requisitos recogidos en el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

La lista de activos a los que cabe aplicar la reducción es una lista cerrada, en la que se incluyen las patentes, los dibujos o modelos, los planos, las fórmulas o procedimientos secretos y el know-how. En el caso de este último elemento, que suele ser el más difícil de delimitar, la Dirección General de Tributos normalmente cita la doctrina del Tribunal Supremo recogida en sus Sentencias de 30 de mayo de 2002 [RJ 2002\6428], 19 de diciembre de 2002 [RJ 2003\1968] y 25 de febrero de 2002 [RJ 2000\1052].

Por otra parte, quedan excluidos la asistencia técnica, el alquiler de equipos comerciales, industriales o científicos, los derechos de propiedad intelectual (incluido el software) y los derechos de marca.

A continuación se recogen las referencias de consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos citadas durante la sesión y señaladas como relevantes por el ponente:

  • Consulta vinculante núm. 1299/2008 de 19 junio (V-1299-08): JUR 2008\306023
  • Consulta vinculante núm. 24/2009 de 12 enero (V-0024-09): JT 2009\378
  • Consulta vinculante núm. 252/2009 de 12 febrero (V-0252-09): JUR 2009\153424
  • Consulta vinculante núm. 578/2009 de 24 marzo (V-0578-09): JUR 2009\183754
  • Consulta vinculante núm. 579/2009 de 24 marzo (V-0579-09): JUR 2009\183759
  • Consulta vinculante núm. 787/2009 de 14 abril (V-0787-09): JUR 2009\265652
  • Consulta vinculante núm. 2100/2009 de 22 septiembre (V-2100-09): JUR 2009\442007
  • Consulta vinculante núm. 1112/2010 de 25 mayo (V-1112-10): JUR 2010\201529
  • Consulta vinculante núm. 2066/2010 de 17 septiembre (V-2066-10): JUR 2010\390195
  • Consulta vinculante núm. 2188/2010 de 1 octubre (V-2188-10): JT 2010\1288 
  • Consulta vinculante núm. 2245/2010 de 19 octubre (V-2245-10): JUR 2010\400884
  • Consulta vinculante núm. 829/2011 de 31 marzo (V-0829-11): JT 2011\770
  • Consulta vinculante núm. 830/2011 de 31 marzo (V-0830-11): JT 2011\771
  • Consulta vinculante núm. 933/2012 de 27 abril (V-0933-12): JT 2012\596
  • Consulta vinculante núm. 1881/2012 de 28 septiembre (V-1881-12): JUR 2012\349494

 

Ana Benetó Santa Cruz

 

 

 

 

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Presuntos culpables: la doble cara de la presunción de inocencia

En su conferencia celebrada el pasado 25 de enero en el contexto del Legal Research Seminar de nuestra facultad de Derecho, el profesor Jordi Ferrer (UdG) realizó una brillante deconstrucción dogmática del principio de presunción de inocencia en el Derecho penal español. Conclusión: la presunción de inocencia es, en realidad, menos de lo que creemos que es. Hinchada en la retórica jurisprudencial y en el imaginario jurídico-popular, un análisis minucioso y sistemático de su verdadero alcance práctico demuestra que en el Derecho español actual la presunción de inocencia se reduce a una regla de trato por parte del tribunal frente al acusado, y aun esta no absoluta, pues es compatible (por ejemplo) con la existencia de la prisión preventiva, una figura que de alguna manera presupone la culpabilidad.

Lo curioso, y aquí está la doble cara a la que me refiero, es que estos días estamos oyendo mucho la expresión “presunción de inocencia”, en relación con la desmoralizante y vergonzosa retahíla de casos de corrupción política con la que nos desayunamos día sí y día también. Ahí el principio lo alegan figuras públicas, generalmente políticos, en su propia defensa, o en la de sus compañeros o subordinados.

