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Seminario permanente de Derechos Humanos A. Marzal

Continuación)

La Mesa del lunes 12 de marzo se denominó “La Solidaridad interesada. La Solidaridad condicionada. La Solidaridad limitada” y contó con la participación del Sr. D. Miguel Marín Cózar, Director del Área de Economía y Políticas Públicas de la Fundación FAES y del Dr. D. Tulio Rosembuj, catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Barcelona (UB). La reflexión giró esta vez, en la ponencia del Sr Marín, sobre cómo puede condicionarse la efectividad de la Solidaridad al cumplimiento de determinadas cargas en aras de un interés superior. Y, centrándose en la Solidaridad contemplada a nivel estatal en el marco del Estado del Bienestar, apuntó que el debate es esencialmente político, de modelo de Estado del Bienestar que se escoja, de donde se tomarán los criterios de equidad y justicia. Ello no obstante, hay que ser conscientes que la Solidaridad siempre es coyuntural o contingente y que por tanto es difícil establecer criterios inamovibles: no existe un criterio de equidad financiera incuestionable que valga para todas las circunstancias. Por su parte, el Sr. Rosembuj abordó el tema de la Solidaridad como desafío intelectual, que no puede prescindir del contexto en el que nos estamos moviendo: la globalización como proceso de interconexión a todos los niveles. Hizo hincapié en la importancia que adquiere la persona y sus responsabilidades en el terreno de la justicia, en el mundo de la globalización. Porque, a su juicio, no estamos en el plano de la Solidaridad, sino en el de la Justicia, que nos obliga a actuar si queremos un mundo vivible. Asimismo puso de manifiesto que estamos en una época de grandes transformaciones en la que la Soberanía de los Estados es cada vez menor, de ahí que hoy no podamos hablar en términos de relación Estado con Estados, sino en términos de relación individuo con individuos y Comunidad con Comunidades. Se ha avanzado en el cosmopolitismo y urgen soluciones que aúnen lo global con lo local para poder gestionar la globalización. Por ello hoy se impone un nuevo léxico, el de la gobernanza. Algo está cambiando. La globalización no es una construcción teórica: hay principios integrados que se están aplicando y que afectan a la lucha contra los paraísos fiscales, que prácticamente han desaparecido; existe el crecimiento verde y actividades y prácticas de buen gobierno. El poder de dirección en el G 20 y en la UE, a través del Soft Law, derecho informal y oficioso, viene creando estándares comunes de obligado cumplimiento. Asimismo, remarcó que debemos reflexionar sobre el contenido de la justicia. I aludió a John Rawls y a su justicia como equidad, que considera que podemos defender la desigualdad solo cuando se trata de ayudar a los más necesitados respecto de los cuales hay un deber entre Estados, y a la Escuela Cosmopolita del Derecho que considera que la estructura global está en cada ser humano como unidad moral básica y que, por tanto, el individualismo es una perversión. Hoy estamos viviendo una crisis sistémica financiera, medioambiental, social. Esto supera el tema de los Estados y los modelos de Estado del Bienestar. Hay que ir a otros planteamientos y entrar a abordar todos estos temas desde la teoría de la complejidad y la arquitectura en red, con las transformaciones que ello conlleva. No hay mayor solidaridad que la del impuesto y se pueden obtener nuevos recursos a partir de los riesgos sistémicos como indicadores contributivos. Así, hay que regular el sistema financiero a nivel global y apostar por un impulso solidario de justicia distributiva. En consecuencia, hay que poner en marcha fórmulas de reparto que graven los beneficios de las grandes empresas transnacionales, la Tasa Tobin (ya se ha hablado de ello en el Parlamento europeo y se ha aprobado en Alemania) sobre transacciones financieras, impuestos sobre las emisiones de CO2 como se ha hecho en Australia, etc. Y se mostró optimista ante las posibilidades de salida de la crisis que facilita la globalización.
