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Data Protection: Dangers and Opportunities

The scandal about spying by NSA shouldn’t distract neither EU citizens nor EU institutions from the BIG DATA possibilities to improve human beings lives.

As Mr. Eddie Short, head of the business intelligence practice at KPMG, answers in an article written by Jane Bird on Financial Times June 26 2013, special “The Connected Business” p. 3, big data started with the first satellites and space exploration; in a few days physicists collected more data than previous generations together accumulated throughout history. The enormous amount of data had to be processed to find probabilities rather than certainties.

Moving from Physics to the social media cloud, the sheer volume of information that this phenomenon has created is processed at high speed, using the computers capabilities to identify valuable data through mathematical algorithms. From the fight against bullying to know much better how an illness attack our bodies, there’s an astonishing wide range of  social problems that it can help to cope with successfully.

Before the great transformation that Big Data can deliver “changing the way we live and the world that we live in”, is necessary to understand and address the “moral, cultural and consumer concerns” that this transformation provokes, as Mr. Dave Coplin, chief envisioning officer at Microsoft UK, wrote in the same newspaper, date and page.

The understandable and positive aim to protect privacy has to be assessed with the positive outcomes that are at our arms length and so, achieve a balanced regulation that doesn’t stifles innovation. This is the subject that I have dealt with on my presentation last 5th July on the Catalan Parliament building invited by the Catalan Data Protection Authority

http://www.apd.cat/media/2753.pdf

Enric R.Bartlett Castellà
Associate Professor of Public Law
ESADE Law School (Univ. Ramon Llull)

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Presuntos culpables: la doble cara de la presunción de inocencia

En su conferencia celebrada el pasado 25 de enero en el contexto del Legal Research Seminar de nuestra facultad de Derecho, el profesor Jordi Ferrer (UdG) realizó una brillante deconstrucción dogmática del principio de presunción de inocencia en el Derecho penal español. Conclusión: la presunción de inocencia es, en realidad, menos de lo que creemos que es. Hinchada en la retórica jurisprudencial y en el imaginario jurídico-popular, un análisis minucioso y sistemático de su verdadero alcance práctico demuestra que en el Derecho español actual la presunción de inocencia se reduce a una regla de trato por parte del tribunal frente al acusado, y aun esta no absoluta, pues es compatible (por ejemplo) con la existencia de la prisión preventiva, una figura que de alguna manera presupone la culpabilidad.

Lo curioso, y aquí está la doble cara a la que me refiero, es que estos días estamos oyendo mucho la expresión “presunción de inocencia”, en relación con la desmoralizante y vergonzosa retahíla de casos de corrupción política con la que nos desayunamos día sí y día también. Ahí el principio lo alegan figuras públicas, generalmente políticos, en su propia defensa, o en la de sus compañeros o subordinados.

El subterfugio es burdo. La presunción de inocencia jurídica es una cosa, y una cosa además bien concreta, como quedó reflejado en la conferencia del profesor Ferrer. La presunción de inocencia política es otra. Se utiliza el mismo término para hablar de cosas distintas. Pongo el ejemplo más obvio. Un cargo público acusado y absuelto porque en el juicio se utilizaron pruebas obtenidas ilícitamente cuyo carácter inculpatorio es vox populi es y debe ser inocente jurídicamente, pero ni es ni debe ser inocente políticamente.

Pues bien, lo más paradójico del tema es que cuando resulta que en el ámbito estrictamente jurisdiccional (que es su ámbito natural) la presunción de inocencia tiene como digo un contenido mínimo y muy reducido, de la presunción de inocencia política se nos pide sin embargo que la concibamos de forma maximalista y poco menos que absoluta. Así, cuando aceptamos con naturalidad que a cualquier acusado de un delito se le pueda imponer la prisión preventiva, se nos pide que mientras a un cargo público acusado de corrupción no lo veamos entre rejas le permitamos que siga funcionando como si tal cosa presumiendo que siempre fue inocente.

