Los emprendedores

El Gobierno anunció el 26 de abril su plan de reformas remitido a Europa, en el que incluye una serie de medidas para dar apoyo a la actividad emprendedora. Una de ellas va dirigida a permitir que los emprendedores individuales puedan limitar su responsabilidad empresarial. El problema de nuestro país es que el artículo 1911 del Código Civil establece el principio de responsabilidad patrimonial universal, según el cual el deudor responde de todas sus deudas con sus bienes presentes y futuros. Eso afecta a las deudas surgidas de la actividad civil, como es el caso sangrante de la deuda asociada a la compra de viviendas devaluadas. Y también a las deudas surgidas de la actividad empresarial, por cuanto nuestro derecho no distingue entre deudas civiles y deudas empresariales.

No se trata de un tema nuevo. La Unión Europea aprobó ya en 1989 la directiva en materia de sociedades que obliga a los Estados a regular un sistema de limitación de la responsabilidad del empresario individual, normalmente a través de las sociedades unipersonales. No obstante, la virulencia de la crisis económica ha hecho que esta solución se haya visto desbordada por dos lados.

En primer lugar, porque nuestro país se caracteriza -es uno de sus problemas endémicospor la generalización del fenómeno de la microempresa. La gran mayoría de empresas emplean entre uno y cinco trabajadores. Por encima de este nivel suelen articularse ya como sociedades mercantiles, pero para este segmento los requisitos formales y costes aparejados de constituir una sociedad son disuasorios, con lo que el empresario ejerce normalmente la actividad a título personal. Es por ello loable que se regule la posibilidad de que el empresario que ha actuado individualmente pueda limitar su responsabilidad.

En segundo lugar, porque nuestra legislación conjuga el principio de responsabilidad limitada de los socios con una atribución de responsabilidades muy severa a los administradores. En las sociedades mercantiles es muy frecuente -y normalmente loableque estos apuren todos los recursos posibles para evitar el concurso o la disolución. El Gobierno y nuestros legisladores deberían ser conscientes de que nuestra regulación societaria y concursal castiga con dureza a los administradores de las empresas en esta situación, al hacerles responder de las deudas sociales con todo su patrimonio por motivos tales como el retraso en la presentación del concurso o en disolver la sociedad. Si de verdad se quiere promover la actividad emprendedora y no lapidar al empresario fallido, sería deseable que en el proyecto de ley se incluyera una reforma normativa para eliminar el automatismo de dichas responsabilidades, que, por lo demás, no tienen parangón en Europa.

Miguel Trias Sagnier
Catedrático de Derecho Mercantil de Esade Law School
(Artículo publicado en “La Vanguardia” -10.05.2013-)

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