Finalmente, la Mesa del jueves 15 de marzo llevó por título “La Solidaridad entre los pueblos” y en ella participaron el Dr. D. Jordi Sellarés, profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de ESADE (URL) y la Sra. Dª. Salomé Adroher, profesora de derecho Internacional privado de la Universidad Pontificia de Comillas, Directora general de Servicios para la Infancia y la Familia en el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. El Sr. Sellarés hizo en su ponencia un repaso a la evolución que ha tenido en los últimas décadas el Derecho Internacional Público, haciendo hincapié en el derecho a la intervención o injerencia humanitaria que se ha venido abriendo paso en estos últimos tiempos y que supone hacer entrar en crisis los principios de soberanía de los Estados y de no intervención en sus asuntos internos, planteando las problemáticas y riesgos que ello conlleva. Por su parte, la Sr. Adroher se centró en la Solidaridad y cooperación en los desplazamientos internacionales de menores, y más en concreto, tras unas consideraciones previas, analizó los pormenores de la adopción internacional, señalando que la adopción no es un derecho de los adoptantes sino un derecho del niño a tener una familia y que la adopción internacional debe ser concebida como solución subsidiaria en aquellos casos en los que no sea posible encontrar para el niño una familia adoptiva de su propio país y entorno cultural. Asimismo valoró la cooperación internacional como la mejor solución para hacer frente a la sustracción internacional de menores, finalizando su exposición con unas consideraciones finales: a) Los desplazamientos internacionales de menores como realidad creciente; b) Importancia de que en estos desplazamientos se garantice el interés superior del menor; c) La cooperación internacional convencional como mejor fórmula de garantizar dicho interés y ejercitar la auténtica solidaridad entre Estados.
El Decano de la Facultad de Derecho, Dr. Enric R. Bartlett, dio la palabra al Sr. Ignacio Astarloa quien en representación del Sr. Zarzalejos declaró, tras unas breves palabras, clausurada la sesión del Seminario de este curso, congratulándose de que se vaya consolidando como foro de debate y confrontación de ideas, siendo ello muy importante en un Estado que se precie de democrático.

Mª Dolors Oller Sala
Coordinadora del Seminario de DDHH

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Seminario permanente de Derechos Humanos A. Marzal

Auspiciado por la Facultad de Derecho de ESADE (URL) y la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), los días 5, 8, 12 y 15 de marzo han tenido lugar las distintas Mesas con presentación de ponencias en el marco de la XVIII Sesión del Seminario Permanente de Derechos Humanos-Antonio Marzal (curso 2011-2012), que ha llevado por título “La Solidaridad, Aspiración y Derecho”, y ha contado con unos 60 alumnos inscritos. Como ha venido siendo tradicional en las anteriores ediciones, se han combinado las aproximaciones filosófica, económica y jurídica, conscientes que aunque el Derecho es una herramienta esencial para el desarrollo humano, ni es la única ni puede aplicarse con éxito ignorando a otras. En las dos sesiones anteriores del Seminario se habían analizado las que fueron grandes conquistas del s. XIX, la Libertad, y del s. XX, la Igualdad. En esta ocasión se ha completado con la Solidaridad esa tríada de derechos cuya efectividad tiende a garantizar el pleno desarrollo de la dignidad humana.
El Seminario fue inaugurado el martes 5 de marzo en ESADEFORUM por el Director del Seminario de Derechos Humanos y Decano de la Facultad de Derecho de ESADE, Dr. D. Enric R. Bartlett Castellà, quien también actuó de moderador de las 4 Mesas para la reflexión y el debate, y contó con la presencia del Sr. D. Javier Zarzalejos, Secretario General de la Fundación FAES. A cada Mesa siguió un coloquio de los ponentes con el alumnado asistente.