Eso no tiene mucho sentido. Y menos aún aquí y ahora. Cualquier persona mínimamente informada que haya vivido en este país durante los años del llamado milagro económico español (a.k.a. burbuja inmobiliaria), sabe lo que ha pasado. A grandes rasgos, lo sabe. Yo, usted, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares y amigos. Lo hemos comentado en el café y en la sobremesa cientos de veces. Por eso es normal que cuando al magma de corrupción por el que estamos invadidos se le ponen nombres y apellidos lo primero que haga la ciudadanía es aplicar una presunción de culpabilidad. Lo siento, pero es normal. Cualquiera lo entiende. Y no pasa nada, siempre que eso no contamine a la presunción de inocencia jurisdiccional (que, recordémoslo, se configura en el Derecho español con un contenido mínimo y muy reducido).

Igual que la presunción de inocencia (jurisdiccional) se puede romper, la presunción de culpabilidad (política) se debe poder romper también. Confiando en que unos medios de comunicación rigurosos y una ciudadanía responsable sabrán valorar, juzgar y, en su caso, reponer en el crédito a quien se haya visto manchado por la sospecha. Pero pedirnos obviar esa sospecha está ya fuera de lugar. Si no, entre tantos amigos y familiares, a muchos se nos va a quedar cara de primos.

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Declaracions de Rajoy sobre el rescat: què és la sobirania?

Com a professor de primer del grau de Dret, tinc gairebé l’obligació tradicional, basada en temaris reconeguts i manuals prestigiosos, d’explicar-li als meus alumnes que el Dret es distingeix d’altres fenòmens normatius perquè prové de l’Estat (i afegiré, pels alumnes especialment motivats, que haurien de llegir la part de la teoria pura del Dret de Kelsen, mestre dels mestres del positivisme dogmàtic, on es demostra que Estat i Dret són una i la mateixa cosa). Això òbviament m’ha de portar a introduir el concepte de sobirania estatal, que és un concepte que he de presentar com a dominant (i de nou pels alumnes avançats, puc fer alguna referència històrica a la construcció de l’ordre internacional a partir de la pau de Westphalia, tot remetent als principis que aprendran a l’assignatura de Dret Constitucional). Es fonamental que faci entendre als alumnes la importància d’aquest concepte de sobirania, de manera tal que puguin donar-li sentit al fet que ells es passaran la major part dels seus estudis estudiant les lleis nacionals, en el cas espanyoles, per tenir el que se suposa que és un bon coneixement del sistema, cosa que els diferencia dels seus companys que estiguin estudiant enginyeria, empresarials, economia o, en realitat, qualsevol altre carrera, doncs no em venen ara d’altres al cap que tinguin un component “nacional” tant fort com el Dret. Ara bé, si tinc èxit en totes aquestes tasques, em queda encara una que és impossible d’acomplir: em refereixo a evitar que escoltin a la ràdio o a la televisió o llegeixin a la premsa o a algun bloc (com ara aquest) les declaracions del President del Govern i principal autoritat d’un estat sobirà, parlo ara del Regne d’Espanya, contestant d’aquesta manera a un periodista que li preguntava sobre la informació de l’agència Reuters segons la qual el govern espanyol demanarà el rescat aquest cap de setmana:

“Si hay una agencia, o alguien, que dice que este fin de semana vamos a pedir el rescate, como dicen ellos, caben dos posibilidades: que esa agencia tenga razón y mejor información que yo, lo cual es muy posible, o que no sea así, lo cual a lo mejor también es posible… o no… que más da;  pero si a usted le sirve de algo lo que yo pueda decirle, y si le parece que lo que yo pueda decirle es más importante que esa filtración, le diré que no, pero vamos … aun así puede usted pensar lo que estime oportuno y conveniente, porque además a lo mejor acierta, o sea qué…”

O sea qué… més val que anem canviant el contingut dels temaris reconeguts i els manuals prestigiosos. Sinó, els riures que se sentien de fons durant la declaració de Rajoy podrien ser els dels nostres alumnes que, mínimament informats del que succeeix al mon, no es prenguin ja seriosament teories construïdes a partir de principis que van tenir molt sentit al segle XIX, però que ja l’han perdut.

