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Incertidumbre en torno a la regulación de los contratos de distribución

El 2 de marzo, último día para que el Gobierno comunicara en el Congreso la admisión a trámite de la Proposición de Ley reguladora de los Contratos de Distribución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista el 13 de diciembre de 2011, el Ministro de Industria, Energía y Turismo anunció que el Gobierno no sacará adelante dicha ley.

A pesar de no contar con datos para los dos últimos años, según la información que maneja el INE la “distribución” en sentido amplio contribuye al PIB español en un 27%, supone más de 250.000 millones de euros y da empleo a más de tres millones de personas de forma directa. Asimismo, el tejido empresarial vinculado a la distribución se compone de aproximadamente 900.000 entidades.

En la última sesión del Foro IP & IT, Javier Fontcuberta abordó, precisamente, el tema de los contratos de distribución, cuestión que se encuentra en una verdadera encrucijada en cuanto a su regulación jurídica. La presentación se centró sobre todo en algunos puntos conflictivos de estos contratos como la indemnización por clientela.

Por una parte, al analizar los últimos veinte años de jurisprudencia del Tribunal Supremo podemos concluir que, a grandes rasgos, se ha evolucionado desde un escenario inicial en el que claramente la jurisprudencia era proclive a otorgar esta compensación (basándose en distintas tesis, como la analogía iuris, la analogía legis, el artículo 1.258 CC o las remuneraciones post-contractuales, entre otras) hasta un escenario en el que: (1) el reconocimiento de la compensación por clientela es claramente más restrictivo, debiendo el distribuidor acreditar la generación de la clientela, el hecho de que la misma vaya a seguir generando efectos positivos para el principal y que sea equitativamente procedente; y (2) en casos en los que exista un pacto contractual de exclusión de la compensación por clientela existe la seguridad de que el principal no tendrá que otorgarla.

En cuanto al contexto legislativo, en los últimos meses nos hemos encontrado ante una disyuntiva representada, por una parte, por la previsión incluida en la Disposición Adicional 1ª de la Ley 12/1992 y, por otra, por la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en diciembre de 2011.

La previsión incluida en la Disposición Adicional 1ª de la Ley 12/1992, en la que se establece un régimen jurídico aplicable a la distribución de vehículos automóviles, es fruto de una iniciativa popular impulsada por FACONAUTO en el año 2007. Esta norma se suspendió a mediados de 2011, suspenso sujeto a dos condiciones: (1) la adopción de un acuerdo sectorial entre los fabricantes de vehículos automóviles y los distribuidores, y (2) la presentación de una propuesta de ley en un plazo máximo de 6 meses.

La propuesta de ley fue presentada por el anterior gobierno, aunque debido a la disolución de las Cortes no se completó su tramitación parlamentaria. Sin embargo, el 13 de diciembre de 2011 el Grupo Parlamentario Socialista presentó exactamente la misma propuesta legislativa, publicada el 27 de diciembre siguiente en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados.

Por lo que se refiere a la compensación por clientela, esta proposición de ley establece su carácter excepcional y, en consecuencia, su procedencia únicamente en aquellos supuestos en que exista un aumento sustancial de los clientes efectuado por parte del distribuidor, pueda acreditarse por parte del distribuidor que el principal va a poder seguir beneficiándose de la cartera de clientes que se ha aumentado y resulte equitativamente procedente (vinculando este último requisito con la existencia de un pacto de no competencia post-contractual).

Ante esta situación, el nuevo gobierno se ha encontrado con varias opciones: no admitir a trámite esta proposición de ley, presentar un nuevo texto, admitir la proposición a trámite y que se avance en la tramitación parlamentaria de la norma o, incluso, desactivar la suspensión sobre la norma contenida en la Disposición Adicional 1ª de la Ley 12/1992. En vista del anuncio realizado por el Ministro de Industria, Energía y Turismo el pasado 2 de marzo, parece que el Gobierno, de momento, se ha decantado por la primera de ellas.

Nos encontramos de nuevo, por tanto, ante una situación de incertidumbre en cuanto a la regulación de este tipo de contratos. Las reacciones, principalmente desde el sector del automóvil y en la línea de insistir en la necesidad de contar con una regulación para los contratos de distribución, no se han hecho esperar. Como bien se subrayó durante la sesión, la cuestión no es baladí, teniendo en cuenta los datos manejados por el INE a los que nos hemos referido.

Ana Benetó Santa Cruz

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