El papel del consumidor en los mercados eléctricos, a debate.

Con el título “Consumidores: actores activos y centrales del mercado eléctrico del futuro”, se desarrolló el viernes 12 de mayo la jornada que los clubs de ESADE Alumni de Energía y Medio Ambiente por una parte, y de Derecho por otra, organizaron con la colaboración de ESADE Law School y en la que tuve el gusto de participar.
Tras la bienvenida por parte de Rafa Matas, presidente del Club Derecho que se refirió al compromiso de Alumni con el debate riguroso de cuestiones de actualidad, y la presentación de la Jornada por Manuel Férez, profesor de Derecho Público de la Facultad, que remarcó el propósito de analizar las implicaciones que para los que interactúan en los mercados eléctricos en España y en particular para sus usuarios tiene el paquete de invierno, se desarrollaron dos mesas redondas.
La primera mesa moderada por Robert Navarro, vicepresidente del Club de Energía y Medio Ambiente, que contextualizó las intervenciones de Ferran Tarradellas, portavoz para asuntos de Energía de la Comisión Europea en España y director de la representación en Barcelona y Carmen Gimeno, socia de Prat Rubí Advocats y secretaria general de GEODE. La segunda, que tuve el privilegio de moderar, con la participación de Joan Vila, director de LC Paper y presidente de la Comisión de Energía de PIMEC; Santi Martinez, director ejecutivo de Estabanell y Pahisa Energia; Juan José Alba, director de regulación de ENDESA para España y Portugal y, finalmente, Pep Salas, ingeniero especialista en redes eléctricas inteligentes.
Ante la dificultad de resumir las muchas e interesantes argumentaciones y comentarios que tuvieron lugar en la Jornada, prevista de 9 a 12 y que, ante el cúmulo de intervenciones y preguntas de los participantes se prolongó hasta las 12.30, reseñaré algunas de las consideraciones de los ponentes que, a mí, particularmente, me parecen más relevantes.
La vinculación a la Energía de la Comunidad Europea desde sus mismos orígenes, con el Tratado del Carbón y del Acero (1) que entró en vigor en 1952 y el de la Energía Atómica o Euratom (2), que lo hizo en 1958, fue subrayada por Ferran Tarradellas, para a continuación recordar que la denominada Unión de la Energía es una de las diez prioridades de la actual Comisión, que ha explicitado el objetivo que Europa lidere la transición energética. Un liderazgo que requiere, como condición necesaria, un marco regulador estable y eficaz, propósito que justifica el paquete de ocho propuestas de modificación normativa del sector eléctrico, aprobado el pasado 30 de noviembre con la denominación Clean Energy for All Europeans. Un conjunto de propuestas que han entrado en el proceso negociador entre los dos colegisladores comunitarios, el Consejo, que reúne a los Estados miembros (EM) y el Parlamento.
Si la Directiva de Electricidad se aprueba en los términos de la propuesta presentada, Carmen Gimeno señaló que los EM estarán obligados a garantizar al cliente final el derecho a generar, almacenar ,consumir y vender electricidad autogenerada. Un mandato que, a fecha de hoy, me parece choca con las prohibiciones y condicionantes impuestos en la regulación española(3) . También se refirió a las figuras de las Comunidades locales de energía y del agregador, que ambos tendrían acceso al mercado mayorista y minorista y que de implantarse, a la vista de lo que acontece en otras latitudes –i salvando todas las distancias- (4) , no cabe duda que afectarían al statu quo. En relación con los datos de consumo, cuyo conocimiento, como señaló la ponente, es básico para promover la flexibilidad de la demanda, destacaría la previsión (controvertida) de un formato común europeo, a establecer mediante actos de ejecución por parte de la Comisión, que sustituya el formato de datos estatal.
Parece que esa armonización no afecta a la determinación del responsable de gestionar la recogida de los datos y facilitar el acceso a los mismos. Una responsabilidad que, en la actualidad, en unos EM reside en un hub centralizado gestionado por un agente del sistema (ya sea transportista, comercializador u operador ad hoc), mientras que en otros es responsabilidad de los distribuidores. La medida del acierto de la solución adoptada pasará por el grado de cumplimiento de los principios de neutralidad en el acceso a los datos, su calidad, la privacidad y seguridad de los mismos, transparencia y, por último, coste y eficiencia de la gestión.
De la segunda Mesa, anoto algunas de las ideas compartidas por los ponentes.