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Investigación y Derecho: no vayamos a llegar a la fiesta cuando los demás ya se han ido

Desde hace un tiempo, en mis conversaciones con otros profesores de Derecho se repiten una serie de términos de los que hace muy pocos años ni siquiera habíamos oído hablar: listas de journals, factores de impacto, indicadores de calidad, sistema de revisores, ces, bes, as y as pluses. Como casi siempre, la academia de Derecho llega tarde a lo que en otros ámbitos de las ciencias naturales y sociales está ya consolidado: un sistema para evaluar con cierta objetividad las contribuciones científicas y asegurarse de que una cosa a veces tan etérea como la investigación no se convierte en un campi qui pugui.

Sin embargo, como casi todo en la vida, una buena idea llevada hasta el extremo puede resultar contraproducente. Hace poco tuve la oportunidad de participar en la (muy interesante) VIII Jornada de Recerca de Esade, donde entre otros (muy interesantes) temas se habló sobre este. Y se dijeron cosas críticas, la verdad, por parte de expertos en Management, en cuyo campo este sistema que ahora queremos imitar los juristas lleva tiempo implantado. Me quedé con la idea, modesta y prudente, de que hay que tener cuidado. Cuidado con que los resultados de la investigación se acaben por valorar sólo cuantitiva y no cualitativamente. Cuidado con que nos admire la categoría de la revista en la que ha logrado publicar nuestro compañero, pero no leamos su artículo ni le preguntemos sobre qué trata. Cuidado con que promovamos siempre un mismo tipo de investigación, marcado por los criterios que determinan las revistas líderes, y cerremos la puerta a contribuciones originales y rompedoras. Cuidado con que el sistema refuerce implícitamente paradigmas que deberíamos discutir. Cuidado con que un día nos demos cuenta de que ni recordamos cuándo fue la última vez que leímos un libro. Cuidado con que investigar se convierta en un instrumento de promoción profesional en vez de en un fin en sí mismo. Cuidado con que nos presionemos tanto con deadlines y targets, que dejemos de disfrutar de esto.

En resumidas cuentas, entre que haya algo y que no haya nada, mejor que haya algo. Es necesario discriminar, más en una época en que las condiciones tecnológicas y otros factores han producido una verdadera incontinencia publicadora (tema, por cierto, para afrontar en otra ocasión). Pero, dicho esto, hay que tener los ojos y los oídos bien abiertos para saber que donde con más seriedad se han aplicado según qué sistemas, estos han demostrado también sus efectos secundarios y están siendo criticados de manera constructiva e inteligente. Desconozco cuál será el resultado de esas críticas, pero desde el ámbito del Derecho sería estúpido ignorarlas. No vayamos a llegar a la fiesta cuando los demás ya se han ido.

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El médico que encontró a Bin Laden (y el periodista que lo explicó)

En el ámbito de la ética las teorías no resuelven casos concretos. Todo caso concreto gira en torno a una decisión personal, y no hay nada que pueda suplantar a dicha decisión, ni siquiera la más sofisticada construcción doctrinal. ¿Son entonces inútiles las teorías? En absoluto: sirven a un fin que es mucho más modesto pero tremendamente importante, a saber, nos ayudan a entender mejor qué es lo que hay en juego en un dilema ético y nos ofrecen un mapa de la situación que nos permite tomar la decisión con lucidez (o justificarla racionalmente una vez tomada).

Un ejemplo espectacular de dilema deontológico ha llenado las páginas y los micrófonos de los medios internacionales recientemente. El protagonista ha sido un periodista que ha desvelado la identidad de un médico pakistaní que colaboró con la CIA para encontrar a Bin Laden. El caso es de libro, ya que ejemplifica como pocos el enfrentamiento entre los dos grandes paradigmas del pensamiento ético occidental: el deontologismo y el utilitarismo.

Según la visión deontológica, lo más importante, por no decir lo único importante, es el cumplimiento de los deberes en su propia literalidad. Estos deberes, haciendo honor al origen kantiano de la teoría, pueden por ello calificarse como categóricos. El famoso brocardo jurídico fiat justitia et pereat mundus sería una clásica instancia de este principio. Lo que importa aquí, desde un punto de vista ético, es hacer lo que se debe hacer, sin que los resultados o consecuencias sean propiamente determinantes.

