Cláusulas Grises; el caso Leegin

En ocasiones, una buena idea triunfa en cualquier lugar, aunque algunas veces no es posible adaptarla, bien sea por razones culturales, ideológicas, legales, sistemáticas, etc. En el ámbito jurídico, ello se plasma en los dos grandes modelos vigentes, el Common Law frente al Civil Law.
La llamada Sherman Act supuso la positivización de la jurisprudencia reiterada de la Supreme Court en materia de Antitrust. Con ella, el legislador norte-americano tan solamente pretendía aclarar todas las dudas interpretativas en ese campo de estudio, pues no era imprescindible su redacción, al tener las resoluciones judiciales en EE.UU. fuerza de Ley. Esta es una gran diferencia con el sistema español, en el que la necesidad de norma escrita aprobada por el Parlamento supone la ralentización en la adaptación social y una cierta limitación a la justicia y la equidad.
El homólogo a la Act of July 2, 1980 (Sherman Act) para el territorio español es la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC). Gran parte de la regulación coincide, y en el caso que nos ocupa (Leegin Creative Leather Productions Inc. vs PSKS, Inc.) la filosofía de ambas leyes era la misma. El artículo 1.1.a de la LDC prohíbe “todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio”; en definitiva, prohíbe la fijación de precios mínimos en todas sus vertientes. En los casos que puedan ofender la competencia, las Cortes americanas prohibirán las susodichas conductas cuando o bien estén seguras “beyond any reasonable doubt” que los efectos son mayormente anticompetitivos y capaces de dañar el mercado, o bien cuando se encuentren ante una conducta en la que aplique la “per se rule”, el sinónimo inglés de las cláusulas negras.
La regla general es la aplicación de la “rule of reason”. Únicamente en las situaciones netamente dañinas y cuya solución haya sido siempre la prohibición, siempre que se trate de una “naked restraint” (entiéndase así que el acto afecta directamente a la competencia, y no lo hace de forma limitada en espacio y territorio, pues entonces sería una “ancillary restraint” no prohibida per se) entrará en juego la “per se rule”. Resulta entonces que la “price fixation” es en ambos sistemas una cláusula negra.
Sin embargo, la idea de la razonabilidad está tan arraigada en el pensamiento jurídico norteamericano que en el reciente caso Leegin Creative Leather Productions, Inc. Vs PSKS, Inc., se rompió con el tradicional uso de la regla per se en casos de fijación de precios establecido con Dr. Miles Medical Co. Vs John D. Park & Sons Co. Leegin, dedicada a la peletería, impuso precios mínimos a sus detallistas, so pena de cesar en la venta de sus productos en sus establecimientos en caso de no seguir dicha recomendación. La Supreme Court encontró razones suficientes para creer que estos pactos verticales podían resultar procompetitivos, basándose en estudios económicos, pues:
1. Estimula la competencia inter-brand: se promueve la venta de diferentes marcas de un mismo producto.
2. Reduce la competencia intra-brand: el usuario podrá adquirir el mismo bien por el mismo precio en un lado o en otro.
3. Ayuda a la propia empresa a mejorar su imagen o a seguir un marketing determinado.
4. Facilita la entrada al mercado de nuevos competidores.
Leegin es una sentencia nueva y novedosa. Nueva porque es del 2007, y novedosa por establecer un cambio de 180 grados en la instrucción y resolución de este tipo de casos. Las cuestiones que le surgen a uno al redactar estas líneas son sencillas: ¿debería ser posible en España un poder tan discrecional de los Tribunales sobre la Ley?; ¿Sería buena tal libertad interpretativa?; ¿Sería “lícito” saltarse los largos trámites parlamentarios sometiéndonos al albur de los jueces?; y, finalmente ¿existe alguna otra forma de que las leyes se puedan adaptar tan fácilmente a la realidad social como en los USA, evitándose daños económicos y, a veces, morales?

Related posts:

Actualidad jurídica, Mercantil | , ,