La etiqueta cero (0) emisiones, nos dijo Joan Vila, da valor añadido al producto. Los compradores potenciales lo valoran. La sinergia entre la utilización de renovables para rebajar los costes energéticos y sus efectos beneficiosos para el medio ambiente que son apreciados por los consumidores, se traduce en la cuenta de resultados. Unas energías, las renovables, que una vez efectuada la inversión, aunque tienden a unos costes de generación muy bajos, señaló en respuesta a una pregunta que si se quiere que asuman una mayor responsabilidad en el mix energético, teniendo en cuenta su intermitencia, requieren su combinación con sistemas de almacenamiento que hoy sitúan el coste en una franja de entre 45 y 90€/MW.
Si la entrada masiva de energía de origen renovable puede dar lugar a un precio de la energía de -75€/MW hora, como sucedió en Alemania el pasado 1 de mayo, tal como recordaba el mismo Joan Vila, se somete el sistema en su conjunto a unas tensiones que afectan a su sostenibilidad. Ese resultado tendencialmente insostenible, que sólo se entiende a partir de la intervención pública que fija prioridades de despacho e incentiva determinada generación, en base a objetivos de interés general (reducción emisiones nocivas, fomento transición energética); también se puede dar si se hurta el debate público sobre nuestra planta nuclear y qué papel le reservamos en el mix energético de nuestro futuro inmediato. Un debate al que Joan Vila se refirió como asunto crítico y pendiente, y que, de no acometerse a tiempo, puede conducirnos a decisiones, como garantizar precios a dicha tecnología (5) que hipotequen o dificulten enormemente la transición energética objeto implícito de la jornada.
Desde la visión de distribuidor que se le había pedido (aunque Estabanell es un grupo que también lleva a cabo las actividades de generación y comercialización), Santi Martinez imaginó el futuro del distribuidor como un optimizador que sitúa la respuesta a las necesidades cambiantes del cliente en el centro de su estrategia de negocio. En su particularmente celebrada presentación, lanzó algunas afirmaciones que ilustran las dificultades para traducir en el mercado de valores una buena gestión empresarial por parte del distribuidor. Así: el horizonte del inversor en bolsa es trimestral, el del inversor en redes de distribución lo condiciona una amortización prevista a cuarenta años. Otra: La bolsa gestiona expectativas, el distribuidor costes.
En cuanto al consumidor, sujeto que se pretende central, clave, recordó que un consumidor activo no es un prosumer que genera y consume, sino, de entrada, un consumidor que lee su factura y la entiende. Leerla depende de él; pero que la entienda también de quien la emite y del regulador. Deduje que el ponente nos quiso transmitir que ni distribuidor ni consumidor tenían incentivos para preocuparse por mucho más que la última línea, el total de la factura, en un sistema de monopolio natural y con unos parámetros de retribución muy regulados. Pero si la liberalización del sector eléctrico ha de ir adelante, será necesario –tal como indicó- introducir competencia también en los mercados regulados del sector, como el de distribución. Parece que el paquete de invierno apuesta por ello. De ahí, que en plena sintonía, el título de su presentación fuera: “De l’obligació de servir, al repte d’optimitzar” y la frase con la que resumió su intervención: “ la distribució està al servei de la societat i ha de liderar els canvis tecnològics que acompanyin els canvis socials. Si la distribució només para atenció a la regulació no podrá assolir aquest objectiu”.
Precisamente el hecho de que la propuesta hace patente que la Comisión sigue creyendo en el mercado, así como que se trata de un marco completo, no de un mero parcheado de regulaciones previas, justificó la valoración positiva compartida por Juan José Alba. Al referirse a los contadores inteligentes, los Smart meters, recordó que de las previsiones que son recomendaciones a fecha de hoy y que pasarían a ser obligaciones de aprobarse la nueva regulación, la normativa española ya cumple con todas, salvo el acceso en tiempo real a los datos; pero que algo que se está implantando y testando, sin duda puede mejorarse en el futuro a la vista de la experiencia y, entendí, tiene sentido darse un tiempo para sacar lecciones de esa experiencia. También recordó el amplio grado de despliegue de los contadores en nuestro país, que se completará antes incluso de finalizar los plazos recomendados. En el mismo sentido de desarrollo avanzado, se refirió a que en España ya se presenta al consumidor la facturación por horas.