La visión utilitarista parte de un presupuesto distinto: será moralmente correcto aquello que resulte bueno en sus consecuencias. Aquí lo que importa son los resultados, hasta el punto de que este enfoque teórico aspira a una matematización de la ética. El ideal de esta posición sería encontrar una fórmula de cálculo que nos permitiera sumar los resultados placenteros de cada acción y restarles la adición de las consecuencias desagradables, obteniendo así una base homogénea de comparación moral. No exagero: piénsese en el hedonistic calculus de Bentham.

Lo que hace interesante el caso en cuestión es que la decisión tomada por el periodista es tan claramente inadecuada desde una perspectiva utilitarista como justificada está desde la deontológica. Pensémoslo un momento. ¿Qué resultados ha tenido su decisión de desvelar la información? La vida del doctor está arruinada (lo último que se sabe es que estaba encerrado en una cárcel de Pakistán acusado de traición, lo cual, la verdad, no tiene buena pinta). La CIA ha recibido un golpe importante que puede comprometer otras operaciones tal vez vitales para la seguridad de Estados Unidos y de otros países Occidentales. El gobierno pakistaní queda, se mire como se mire, en una situación comprometida. Y lo que es tal vez peor, se ha generado una sensación de profunda desconfianza hacia el sistema sanitario en un país con un porcentaje de población extraordinariamente necesitada. Cuentan los corresponsales en el terreno que ahora cuando un médico acude a un pueblo a proporcionar vacunas a los paisanos, estos lo rehúyen creyendo que es un espía norteamericano.

Confrontado el periodista en la BBC con esta realidad, su respuesta fue rotunda: su compromiso es con la verdad, pura y simple, y no entiende que forme parte de su labor profesional proteger los secretos de la CIA. Lo siente mucho por el doctor y su familia, no hay más que hablar. Las virtudes y los defectos de la deontología, como teoría ética, están perfectamente contenidas en su actitud.

Vuelvo al comienzo. Ni que decir tiene que no es necesario haber leído a Kant para tomar esa decisión. Pero hacerlo nos ayuda a comprenderla en toda su profundidad. Muchos utilizan la ética profesional como un bonito instrumento decorativo. Los abogados somos especialmente fustigados por nuestra retórica deontológica, y nos acusan de utilizarla para encubrir las pequeñas injusticias diarias. Esta historia, sin embargo, nos enseña como mínimo una cosa: que la deontología puede ser extraordinariamente incómoda.

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El rechazo a pagar los peajes (o Antígona redux)

En realidad la confrontación argumentativa es vieja como Occidente. Se trata de la ley, clara e inequívoca, contra lo que debería ser la ley o lo que nos gustaría que fuera. La manifiesta de manera cristalina el ejecutivo catalán al decir que entiende y comprende, pero que hay lo que hay.

La mejor fuente para este dilema sigue siendo la Antígona de Sófocles. Enfrentada con Creonte, el rey de Tebas, que le impide enterrar el cuerpo de su hermano Polínicles, muerto en la guerra, y a quien Creonte considera un traidor de la patria, la heroína griega argumenta con rotundidad. Tu ley, Creonte, es válida como ley humana, pero se opone a la verdadera ley, la de los dioses, que exige honrar el cadáver de este guerrero y enterrarlo conforme a los ritos establecidos.

En Antígona la resolución es clara. Creonte, el rey que quiere imponer su voluntad humana sobre la justicia divina, es castigado de la manera más cruel con el suicidio de su hijo y de su mujer. Todo acaba bien, en el sentido en que ha de acabar bien una tragedia: los dioses siempre ganan.

En la Grecia antigua eso era posible porque se vivía conforme a una cosmología que lo aglutinaba todo y daba armonía a los contrarios. El mundo moderno no va por ahí. Como nos explican los filósofos contemporáneos la razón se ha escindido en una multitud de razones independientes, que tienen todas un sentido parcial, pero que no se entienden entre sí. El mundo contemporáneo fue desencantado (con Weber), y el Derecho, que es de lo que aquí hablamos, se entregó a su propia racionalidad formal. En otros términos: lo que fundamenta a las leyes es la manera burocráticamente correcta en que son emitidas. Esta concepción encontró en el positivismo un adecuado paradigma dominante. Es la ley, se aplica y punto.