El subterfugio es burdo. La presunción de inocencia jurídica es una cosa, y una cosa además bien concreta, como quedó reflejado en la conferencia del profesor Ferrer. La presunción de inocencia política es otra. Se utiliza el mismo término para hablar de cosas distintas. Pongo el ejemplo más obvio. Un cargo público acusado y absuelto porque en el juicio se utilizaron pruebas obtenidas ilícitamente cuyo carácter inculpatorio es vox populi es y debe ser inocente jurídicamente, pero ni es ni debe ser inocente políticamente.

Pues bien, lo más paradójico del tema es que cuando resulta que en el ámbito estrictamente jurisdiccional (que es su ámbito natural) la presunción de inocencia tiene como digo un contenido mínimo y muy reducido, de la presunción de inocencia política se nos pide sin embargo que la concibamos de forma maximalista y poco menos que absoluta. Así, cuando aceptamos con naturalidad que a cualquier acusado de un delito se le pueda imponer la prisión preventiva, se nos pide que mientras a un cargo público acusado de corrupción no lo veamos entre rejas le permitamos que siga funcionando como si tal cosa presumiendo que siempre fue inocente.

Eso no tiene mucho sentido. Y menos aún aquí y ahora. Cualquier persona mínimamente informada que haya vivido en este país durante los años del llamado milagro económico español (a.k.a. burbuja inmobiliaria), sabe lo que ha pasado. A grandes rasgos, lo sabe. Yo, usted, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares y amigos. Lo hemos comentado en el café y en la sobremesa cientos de veces. Por eso es normal que cuando al magma de corrupción por el que estamos invadidos se le ponen nombres y apellidos lo primero que haga la ciudadanía es aplicar una presunción de culpabilidad. Lo siento, pero es normal. Cualquiera lo entiende. Y no pasa nada, siempre que eso no contamine a la presunción de inocencia jurisdiccional (que, recordémoslo, se configura en el Derecho español con un contenido mínimo y muy reducido).

Igual que la presunción de inocencia (jurisdiccional) se puede romper, la presunción de culpabilidad (política) se debe poder romper también. Confiando en que unos medios de comunicación rigurosos y una ciudadanía responsable sabrán valorar, juzgar y, en su caso, reponer en el crédito a quien se haya visto manchado por la sospecha. Pero pedirnos obviar esa sospecha está ya fuera de lugar. Si no, entre tantos amigos y familiares, a muchos se nos va a quedar cara de primos.

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La crisi i els «advocats d’ofici»

No és cap secret que la crisi econòmica que travessem afecta molts sectors i, per tant, també l’advocacia i, d’una manera especial, els coneguts com «advocats d’ofici».

Amb la finalitat de conèixer una part dels problemes que afecten aquest col·lectiu, facilito l’enllaç d’una entrevista que 8tv va fer el 22.10.11 al Sr. Miquel Puiggalí i Torrentó, advocat, coordinador del Torn d’Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta del Consell de l’Advocacia Catalana, i professor de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut (TOAD), Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) i Responsabilitat Social de l’Advocat en el Màster Universitari en Advocacia d’ESADE.

Aquesta entrevista pot servir per acostar-nos una mica més a la realitat d’aquests advocats que, fora dels circuits del dret econòmic i de l’empresa, són els encarregats de defensar les persones que no tenen recursos econòmics suficients i que, per això, se’ls ha reconegut el dret a la justícia gratuïta.

Si voleu opinar sobre la qüestió, utilitzarem aquella expressió que tan es repeteix en el jutjats: “Audiència pública!”.

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Cuestión de confianza

En la actual situación económica, cuántas veces hemos oído frases como ésta: “la confianza es el pilar de la economía”, “cuando se pierde la confianza la crisis es inevitable”…

Pues en el ejercicio profesional sucede algo similar, ya que la relación entre un abogado y su cliente sólo funciona si está presidida por la confianza.