La 1ª de las Mesas tuvo lugar el mismo martes 5 de marzo y trató sobre la “Solidaridad: Aspiración humana, afirmación jurídica”. En ella participaron el Dr. D. Agustín una Serrano, catedrático de Derecho Civil, profesor de la Facultad de Derecho de ESADE (URL) y el Dr. D. Francisco Fernández Segado, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. La reflexión se centró en contemplar la Solidaridad primero desde la perspectiva de la Filosofía del Derecho, haciéndose hincapié en su importancia para la cohesión social, pues posibilita la integración de los diferentes intereses de las personas. El Dr. Luna hizo caer en la cuenta de que al ser un concepto jurídico indeterminado es muy fácilmente manipulable, pero que a pesar de ello no hay que renunciar a formularlo con cierta precisión. En este sentido apostó por una idea de Solidaridad basada en el dar para recibir, que puede ser sostenida tanto en Derecho Privado como en Derecho Público. Por su parte, el Dr. Fernández Segado después de realizar una aproximación al concepto de Solidaridad y a su devenir histórico, se centró en el análisis del principio de Solidaridad en la Constitución española de 1978, abordando con precisión sus características y alcance desde la perspectiva del Derecho Público. Así, tras aludir a la recepción constitucional de dicho principio, se centró en el alcance de la solidaridad interterritorial (su carácter polisémico y su recepción como principio general de organización por el art. 2 CE, su contenido fundamentalmente económico aunque sin descartar que desborde este ámbito), finalizando con la interpretación en sede constitucional del principio de Solidaridad.
La Mesa del jueves 8 de marzo llevó por título “La organización de la Solidaridad”. En ella participaron el Dr. D. Josep F. Mària, jesuita, profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales de ESADE y del Instituto de Innovación Social de ESADE (URL) y la Sra. Dª. Ana Iribar, Presidenta de la Fundación Gregorio Ordoñez. Sus respectivas intervenciones se centraron, la del Sr. Mària en cómo organizar la solidaridad internacional en tiempos de globalización, para lo cual empezó su disertación partiendo de la base que organizar no está libre de valores, actitudes y responsabilidades. Definió seguidamente la Solidaridad según el planteamiento de un sociólogo y filósofo del Derecho, B.S. Santos, quien aboga por contemplar la solidaridad como reconocimiento o solidaridad como emancipación, lo que implica el reconocer al otro como sujeto, elevándolo del estatus de objeto al de actor. Por lo tanto, implica en primer término, no una regulación del problema técnico sino reconocer a la gente sin poder como sujetos y ayudarles a ser más protagonistas de su futuro. Seguidamente aludió a la necesidad de implicar en la organización de la solidaridad a todos los actores, pues no hay un actor clave; así, hay que implicar a las Administraciones Públicas, a la Sociedad civil y a las ONGs, a las Empresas privadas y a las cooperativas. Cada actor tiene una responsabilidad inalienable en esta organización de la solidaridad que habrá que articularse en cuanto a responsabilidades. Asimismo hizo hincapié en la necesidad de desarrollar un proceso de comunicación entre actores para llegar a soluciones en que cada organización satisfaga las necesidades de sus ciudadanos/clientes/usuarios y contribuya a que las demás organizaciones satisfagan las suyas. Finalizó su intervención con las actitudes fundamentales en procesos de articulación de responsabilidades, a saber: reconocer al otro como igual, compartir al máximo el abanico de necesidades de mi organización y mirar a la vez dentro y fuera de mi organización. En cuanto a la ponencia de la Sra. Iribar, realizada en un tono muy personal, se centró en su vivencia en calidad de víctima del terrorismo en el País Vasco que no ha sentido la solidaridad de sus conciudadanos hacia as víctimas y lo duro que ello puede ser. Llamó la atención de los presentes sobre la necesidad, en defensa de las libertades democráticas, de saberse posicionar éticamente frente al terrorismo. (Continuará)

Mª Dolors Oller Sala
Coordinadora del Seminario de DDHH

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Legalitat i legitimitat

Aquestes darreres setmanes hem assistit a accions de denúncia i sensibilització de l’opinió pública amb relació a una pràctica legal contra els drets humans, indigna de qualsevol estat que es proclami Estat de Dret: la situació que es viu als centres d’internament per a estrangers (CIES). Entitats veïnals, el moviment social contra el racisme i la xenofòbia, una àmplia gamma d’ONG, sindicats i diversos partits han denunciat persistentment, des de la seva creació per la primera Llei d’estrangeria (1985), tant la seva existència com la vulneració de drets en el seu funcionament, conscients que al darrere de tot això s’oculten drames personals i familiars i molt patiment.
