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A la búsqueda del equilibrio entre riesgo, recompensa y responsabilidad

La noticia de la compensación de €18.8 millones al antiguo consejero delegado de Nokia, 1 millón por cada 1000 de capitalización bursátil perdidos por la compañía durante sus tres años al frente, estuvo presente en la mesa redonda que el 2 de octubre celebramos sobre retribuciones en el sector financiero en el campus madrileño de ESADE, aunque no sea una empresa ni española ni financiera.

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Acoso laboral a una funcionaria

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social introdujo la posibilidad de que los funcionarios acudieran a dicho orden jurisdiccional para impugnar las actuaciones de las Administraciones públicas en materia de riesgos laborales, y también para formular reclamaciones de responsabilidad derivadas de daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales –art. 2.e) de la Ley 36/2011-.
Así, hasta la entrada en vigor de la Ley 36/2011, los funcionarios sólo podían acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, menos ágil que la jurisdicción social.
Amparándose en la nueva Ley 36/2011, una funcionaria de la Mancomunidad de Municipios de las Encartaciones (País Vasco) formuló ante el Juzgado de lo Social núm. 2 de Bilbao una demanda por considerar que había sido víctima de “mobbing”, alegando que la Administración había vulnerado la legislación en materia de prevención de riesgos laborales y que había ignorado las recomendaciones del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral.
Dicho Juzgado, que se declaró competente y admitió a trámite la demanda formulada por la funcionaria, consideró acreditado que la misma había sufrido un vaciamiento absoluto del contenido y las funciones de su puesto y que la inexistencia de un plan de prevención que contemplara los riesgos psicosociales vulneraba la normativa en materia de riegos laborales, teniendo especial incidencia en aquellas organizaciones fuertemente jerarquizadas, como puede ser cualquier Administración Pública, donde los mandos pueden desarrollar conductas de maltrato susceptibles de generar alteraciones psíquicas en los subordinados.
La importancia de esta Sentencia radica, por lo demás, en que constituye el primer pronunciamiento en el orden jurisdiccional social sobre un caso de acoso laboral a una funcionaria.

Alfonso Arroyo
Abogado y profesor Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de ESADE (URL)

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Trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Administración: ¿También bajo control?

La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha publicado recientemente un documento donde se recogen los criterios a tener en cuenta para la aplicación del Título I del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (en adelante, RDL 20/2012), del que conviene destacar su punto noveno, relativo a las medidas a adoptar en relación con los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Administración.

En dicho apartado se analiza el contenido de la Disposición adicional primera del RDL 20/2012, donde se prevé que los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público (de acuerdo con el art. 3.1 de del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)) deberán dictar las instrucciones pertinentes para la correcta ejecución de los servicios externos contratados.

Estas instrucciones, que se deberán dictar antes del 31 de diciembre de 2012, tendrán como objetivo:
- Establecer directrices o criterios que contribuyan a clarificar la relación existente entre los gestores de la Administración y el personal externo contratado,
- Fijar criterios que traten de evitar actos que puedan resultar determinantes para el reconocimiento de una relación laboral,
- Establecer mecanismos que permitan acreditar que la empresa contratada ejerce un poder de dirección efectivo sobre el personal destinado a la prestación del servicio.

En relación con este último punto, la Secretaría de Estado recomienda tomar en consideración aspectos como el control de horarios, la concesión de permisos y vacaciones, el régimen disciplinario, etc. Extremos que, dada su importancia, deberían ser convenientemente regulados en las instrucciones a que nos venimos refiriendo.
Pese a que es la primera vez que se regula la obligación de dictar unas instrucciones de este tipo, se trata de una recomendación que tuvo su origen en una Moción aprobada por el Pleno de Tribunal de Cuentas el 26 de febrero de 2009 y de la que se dio posterior traslado a las Cortes Generales.

Alfonso Arroyo
Abogado y profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho ESADE (URL)

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El polémico aumento de las tasas judiciales: también en la jurisdicción contencioso-administrativa

Se ha publicado en el BOE núm. 280, de 21 de noviembre de 2012, la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
La regulación de las tasas judiciales se somete, en general, a varias modificaciones, de entre las que cabe destacar una ampliación de los hechos imponibles y los sujetos pasivos, la adición de nuevas exenciones objetivas, la exención subjetiva de aquellos que tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita y la ampliación de su aplicación al orden social.
En cuanto al orden contencioso administrativo, el hecho imponible de la tasa lo constituye, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 10/2012, 1) la interposición de la demanda, 2) la interposición del recurso de apelación y/o 3) la interposición del recurso de casación.
De conformidad con el artículo 4, se prevén exenciones objetivas ciertamente relevantes, como las que vienen constituidas por 1) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral, 2) la interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios o 3) la interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración. En cuanto a esta última exención, conviene poner de relieve que la misma no se mantiene para el caso de que se interponga recurso de apelación o casación contra sentencias que hayan conocido recursos en casos de silencio administrativo o inactividad de la Administración, lo que hasta cierto punto podría parecer incoherente.
Siguiendo con el orden contencioso administrativo –artículo 5.2-, se prevé que el devengo de la tasa se produzca en el momento de interponer el recurso contencioso-administrativo, el recurso de apelación o el recurso de casación, según corresponda.
Por otro lado, la Ley mantiene el criterio de la fijación de la cuantía de la tasa con arreglo a dos factores: una cantidad variable, en atención a la cuantía del proceso judicial, y otra fija, en función del tipo de proceso.
De acuerdo con el artículo 7, las cantidades fijas en función de cada clase de proceso se incrementan, y en el orden contencioso administrativo se sitúan en los siguientes importes:

Abreviado Ordinario Apelación Casación
200 € 350 € 800 € 1.200 €

Además, conviene significar que se establece una devolución de la cuota de la tasa en todos los procesos objeto de la misma, cuando se alcance una terminación extrajudicial que ahorre parte de los costes de la prestación de servicios (artículo 8.5) y también cuando se acumulen procesos, lo que conllevará la devolución de la tasa abonada por cada una de las demandas que originaron aquellos procesos que se unifiquen (artículo 8.6).
Finalmente debemos señalar que pese a que la Ley 10/2012 ha entrado en vigor hoy, día 22 de noviembre de 2012, según el Ministerio de Justicia, las liquidaciones que deriven de la misma no se podrán practicar hasta que “en las próximas semanas” se publique una Orden por parte del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aprobando los nuevos formularios de autoliquidación.
Este hecho plantea un problema práctico ciertamente relevante, pues nos encontramos ante una Ley en vigor que resulta imposible de aplicar, al menos en lo que a la autoliquidación de las tasas judiciales se refiere, y ello por cuanto aún no se encuentran disponibles los nuevos modelos de autoliquidación, y los formularios hasta ahora vigentes ya no resultan válidos. No obstante, entendemos que este hecho no podrá perjudicar a los sujetos pasivos que, por ejemplo, gocen ahora de nuevas exenciones, siendo conveniente analizar cada supuesto de forma individual.
Alfonso Arroyo
Abogado y profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de ESADE (URL)

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