Bien es cierto que existen relaciones profesionales impuestas, es decir, en las que el cliente no ha elegido al abogado ni viceversa, como sucede, por ejemplo, en los asuntos del turno de oficio y en los casos defendidos por abogados de compañías aseguradoras (verbigracia, accidentes de circulación, siniestros en el hogar, etc.). Pero en esos casos, o puede aplicarse aquél dicho de que «el roce hace el cariño» y se acaba generando una relación normalizada de confianza, o puede convertirse en una fuente de conflictos: clientes que acaban dejando al abogado de la aseguradora y eligen a otro de designación particular porque piensan que el de la compañía no protege debidamente sus intereses sino los del «seguro», o clientes que cosen a denuncias al pobre abogado de oficio ante su colegio profesional, la inmensa mayoría de las cuales suelen terminar en un archivo por motivarlas una importante carga subjetiva denominada desconfianza, aunque sin ninguna base real.

¿Cómo se genera esa confianza?. La respuesta es muy compleja y la dejaremos para los formadores en management for lawyers que se impartirá en el Máster Universitario en Abogacía de ESADE-URL, pero seguramente tiene que ver con la comunicación y con la transparencia, es decir, con la credibilidad.

El cliente busca en nosotros, no sólo un servicio jurídico de calidad (naturalmente, partimos del principio de que somos capaces de dárselo), sino confianza y credibilidad. Ésa es la clave. Si el cliente percibe que le ofrecemos confianza y credibilidad el resultado de nuestro servicio jurídico probablemente pasará a un segundo plano. Un cliente puede comprender que un asunto culmine de manera desfavorable y, sin embargo, quedar satisfecho con el trabajo realizado por su abogado, porque ha recibido de él lo que buscaba: confianza y credibilidad. Porque ha percibido que ha trabajado en su asunto tanto como le ha sido posible poniendo todo su entusiasmo, empeño y persistencia en ello. Porque se muestra realista y le ha advertido de los riesgos y de las consecuencias de sus decisiones. Porque ha sido accesible a sus consultas. Porque le atiende sin demoras. Porque la comunicación con el mismo ha sido puntual, constante, fluida, coherente, sincera, fiable y sin prisas. Porque tiene un despacho organizado y no le hacen perder el tiempo. Porque es capaz de restablecer las situaciones que sus posibles errores hayan podido originar. Porque la minuta ha sido suficientemente explicada. Y porque, en definitiva, ha interiorizado que el resultado no dependía de él pero él ha puesto todos los medios para el triunfo[1].

¿Alguna opinión o aportación al respecto?.


[1] Vid. “La organización profesional básica del Abogado”, módulo 6 sobre marketing del despacho, escrito por Xavier Felip Arroyo junto con Blas Jesús Imbroda y Carlos Ais, publicado por la Mutualidad de la Abogacía Española.

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El descanso que entrena

En el mundo del deporte, y ahora que estamos en temporada olímpica viene al caso, es conocida la máxima de que «el descanso forma parte del entreno» o, como he leído recientemente, aunque la frase no es nueva, «el entreno cansa y el descanso entrena».

Esto significa que la musculatura necesita asimilar adecuadamente las rutinas del entreno para poder obtener un rendimiento más eficaz. O, dicho de una manera más técnica, con el entrenamiento se rompen fibras musculares y se agota el glucógeno, la fosfocreatina y otros componentes básicos y, cuando se descansa, las fibras se regeneran y se recargan tales substancias.

Imitemos, pues, a los sabios deportistas, y hagamos un descanso estival para poder seguir con ese entreno constante y continuado (léase formación) para el ejercicio de la abogacía, que reemprenderemos a partir de septiembre. Eso sí, que la pausa sea activa, intelectualmente activa, no vaya a ser que el «descanso que entrena» se alargue más de la cuenta y nos convierta en perezosos desentrenados☺.

¡Felices vacaciones y hasta la vuelta!

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El Porsche y los ciclistas

Hace unos días tuve una entrevista con el comercial de una prestigiosa editorial jurídica que me expuso, con magistral profesionalidad, las bondades del programa informático cuya adquisición pretendía para los participantes en el Máster Universitario en Abogacía de ESADE-URL (en adelante MUA).