L’arrel del problema està en la mateixa Llei d’estrangeria, que permet l’internament preventiu i sistemàtic de persones en situació administrativa irregular. Però és també la pròpia Llei, corroborada per sentències del TC, com la 115/1987, la que especifica que l’internament en un CIE ha de ser una mesura excepcional, per a casos molt concrets, i reconeix altres vies d’actuació, com ara pagar una multa. Ara bé, l’internament s’ha convertit en la pràctica habitual, de manera que en l’obsessió pel control i expulsió de persones migrades el Govern de l’Estat espanyol està infringint la seva llei.
Cal tenir en compte que la privació de llibertat és el major exercici repressiu admès en una societat democràtica i, per tant, ha de ser exercit des de la més absoluta garantia dels drets fonamentals. En cap cas és admissible que les persones privades de llibertat per una falta administrativa no tinguin, com a mínim, les mateixes garanties per a la protecció dels seus drets de què gaudeixen els presos amb condemna. Però el cas és que aquests centres s’han convertit en presons encobertes i ha hagut d’haver-hi dues morts, una en el CIE d’Aluche (Madrid) i una altra en el CIE de la Zona Franca de Barcelona, perquè aquesta cruel situació hagi arribat a l’opinió pública. Fins i tot, des del diari El Periódico de Catalunya s’ha engegat una campanya de recollida de signatures per demanar al Ministeri de l’Interior que acabi amb aquests llimbs legals en què es troben aquests centres, i és la primera vegada que un mitjà espanyol utilitza aquest sistema de mobilització popular.
La situació que es viu en els CIE no ens pot deixar indiferents, perquè han esdevingut espais d’impunitat contraris als valors democràtics més elementals; molts dels internats, a més, han anat a raure allí després de batudes realitzades per la policia, que els ha detingut pels seus perfils ètnics a fi de ser identificats. Per tant, a l’inici de la detenció hi ha un tracte discriminatori per part de la policia que vulnera el valor de la igualtat, un dels valors superiors del nostre ordenament jurídic, que vertebra el nostre sistema democràtic. La nacionalitat, única circumstància que diferencia els immigrants dels espanyols, no pot generar una tan intensa diferència de tracte que trenqui el dit valor. Hi ha qui ha titllat aquestes situacions de “racisme institucionalitzat”, perquè de ben segur que no s’admetria un tracte semblant referit als ciutadans nacionals.
Per altra banda, la situació de les persones deixades en llibertat després dels seixanta dies de retenció que permet la llei és molt greu. Recuperen el seu dret a la llibertat, però amb un ordre d’expulsió pendent que els impedeix qualsevol possibilitat d’aconseguir papers o una feina amb contracte. Se’ls condemna, doncs, a l’exclusió social, produint-se el contrasentit que els CIE, creats per controlar, també generen situacions d’irregularitat dins un sistema que se suposa creat per combatre-les.
A més de dos anys de la reforma de la Llei d’estrangeria, no s’ha aprovat encara el reglament preceptiu, indispensable per a garantir els drets humans dels internats i acabar amb l’arbitrarietat de la seva gestió, i s’ha consolidat un model molt repressiu, exclusivament policial, cosa que provoca una acusada tendència a privilegiar les mesures de seguretat i el control policial del centre.