El que esa lógica no corresponda con la lógica de justicia que, en el mejor de los casos, apoya la rebeldía ante los peajes, es perfectamente normal. Aunque esa lógica esté basada puramente en cálculos utilitaristas (individuales o colectivos), o incluso tenga unas difícilmente veladas resonancias nacionalistas, es una lógica de justicia, una lógica política (con p mayúscula), y por tanto distinta. La refleja bien el ejecutivo (catalán, pero estatal, porque el Estado es uno, otro de los principios del positivismo) cuando dice que entiende, insinúa que comparte, pero afirma que aplica. Sí, pero. Hay lo que hay.

Quizás exista un elemento que genera aún más desasosiego, y es que la fundamentación de la norma no se rija en su nivel profundo ni por la lógica política ni por la lógica jurídica, sino por una lógica económica, movida por intereses más o menos explícitos, y que en realidad se impone a todas las demás. Que eso es así, en este caso y en todos, tiene mucho que ver con la situación de disgusto, desconcierto y desmotivación ciudadana que nuestras democracias están sufriendo.

 Hay lo que hay.

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Educando al gobierno

Hace unos pocos días un alto representante de la empresa norteamericana responsable del proyecto “Eurovegas”, que por su notoriedad pública no es necesario describir aquí, concedió una interesante entrevista al periodista Manel Fuentes, en su programa informativo diario en la emisora Catalunya Radio. El momento más jugoso de la entrevista llegó cuando el periodista le preguntó por uno de los asuntos más polémicos que rodean al proyecto, a saber, la supuesta negociación sobre el marco jurídico aplicable, según la cual, y siempre supuestamente, la empresa estaría pidiendo que se le relajaran o no se le aplicaran ciertas exigencias legales, por ejemplo en materia laboral. La verdad es que al oír la pregunta pensé que el representante de la empresa se limitaría a salir por la tangente con la declaración formal de que ellos siempre respetan la legalidad del Estado donde hacen negocios, o cualquier otra fórmula al uso. Sin embargo, no contaba con la honestidad y el candor tan propio de los norteamericanos, que quedaron demostrados cuando respondió sin tapujos que había que entender que ellos estaban introduciendo un nuevo sector económico (“industry”) y que por tanto hay un “proceso de educación” (literal) que se hace con el gobierno.

Ante tal declaración, extraigo tres conclusiones:

1) Que si hay algún ciudadano (de esos a los que el gobierno mencionado representa) que al escuchar esas palabras no siente un rechazo inmediato y profundo, la democracia tal como la entendemos perecerá pronto o ya ha perecido.

2) Que a los que somos profesores de Derecho, y tenemos la misión de educar a los futuros juristas en las bases del pensamiento jurídico aceptado, basado en la soberanía del Estado Nación y la distinción estricta entre los poderes públicos y privados, nos deberían prohibir escuchar la radio, ver la televisión y leer la prensa, a riesgo de no poder creernos lo que explicamos en clase.

3) Que me encanta ver cómo el gobierno madrileño y el catalán compiten el uno con el otro por ser “educados” por esta empresa norteamericana. Con tal motivación España saldrá pronto de la cola en los rankings europeos de educación. ¡Ya sabía yo que esto de Eurovegas era buena cosa!

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La profesión de profesor, también en crisis

¿Puede un profesor encontrarse en una situación de conflicto de intereses? ¿Cómo debe actuar al respecto? ¿Cuáles son los valores que guían su tarea docente e investigadora?

Estas preguntas me las suscitó una discusión que tuve hace poco sobre el documental Inside Job con mis alumnos de una asignatura de ética profesional. Uno de los aspectos más originales del laureado documental (ganó el Oscar en su categoría en 2010) es que no sólo desataca la dudosa deontología de banqueros, consultores, abogados,… sino también de los profesores universitarios, sobre todo de los que trabajan en los departamentos de Economía de algunas de las Universidades y Business Schools más importantes de Estados Unidos.

La idea de fondo que transmite el documental es clara: algunos de estos profesores prestan desde la academia apoyo teórico a intereses privados muy particulares, de los cuales obtienen una compensación directa. El caso más obvio de este conflicto de intereses es el de la publicación de informes y estudios cuyos resultados apoyan o legitiman las actuaciones de las instituciones privadas que han financiado esa investigación. A partir de ese problema tan específico, la reflexión puede remontar en generalidad y abstracción, alcanzando el núcleo duro del profesionalismo.