Realmente era difícil rechazar su ofrecimiento, no sólo por las excelentes prestaciones del producto, sino también por su calidad, contrastada incluso por mi mismo en otros ámbitos. En definitiva, me ofrecía un “Porsche” de las ediciones jurídicas. Pero ahí, justamente, había el escollo para aceptar su propuesta.

Agradeciéndole su bien intencionada oferta, le expliqué por qué el MUA no era un cliente adecuado para tan avanzado producto. De momento, le dije, estamos ocupados aprendiendo a pedalear y a mantener el equilibrio encima de una simple bicicleta, para que todo nos ocurra de forma lenta y natural, y que no perdamos ningún detalle del paisaje.

La expresión atónita de su rostro me dio a entender que, o bien albergaba dudas sobre la lucidez de su interlocutor, o bien no relacionaba la aparición en la conversación de unos jóvenes estudiantes de máster montados en velocípedos. Con la intención de aclararlo le formulé la siguiente pregunta: ¿estaríamos de acuerdo en que, para poder utilizar una calculadora, antes debemos saber sumar, restar, multiplicar y dividir de forma manual?. En ese momento se recuperó de su desconcierto y convinimos en una respuesta afirmativa valorando que, de no ser así, la fascinación por la tecnología entraña el peligro de adormecer la necesidad de asimilar lo esencial como si fuera innato.

Por la misma razón, continué, es preciso que los abogados en formación vayan adquiriendo su propia experiencia de forma ordenada, progresiva y en el tempo adecuado. Queden pues las herramientas sofisticadas que facilitan la vida a los profesionales, para los profesionales, pero no distraigan ni distorsionen el proceso formativo de los noveles.

Sólo con el esfuerzo propio, orientado a resolver las situaciones, se adquiere experiencia, entendida ésta no como la mera repetición de una actividad durante un período dilatado de tiempo, sino como la capacidad de analizar los propios errores, de sacar conclusiones de ello y, en consecuencia, de reorientar la acción fallida.

He aquí el punto de partida para un debate al que estáis todos invitados: ¿qué papel deben jugar las tecnologías de la información, incluso los formularios, en el proceso formativo de quienes pretenden adquirir las competencias necesarias para iniciarse en la abogacía?.

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El BOE de 7 de julio de 2012 publica la modificación de la Ley de Acceso

Finalmente, hoy 7 de julio de 2012 se ha publicado en el BOE la modificación de la Ley de Acceso. No hay ningún cambio respecto de lo que en las últimas fechas hemos ido informando.

Encontraréis la modificación en la DF 4ª de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Podéis consultarla pinchando aquí.

¿Será casualidad que coincida con el “chupinazo” de San Fermín?.

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El Congreso aprueba las enmiendas del Senado a la Ley de Acceso

Ahora sí que ya parece definitivo: en la sesión de ayer día 28 de junio de 2012, el Congreso de los Diputados aprobó, por 316 votos a favor y 3 abstenciones, las enmiendas que introdujo el Senado a la Ley de Acceso.

Puede consultarse el texto en este enlace  (sólo hay las páginas de interés y el texto no relevante a estos efectos está tachado en rojo).

Quedamos a la espera de la publicación en el BOE.

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El Senado mantiene las enmiendas a la Ley de Acceso

El 26 de junio de 2012 se publicaron las enmiendas del Senado al Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, manteniendo las enmiendas que el Congreso de los Diputados introdujo a la Ley de Acceso.

Puede consultarse el texto en este enlace

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Proyecto de ley modificando la Ley de Acceso

En un post de 5 de junio de 2012 dábamos cuenta del texto remitido al Senado para la aprobación del proyecto de ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles (que proviene del RDL 5/2012), y que también modificaba la Ley de Acceso.

Pues bien, en este enlace se puede consultar el proyecto de ley aprobado por la Comisión con competencia legislativa plena, publicado hoy en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. La DF 4ª es la que atañe a la modificación de la Ley de Acceso y su texto no ha sufrido variación.

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