Aquestes setmanes ha estat present en l’opinió pública el debat sobre el compliment de la legalitat als CIE. És evident que l’Estat de Dret no es pot aturar a les seves portes. El fenomen immigratori ha de ser regulat i ordenat des del respecte rigorós als principis constitucionals i a l’ordenament jurídic que ha d’inspirar-se en aquests principis. En aquest sentit, és esperançador el que digué fa pocs dies el ministre de Justícia sobre prompta regulació d’aquest reglament que posarà fi a aquest buit legal. També cal, però, revifar el debat sobre la seva legitimitat. Perquè la gran pregunta pendent continua sent si han d’existir. Dit en altres paraules, té legitimitat l’estat -en aquest cas l’Estat espanyol- per a prendre la decisió d’expulsar, tenint en compte l’art. 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans de les NU, que consagra el dret a la lliure circulació de les persones? Els països poden tenir el dret a decidir quantes persones de fora necessiten en funció solament de les seves necessitats econòmiques? Fins a quin punt pot exigir uns requisits determinats, en funció dels seus interessos, per l’admissió d’una persona? No és aquesta una utilització instrumental de la persona contrària a la dignitat humana i als drets que li són inherents?
Mª Dolors Oller Sala
Professora del Departament de Dret Públic de la facultat de Dret d’ESADE (URL)
Membre de Cristianisme i Justícia
Vocal de la Junta de Govern de Justícia i pau de Barcelona

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El dia internacional de la pau

El 21 de setembre es celebra “El dia Internacional de la Pau”, que enguany, en la seva trentena edició, s’ha dedicat a la importància de la democràcia per aconseguir la Pau, doncs juga un paper fonamental en la consecució del respecte als drets humans, a la vegada que proporciona canals adequats per a resoldre pacíficament les diferencies. “El dia internacional de la Pau” va ser proclamat el 1981 per l’Assemblea General de les NN.UU, amb l’ intenció que coincidís amb l’obertura del període ordinari de sessions de l’Assemblea, el tercer dimarts de setembre da cada any. I el 2001 l’Assemblea General va aprovar per unanimitat declarar el 21 de setembre com a dia anual de cessació del foc i de la no violència, dia que s’empra també en realitzar activitats d’educació i conscienciació de l’opinió publica respecte a assumptes relacionats amb la pau, be tan preuat i tan poc assolit en el nostre món.
Aquest dia dedicat a enfortir els ideals de Pau en cada nació i entre cadascuna d’elles i que simbòlicament vol aconseguir la cessació de tota lluita m’ha fet pensar en l’acció pacificadora de les Assemblees de Pau i Treva de Déu, moviment social impulsat al segle XI per l’Església i pels pagesos com a resposta a les violències perpetrades pels nobles feudals. La seva importància és gran: es poden considerar l’origen de les Corts Catalanes medievals i van ajudar notablement a la pacificació dels diferents països, limitant les lluites entre la noblesa feudal. L’Abat Oliba en va ser un ferm impulsor. Concretament, l’any 1022 Oliba, acompanyat pel bisbe Berenguer de Gurb, proposà la Treva de Déu en un sínode celebrat a Elne. La proposta fou proclamada per Oliba l’any 1027 i ratificada en una assemblea que tingué lloc a Toluges. La Pau de Déu establia el dret de refugi que l’església oferia dins del temple i a les sagreres, mentre que la Treva de Déu prohibia les accions bèl•liques durant un temps determinat. Inicialment la Treva de Déu s’iniciava dissabte el vespre fins al final de diumenge. La Pau i la Treva de Déu varen anar ampliant-se en diferents sínodes com els de Vic de 1030 i 1033, en aquest últim, presidit per Oliba, s’estengué la prohibició de les accions bèl•liques de dijous fins a diumenge, i la protecció emparava els pagesos i els seus domicilis, sota pena d’excomunió.
