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La desesperación de los “autores” sigue sin encontrar remedio

Hace escaso un mes nuestros medios de comunicación se han hecho eco de una noticia tan comentada como poco explicada: la desestimación de la demanda interpuesta por una serie de empresas discográficas contra Pablo Soto, desarrollador y explotador de programas peer-to-peer o P2P (sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Madrid, de 25 de noviembre de 2011).

De hecho, no han sido pocas las voces que, tras conocerse la noticia, se han alzado para recibir con agrado lo que consideran una sentencia que acaba con los monopolísticos derechos de las discográficas; o , todo lo contrario, para criticarla por permitir que el Sr. Soto saliese impune de tan evidente infracción.

No obstante lo anterior, como es habitual, difícilmente puede comprenderse la exoneración del Sr. Soto si no se atienden las razones que han conducido a ello, si únicamente nos guiamos por la sesgada información que partidarios y detractores de los derechos de autor muestran para sustentar sus propias opiniones.

La piedra angular del proceso iniciado contra Pablo Soto, y que entraña la clave de la resolución adoptada por el Juzgado, reside en el tipo programa creado y comercializado (o puesto a disposición del público) por Pablo Soto: un programa peer-to-peer o P2P.

Este tipo de programa, en resumen, permite a sus usuarios intercambiar directamente entre ellos todo tipo de archivos. La clave reside, pues, en que este tipo de programa no almacena, reproduce ni distribuye material alguno. Dicho contenido es ofrecido por sus usuarios, quienes en sus ordenadores introducen en una determinada carpeta el material que desean compartir, sin intermediarios, con otros usuarios. En este sentido se pronunció también, el 24 de febrero de 2011, la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª).

Esta razón, y no otra, es la que ha llevado al Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Madrid a desestimar la demanda interpuesta contra Pablo Soto, por considerar que los programas P2P desarrollados cumplen una función técnica totalmente neutra.

Siendo ello así, y teniendo en cuenta el marco legal actual, no sólo parece justa, sino también ajustada a Derecho, la decisión de dicho Juzgado. ¿Podemos hacer responsable al Sr. Soto, quien aunque lucrándose por ello, se ha limitado a permitir que terceros entren en contacto, de las infracciones cometidas por éstos?

La respuesta negativa por seguro no contentará a quienes, impotentes, observan la actual sangría de los derechos de autor; pero la respuesta positiva no sólo no garantizaría su protección, sino que además resultaría desproporcionada y dudosa a los ojos del Derecho (aunque no imposible, como la experiencia ha demostrado).

La desesperación que sufren productoras, discográficas y autores es evidente. Valga como ejemplo la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sala tercera), de 24 noviembre de 2011, motivada por el intento, entre otros, de la sociedad belga de autores, compositores y editores de obligar a un proveedor de servicio a internet (como lo serían Jazztel, Vodafone, Ono o Telefónica, entre otros) a controlar los datos que sus clientes intercambiaban mediante los programas P2P, para impedirles o bloquearles el envío o recepción de archivos que reprodujesen una obra musical sin autorización de sus titulares.

Los expuestos procesos nos llevan a preguntarnos: ¿todo vale? Quien suscribe estas líneas coincide plenamente en la necesidad de salvaguardar los derechos de autor; pero la desesperación ante la situación actual no puede llevarnos a que justos paguen por pecadores.

¿Haremos responsable a los proveedores de servicios de correo electrónico por los contenidos que sus usuarios incluyan? ¿Obligaremos a “correos” a comprobar el contenido de los paquetes? ¿Haremos responsables a los fabricantes de armas por el inadecuado o ilegal uso que se haga de las mismas?

Estas y otras preguntas, aunque muestran situaciones bien distintas, únicamente pretenden que se reflexione hasta dónde estamos dispuestos a forzar conceptos como la causalidad y la responsabilidad en la protección de determinados intereses; algo que, de bien seguro, no limitará sus repercusiones al estricto ámbito en el que inicialmente lo apliquemos.

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