No quiero dejar de subrayar la referencia luminosa, y no porque hablemos coloquialmente de la luz al referirnos a la electricidad, a que en un sistema de mercado no hay un “optimizador” central, sino que la optimización depende de acciones y decisiones individuales, que emiten y, a la vez, reciben señales de precios. Que esas señales, promueven aquellas decisiones. Dado que los precios que tenemos responden a la estructura del sistema eléctrico del siglo pasado, incitan a los agentes individuales a tomar decisiones en su interés; pero no a tomar las que son óptimas para el sistema, lo que lo hace tendencialmente insostenible. Para evitar su colapso, el poder público establece prohibiciones, condicionantes, limitaciones que provocan el enfado de los consumidores y no facilitan su confianza en los operadores.
A partir del estudio que ha efectuado por encargo de la Autoritat Catalana de la Competencia sobre el Acceso a los datos de consumo eléctrico de los contadores digitales y su uso (6) , Pep Salas desarrolló la importancia de la neutralidad en el acceso, transparencia y calidad de los datos, tanto para permitir al consumidor optimizar, por seguir con la palabra de más éxito en la jornada, sus consumos como para hacer posible desarrollos tecnológicos y ofertas de servicios que contribuyan a la mejora de la calidad de vida individual y el logro de objetivos colectivos valiosos.
Consumir en horas valle cuando se aplica una tarifa de discriminación horaria, con el correspondiente ahorro en la factura. Posibilitar una alerta en servicios sociales, al evidenciar una alteración significativa en las pautas de consumo de una persona anciana que vive sola. Agregar consumos y/o autogeneración, que permitan flexibilizar la demanda y evitar los picos que obligan a una capacidad instalada sobredimensionada la mayor parte del tiempo y, hoy por hoy, disparan las emisiones a la atmósfera y los costes del sistema. He ahí tres de entre los muchos ejemplos de aplicaciones que la tecnología habilita siempre que el marco regulatorio faculte y facilite su desarrollo. En este sentido, el ponente se refirió a los, en su opinión, defectos y carencias de la regulación española vigente, así como a su aplicación en el despliegue en el territorio. Concluyó con un alegato a favor que las utilities se involucren en el liderazgo del proceso para extraer el máximo de sus potencialidades en beneficio de los consumidores y la sociedad en su conjunto, transformando en ese sentido su plan de negocio.
Las alusiones de diversos ponentes a las distorsiones de los precios fruto de diversas intervenciones públicas, me trajeron a la memoria el estudio de David Robinson The scissors effect publicado hace algo menos de dos años (7) que concluye diciendo: “While the majors have to rethink corporate and regulatory strategy, their first priority should be to engage in the debate about the future role of government and competitive markets in a decarbonizing electricity sector where consumers will be increasingly active”.
Dos apuntes finales de conclusiones que, se me antojaron compartidas por todos los ponentes con independencia de quien las formulara. Primero, la importancia de situar como prioridad de Estado la transición energética, una prioridad que debe corresponderse con un plan y programa definido y un equipo capaz de impulsarlo desde el poder público. Circunstancias y condiciones que, hasta la fecha, se han echado en falta. Segundo, asumir la gran complejidad del sistema eléctrico, resumida en la intervención de uno de los participantes en la jornada, Joan Prat, con aquel conocido chiste que reza: “ Te han explicado el sector eléctrico español?,; lo has entendido?, sí; pues es que te lo han explicado mal” . Y acercarse al mismo conscientes de las múltiples interacciones entre una pieza y otra, en el bien entendido que la dificultad no debe impedirnos enfrentar e intentar dirigir la transición energética, para evitar sus efectos perjudiciales y amplificar los beneficiosos. En ello nos jugamos un futuro que ya es presente.

Enric R.Bartlett Castellà. Profesor de Derecho Público. ESADE Business&Law School (Universitat Ramon Llull)

(1)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Axy0022

(2)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0024

(3) https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10927

(4)https://www.rtoinsider.com/socaled-renewable-resources-41825/

(5)Tal vez vale la pena recordar que el proyecto de reactores nucleares en  Hinkley Point (Reino Unido) liderado por EDF Areva, ha obtenido una garantía de 92,50 Libras por MW/h, actualizado con la inflación, por 35 años; más de dos veces del precio actual en el mercado mayorista británico.

(6)  Accesible en la página web de dicha entidad  http://acco.gencat.cat/

(7) https://www.oxfordenergy.org/publications/the-scissors-effect-how-structural-trends-and-government-intervention-are-damaging-the-major-european-electricity-companies-and-affecting-consumers/

 

Related posts:

Administrativo, Derecho y sociedad, Regulatorio | , ,