Aquesta ha estat la història de les nostres terres europees. ¿Per què no podem pensar que quelcom similar pot agafar volada a nivell internacional en ple segle XXI? Potser ens podrà semblar una ingenuïtat, però la història ha avançat gràcies també a somnis que s’han pogut fer realitat. No podem deixar de somiar en una humanitat reconciliada!
Avui, l’augment de la violència i dels conflictes en diverses parts del món fa que cada cop tingui més importància la reflexió i l’acció per a construir i enfortir una cultura de la pau en les nostres societats, sovint tan amarades de violència. El més greu problema de la humanitat es que la violència s’ ha erigit en un mètode usual de resolució dels conflictes i per aconseguir qualsevol reivindicació. En altres paraules, s’ ha transformat en mitjà de poder. Així mateix, assistim a una exaltació de la violència com a forma de vida, consum cultural i d’oci.
L’essència de la violència es l’ intent de resoldre el conflicte destruint l’ adversari, és a dir, eliminant allò que crea el problema. La violència i la guerra retroalimenten la espiral de violència al generar més odi i destrucció. Però hi ha altres possibilitats alternatives per a resoldre els problemes de forma pacífica i desactivar els conflictes transformant-los en motors de progrés i desenvolupament.
Moltes vegades sentim parlar de la necessitat de construir in nou ordre mundial mes just, alternatiu a l’actual, que fomenti la Pau. Però per a que això sigui possible son necessàries unes societats que donin suport al foment de la Pau i a la resolució pacífica dels conflictes. Per això ens urgeix fer passes des de la cultura de la violència vers la cultura de la Pau com a base d’una convivència justa i humana. Les estratègies de prevenció de conflictes haurien d’ocupar un lloc central en el fer d’organitzacions com les NN.UU, i també estar presents cada cop més en la política i les relacions entre els diferents estats. De la mateixa manera, caldria esmerçar esforços en la construcció d’una Pau positiva, més enllà de l’absència de conflictes armats, garant d’uns mínims existencials per a tots i del respecte als drets humans, amb la qual cosa el món guanyaria en seguretat. Però si no comencem per nosaltres mateixos i per mirar el món d’una altra manera, no arribarem gaire lluny.
La no-violència és el veritable fonament de la vida comunitària i el mitjà més adequat per a la resolució dels conflictes. Eduquem per la Pau: és la millor inversió!
Mª Dolors Oller i Sala
Professora de Dret Públic d’ESADE

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SEMINARIO PERMANENTE DE DDHH A. MARZAL

Auspiciado por la Facultad de Derecho de ESADE (URL) y la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), los días 5, 7, 11 y 12 de abril han tenido lugar las distintas Mesas con presentación de ponencias en el marco de la XVII Sesión del Seminario Permanente de Derechos Humanos-Antonio Marzal (curso 2010-2011), que ha llevado por título “La igualdad, Aspiración y Derecho”, y ha contado con unos 70 alumnos inscritos. Como ha venido siendo tradicional en las anteriores ediciones, se han combinado las aproximaciones filosófica, económica y jurídica, conscientes que aunque el Derecho es una herramienta esencial para el desarrollo humano, ni es la única ni puede aplicarse con éxito ignorando a otras. El Seminario fue inaugurado por la Directora General de ESADE, Dra. Dª Eugenia Bieto Caubet el martes 5 de abril en ESADEFORUM, actuando de moderador de las 4 Mesas para la reflexión y el debate el Director del Seminario de Derechos Humanos y Decano de la Facultad de Derecho de ESADE, Dr. D. Enric R. Bartlett Castellà. A cada Mesa siguió un coloquio de los ponentes con el alumnado asistente.
