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A grandes males, grandes remedios

Como venía siendo predecible, y a pesar de haber negado durante su campaña electoral la subida de impuestos, una de las primeras medidas del nuevo Gobierno ha sido el incremento del IRPF afectando a todos los tramos de renta. Algunos tildan a esa subida de decisión valiente y necesaria; otros por el contrario, no sólo la consideran desacertada sino que además entienden que el mayor desfase existente entre el tipo que grava la Renta y el tipo que grava las sociedades supondrá un aumento del fraude. Por mi parte, suscribo el incremento de presión fiscal a las rentas más altas pero considero del todo inoportuno que esta presión fiscal afecte en su mayoría a las clases medias, situándonos sobre esas rentas muy por encima de la media europea.

Es evidente que el nuevo ejecutivo necesita con urgencia combatir el déficit y reducir el gasto y parece que la subida de impuestos es la medida más rápida para tal propósito. La cuestión ahora es analizar la posibilidad de introducir otras medidas también de índole tributaria pero sin afectar directamente la renta de los contribuyentes. Una de las medidas que suscitó cierto debate social y que apuntaban diversos medios de comunicación hace ya más de un año es la llamada amnistía fiscal; medida que como es bien sabido no llegó a llevarse a cabo. Sigo planteándome si ésta no sería una opción como mínimo a valorar.

El objetivo de una amnistía fiscal es siempre el mismo: repatriar los capitales huidos a paraísos fiscales, así como aflorar el dinero de la economía sumergida. Existen diversas fórmulas pero todas tienen algo en común; “perdonar” a los contribuyentes que ocultan dinero al fisco a cambio de que el mismo vuelva a entrar en el circuito legal. Este “perdón” tiene una contrapartida fácilmente asumible; a grandes rasgos dos suelen ser las líneas básicas; regularizar dichos fondos gravándolos a un tipo muy reducido, pongamos por ejemplo el 5%, o bien, eliminar las consecuencias fiscales y penales si se invierte el capital defraudado en deuda pública a un interés inferior al de mercado. Se trata en definitiva de financiar a coste más barato la deuda pública.

A España este tipo de medidas no le son desconocidas, pues el Gobierno de Felipe González puso en marcha dos planes de amnistía fiscal en 1.984 y en 1.991. Ya en aquellos tiempos se generó un debate social que sigue abierto a fecha de hoy, todavía si cabe, con más intensidad. Es evidente que nadie puede objetar que es “éticamente reprochable” que aquellos que han defraudado el sistema de manera flagrante ahora se les deje impunes. Mientras, al resto de contribuyentes no solo se nos exige el fiel cumplimiento de nuestras obligaciones, sino que además esta exigencia viene acompañada de una subida de impuestos que nos ha afectado a todos.

No obstante, y a pesar de que entienda perfectamente aquellos que tildan a esta posible amnistía fiscal como “injusta y antisocial”, prefiero centrarme en la situación actual y analizar si debería darse entrada al pragmatismo económico, superando los argumentos de naturaleza ética, los cuales, insisto, son absolutamente comprensibles. Así, ante la grave crisis actual, ¿no deberían priorizarse las soluciones? es evidente que las arcas del Estado necesitan con urgencia la recaudación de fondos. No es fácil saber con exactitud el dinero que actualmente está depositado en los paraísos fiscales, pero según la OCDE la riqueza acumulada en estos países procedentes de contribuyentes españoles podría llegar a alcanzar los 200.000 millones de euros. Las previsiones de éxito de una eventual amnistía fiscal son difíciles de predecir, pero me uno a aquellas voces que considerarían un logro para el Gobierno captar 50.000 millones de euros. Eso sí, obviamente debería tratarse de una amnistía que en modo alguno amparase la regularización de fondos provenientes de actividades ilícitas (tráfico de drogas, corrupción, terrorismo, etc.), puesto que las responsabilidades penales nunca quedarían amparadas por una amnistía fiscal. A nivel comparativo, piénsese que con la controvertida vuelta del Impuesto sobre el Patrimonio se espera una recaudación entre los 1.000 y los 1.500  millones de euros; cifra muy inferior a la que podría llegar a recaudarse ante una eventual amnistía fiscal.

Una amnistía fiscal no sólo supondría una repatriación del dinero evadido y que aflorase el “negro” generado por la economía sumergida, sino que además lograría que ese dinero oculto volviera a estar en circulación y sujeto a imposición. En cualquier, caso ese dinero, salvo por una medida de este tipo, es dinero perdido e irrecuperable. Si con ello se apaciguara el grave problema financiero de España y se evitara seguir el camino de Grecia, ¿alguien pondría alguna objeción? Tampoco puede parecer justo inyectar dinero a los bancos cuando ellos han sido en gran medida los causantes de la crisis actual y nadie lo ha puesto en duda. No pretendo comparar medidas pero lo que sí creo es que en los tiempos que corren no podemos permitirnos el lujo de no sospesar una iniciativa de carácter excepcional como ésta, ya que como dice el refrán, a grandes males, grandes remedios.

Diana Ferrer

Profesora de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de ESADE (URL)

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