En efecto, dos características principales del concepto de profesión son la de servicio a un bien público y la de autonomía. En el caso del profesor, el bien público es evidentemente la educación (sea esta pública o privada, ese es otro tema), el servicio al cual debe estar orientado exclusivamente por criterios de corrección académica (si nos ponemos platónicos, la búsqueda de “la verdad”, o algo equivalente). La autonomía, por su parte, se manifiesta en el hecho de que el profesor es libre para escoger sus temas de investigación, la manera de llevarla a cabo y de presentar sus resultados, y por supuesto para transmitirlos por medio de clases o conferencias (ámbito este especialmente protegido por la libertad de cátedra); todo ello igualmente orientado por ese ideal de “verdad” al que me refería.

Pues bien, claro está que la problemática antes planteada ataca frontalmente a esas dos ideas esenciales del concepto mismo de profesión. El profesor que utiliza la plataforma académica para satisfacer intereses privados siendo compensado por ello, ni sirve ya honestamente al bien público, ni actúa con autonomía. Que en estas se encuentre la profesión desinteresada por excelencia, subraya el hecho de que nuestro mundo está sufriendo una profunda crisis de profesionalismo.

Vaya hombre, ¿otra crisis? No: es la misma.

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Fallece el abogado Fernando Pombo

Fundador del despacho Gómez-Acebo & Pombo, estuvo especialmente involucrado en la internacionalización de la práctica jurídica, llegando a ostentar el cargo de Presidente de la IBA (International Bar Association). A continuación se inlcuye un link al obituario publicado en la página web de dicha organización.

http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=E28866C8-332D-4415-9EA9-142410913CC3

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Ètica a la campanya electoral: un bon exemple.

La campanya electoral genera un bon nombre de crítiques de tot tipus dirigides als que són els seus protagonistes. Entre d’altres, crítiques de caire ètic, como la que ha provocat un controvertit vídeo de campanya del PSC, el qual mostra de manera força impactant la mort d’un pacient per a simbolitzar les retallades a la sanitat pública per tots conegudes. Res de nou, en realitat, doncs els exemples de vídeos que es passen de la ratlla, desqualificacions personals als mítings, i ús de fal·làcies a les declaracions, falques, debats, etc…, sovintegen des de fa ja temps a totes les campanyes electorals.

                Entre tot això, els professionals de la radiotelevisió catalana ens ofereixen un exemple de comportament professional molt honrós des d’una perspectiva deontològica. Davant l’assignació de temps prefixats per a la informació dels diferents partits durant la campanya (temps desiguals i amb ordre determinat en proporció als resultats dels partits en eleccions passades), els periodistes, abans de procedir a donar aquesta informació, expressen la seva disconformitat amb els criteris imposats, els quals no responen als criteris de rellevància informativa que haurien de regir la seva feina.

                D’aquesta manera, ens ofereixen un magnífic exemple pràctic de com afrontar un dels problemes clàssics en l’àmbit de la ètica professional: el d’haver d’acomplir amb normes imposades que es consideren injustes o amb les que s’està en desacord. Els periodistes saben fer servir el mitjà que les és propi i les eines del seu ofici per: 1) informar-nos sobre el contingut de la normativa, que d’altra manera el gran públic desconeixeria, 2) criticar-la per raons raonables, 3) fer públic, reforçant-t’ho, el criteri principal que hauria de guiar la selecció de notícies: la rellevància informativa, 4) despertar a l’oïdor un escepticisme intel·ligent davant la informació que sentirà, 5) i tot això acomplint la norma.

                En un moment que hauria de ser culminant en una democràcia, com ara el de la campanya, els professionals de l’ens públic català ens ofereixen un magnífic exemple de com els periodistes, adoptant un comportament valent des d’un punt de vista deontològic, poden transformar un problema i una imposició en una oportunitat d’informar de manera intel·ligent als ciutadans. Això és fer democràcia. Tant de bo tots els altres agents de la campanya mostressin el mateix compromís ètic.

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