La 1ª de las Mesas tuvo lugar el mismo martes 5 de abril y trató sobre la “Igualdad: Aspiración humana, afirmación jurídica, dificultades económicas”. En ella participaron el Dr. D. Ricardo García Manrique, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona y el Sr. D. Mauricio Rojas Mullor, director de la Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación (EPIC) de la Comunidad de Madrid, ex diputado en el Parlamento sueco. La reflexión se centró en contemplar la Igualdad y la Libertad como dos valores en tensión dialéctica. En realidad, cuando entran en conflicto de lo que se trata es de la desigualdad en la distribución de la libertad, lo que nos remite a un tema relacionado con la Justicia, puesto que el ejercicio de la libertad se ve dificultada para quienes no ocupan una posición de hegemonía social en el contexto de que se trate. En suma, hay factores socio-económicos que dificultan la igual libertad referida a algo que se considere particularmente valioso para la ciudadanía. Es entonces cuando puede ser necesaria la intervención del Estado en garantía de una mayor igualdad y cohesión social. Ahora bien, la libertad, en nuestros contextos democráticos, es un bien muy preciado, de ahí que habrá que respetar los proyectos vitales personales, restringiendo a lo necesario la intervención de los poderes públicos. Asimismo, se valoraron las distintas respuestas que históricamente se han dado alrededor de este importante tema: respuesta liberal, respuesta colectivista, y el pacto social-liberal que dio origen al Estado del Bienestar como forma de Estado más eficaz y equitativa, con mayores cotas de Justicia. También se tuvieron en cuenta los distintos modelos de Estado del Bienestar y se constató el hecho de que Estado y Sociedad han devenido hoy cooperadores necesarios para afrontar los retos que tenemos planteados.
La Mesa del jueves 7 de abril llevó por título “Instrumentos jurídicos públicos al servicio de la igualdad: la redistribución de rentas”. En ella participaron el Sr. D. Gabriel Elorriaga Pisarik, inspector financiero y tributario del Estado, diputado a Cortes, Secretario de Estado de Administraciones Territoriales (2000-2004), y el Sr. D. Heribert Padrol Munté, inspector financiero y tributario del Estado (excedente) ex diputado a Cortes y abogado. Sus respectivas intervenciones se centraron en quién es el sujeto político que debe definir de manera básica los criterios de solidaridad que se adopten en un Estado políticamente descentralizado, como es el Estado español. Los ponentes, desde sus diferentes posicionamientos, analizaron en qué términos se plantea hoy el debate sobre la soberanía fiscal. Asimismo, en el marco de una crisis económica global como la que vivimos, y partiendo de un contexto de restricciones presupuestarias, se abordaron varios temas como la compaginación de la igualdad de trato tributario y el principio de progresividad o la igualdad ante las cargas públicas cuando el gasto público está territorializado y unos territorios transfieren recursos a otros.
La Mesa del lunes 11 de abril se denominó “Luchas de siglos por la igualdad: algunas protagonistas”, y contó con la participación del Sr. D. Pedro Aguilera Cortés, licenciado en Ciencias Políticas, representante ante la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI) y de la Dra. Dª. Paloma Durán Lalaguna, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. La reflexión giró esta vez en primer lugar sobre qué tipo de políticas públicas para tratar la diversidad son más provechosas para la integración de minorías como los gitanos. El Sr. Aguilera, después de hacer una breve panorámica histórica de las distintas migraciones del pueblo romaní desde que partió del Punjab (India), allá por el s. X, en busca de mejores condiciones de vida, hasta que se asentaron en la vieja Europa (en España, a partir de 1425), abordó las discriminaciones y persecuciones a las que se han visto sometidas y que encontraron su punto culminante en el porrajmos o genocidio perpetrado por los nazis contra el pueblo gitano. Apostó por un modelo de integración, no de asimilación cultural, por el goce de una múltiple identidad y por un avance en planteamientos de interculturalidad una vez se han garantizado unos mínimos imprescindibles para poder vivir con dignidad. Puso de manifiesto que cuando una joven llega a estudios superiores es cuando se visualiza y materializa el cambio que se ha venido operando y que el trabajo con la mujer es fundamental en una cultura cuyo soporte principal es la familia. La clave está, pues, en la educación. En este sentido, valoró muy positivamente la apuesta por la educación de todos llevada a cabo en España desde 1975, lo que la sitúa en buena posición respecto a otros países europeos y finalizó su intervención mostrando su preocupación por recientes actuaciones discriminatorias contra los gitanos acaecidas en Italia o Francia. Por su parte la Sra. Durán centró su exposición en las políticas de igualdad para las mujeres y se mostró muy crítica con algunas regulaciones (por ej. la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o el Anteproyecto de Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, actualmente en curso). Su exposición se centró en preguntarse cuál era la mejor vía para hacer progresar en igualdad a las mujeres, la de impulsar políticas públicas que ayuden a la aplicación eficaz de las normas ya existentes o la de crear derechos a través de disposiciones normativas nuevas, muy prolijas, tal como se ha venido haciendo estos últimos años. El tema no es baladí puesto que además de tener este último proceder consecuencias negativas para la igualdad, optar por una vía u otra incide en el modelo de sociedad puesto que se configura o una sociedad de cariz liberal, con la menor regulación posible que coarte la libertad individual, o una sociedad con un fuerte intervencionismo estatal y, por ende, con menoscabo de dicha libertad individualmente considerada.
Finalmente, la Mesa del martes 12 de abril llevó por título “Los juristas y la igualdad” y en ella participaron el Dr. D. Sergio Llebaría Samper, catedrático de Derecho Civil, Facultad de Derecho de ESADE (URL) de Barcelona y el Dr. D. Benigno Pendás García, letrado de las Cortes, catedrático de Ciencia Política en la Universidad CEU-San Pablo de Madrid. El Dr. Llebaría reflexionó acerca de en qué medida la pluralidad de Ordenamientos Jurídicos civiles en España puede atentar contra el principio de igualdad consagrado en la Constitución española de 1978. Habida cuenta que, de acuerdo con la citada Constitución, el poder político se descentraliza territorialmente en nacionalidades y regiones que adoptan la forma organizativa de Comunidades Autónomas, existen diferencias socio-culturales que legitiman la diferencia jurídica en materia de Derecho Civil sin que ello suponga discriminación alguna ni una quiebra del principio de unidad, que no ha de ser visto nunca como uniformidad del Ordenamiento Jurídico, puesto que ello implicaría la negación de la otra cara de la unidad que es el principio de autonomía, como reiteradamente ha manifestado el TC. Mayor interés presenta, a juicio del ponente, considerar los “desajustes” que en el ámbito del Derecho Civil pueden producirse entre los Derechos civiles territoriales y el Derecho civil común, puesto que las Comunidades con Ordenamientos Forales tienden a una copiosa regulación de lo que competencialmente les deja la Constitución de acuerdo con el art. 149.1.8 y 149.3 CE. Señaló en este sentido que no hay una doctrina clara del TC sobre hasta dónde llegan las competencias de las CCAA en materia Foral. Por su parte el Dr. Pendás pasó revista a la jurisprudencia del TC sobre la igualdad, volviendo a retomar el tema de las disfunciones que crea elaborar nuevas leyes que incidan sobre la igualdad, reflexionando también acerca de si para respetar la diversidad se ha de limitar la libertad. A juicio del ponente, muchas medidas introducidas para garantizar la igualdad que parecen novedosas, en realidad son rescoldos de una sociedad corporativa que no se resiste a morir y que no quiere avanzar hacia un modelo de sociedad más libre y abierto, basado en la responsabilidad individual.
El Decano de la Facultad de Derecho, Dr. Enric R. Bartlett, dio la palabra al Sr. Javier Zarzalejos Nieto, director del área de Constitución e Instituciones de FAES, quien declaró clausurada la sesión del Seminario de este curso, congratulándose de que se vaya consolidando como un espacio para confrontar ideas, desde el convencimiento de que el diálogo es fuente de conocimiento que nos ha de permitir seguir avanzando.

Mª Dolors Oller Sala
Coordinadora del Seminario de DDHH

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