Archivo del Mayo, 2012

Licenciados exentos del sistema de acceso

Siguiendo con la apasionante historia de las vicisitudes de la aplicación de la ley de acceso, en este enlace encontraréis la noticia de que el martes 29 de mayo de 2012 todos los grupos parlamentarios acordaron que los licenciados en derecho, con independencia de la fecha en que obtengan la licenciatura, quedan exentos del sistema de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales (máster o curso -con prácticas- y prueba), siempre que se colegien dentro de los dos años siguientes a que estuvieran en condiciones de obtener dicha licenciatura:

http://www.expansion.com/2012/05/29/juridico/1338308688.html

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Enmiendas a la ley de acceso

El 24 de mayo de 2012 se han publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las nuevas enmiendas presentadas a la ley de acceso.

A pesar de que el día 29 trascendió que los grupos parlamenterios han consensuado la exención de la ley de acceso para los licenciados, para los más curiosos adjunto un extracto de dicho Boletín en el que he eliminado el texto que no tiene relación directa con dicha ley de acceso para poder centrar la lectura en lo que aquí interesa. Descargar extracto >>>

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El médico que encontró a Bin Laden (y el periodista que lo explicó)

En el ámbito de la ética las teorías no resuelven casos concretos. Todo caso concreto gira en torno a una decisión personal, y no hay nada que pueda suplantar a dicha decisión, ni siquiera la más sofisticada construcción doctrinal. ¿Son entonces inútiles las teorías? En absoluto: sirven a un fin que es mucho más modesto pero tremendamente importante, a saber, nos ayudan a entender mejor qué es lo que hay en juego en un dilema ético y nos ofrecen un mapa de la situación que nos permite tomar la decisión con lucidez (o justificarla racionalmente una vez tomada).

Un ejemplo espectacular de dilema deontológico ha llenado las páginas y los micrófonos de los medios internacionales recientemente. El protagonista ha sido un periodista que ha desvelado la identidad de un médico pakistaní que colaboró con la CIA para encontrar a Bin Laden. El caso es de libro, ya que ejemplifica como pocos el enfrentamiento entre los dos grandes paradigmas del pensamiento ético occidental: el deontologismo y el utilitarismo.

Según la visión deontológica, lo más importante, por no decir lo único importante, es el cumplimiento de los deberes en su propia literalidad. Estos deberes, haciendo honor al origen kantiano de la teoría, pueden por ello calificarse como categóricos. El famoso brocardo jurídico fiat justitia et pereat mundus sería una clásica instancia de este principio. Lo que importa aquí, desde un punto de vista ético, es hacer lo que se debe hacer, sin que los resultados o consecuencias sean propiamente determinantes.

La visión utilitarista parte de un presupuesto distinto: será moralmente correcto aquello que resulte bueno en sus consecuencias. Aquí lo que importa son los resultados, hasta el punto de que este enfoque teórico aspira a una matematización de la ética. El ideal de esta posición sería encontrar una fórmula de cálculo que nos permitiera sumar los resultados placenteros de cada acción y restarles la adición de las consecuencias desagradables, obteniendo así una base homogénea de comparación moral. No exagero: piénsese en el hedonistic calculus de Bentham.

Lo que hace interesante el caso en cuestión es que la decisión tomada por el periodista es tan claramente inadecuada desde una perspectiva utilitarista como justificada está desde la deontológica. Pensémoslo un momento. ¿Qué resultados ha tenido su decisión de desvelar la información? La vida del doctor está arruinada (lo último que se sabe es que estaba encerrado en una cárcel de Pakistán acusado de traición, lo cual, la verdad, no tiene buena pinta). La CIA ha recibido un golpe importante que puede comprometer otras operaciones tal vez vitales para la seguridad de Estados Unidos y de otros países Occidentales. El gobierno pakistaní queda, se mire como se mire, en una situación comprometida. Y lo que es tal vez peor, se ha generado una sensación de profunda desconfianza hacia el sistema sanitario en un país con un porcentaje de población extraordinariamente necesitada. Cuentan los corresponsales en el terreno que ahora cuando un médico acude a un pueblo a proporcionar vacunas a los paisanos, estos lo rehúyen creyendo que es un espía norteamericano.

Confrontado el periodista en la BBC con esta realidad, su respuesta fue rotunda: su compromiso es con la verdad, pura y simple, y no entiende que forme parte de su labor profesional proteger los secretos de la CIA. Lo siente mucho por el doctor y su familia, no hay más que hablar. Las virtudes y los defectos de la deontología, como teoría ética, están perfectamente contenidas en su actitud.

Vuelvo al comienzo. Ni que decir tiene que no es necesario haber leído a Kant para tomar esa decisión. Pero hacerlo nos ayuda a comprenderla en toda su profundidad. Muchos utilizan la ética profesional como un bonito instrumento decorativo. Los abogados somos especialmente fustigados por nuestra retórica deontológica, y nos acusan de utilizarla para encubrir las pequeñas injusticias diarias. Esta historia, sin embargo, nos enseña como mínimo una cosa: que la deontología puede ser extraordinariamente incómoda.

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Empezamos a hablar del Acceso a la Abogacía

Con este post inauguramos una nueva categoría en el blog de la Facultad de Derecho ESADE-URL dedicada al Acceso a la Abogacía.

Con la misma, nos proponemos abordar distintas cuestiones relacionadas con la formación profesionalizadora de los futuros abogados.

Así, pues, los destinatarios de las informaciones, opiniones, comentarios, reflexiones, análisis y demás aportaciones que se viertan son tanto los estudiantes universitarios que se están planteando formar parte de esta noble profesión como los docentes, los abogados expertos, los abogados noveles, y otros profesionales y personas interesadas en estos temas.

En fin, os animamos a participar en este nuevo apartado, a enriquecerlo con vuestras aportaciones, y a convertirlo en un foro de referencia para los apasionados de la formación profesional de los abogados.

Hagamos buenas las palabras de Séneca: “háblame para que yo te vea”.

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África, el otro continente emergente

África es la nueva frontera de la economía mundial. Tras Asia y América Latina, también el continente africano se suma a la Globalización. Atrae inversiones extranjeras sobre todo de China e India. También Brasil, Japón, Corea del Sur, Turquía. África despierta un creciente interés como un futuro gran mercado. Es también otro motor del comercio Sur-Sur.África alcanzó los 1.050 millones de habitantes en 2011, el 15% de la población
Inundial. En 2000 eran 800 millones. Crece a un ritmo del 2,3% anual, frente al 1% de la asiática y el 0,1% de la europea. Podría superar a India o China en sólo once años. Incluso alcanzar los 2.000 millones en 2045. La edad media es de 20
¿irnos, frente a los 30 en Asia y los 40 de Europa. Y el 40% ya vive en las zonas urbanas.

El continente cobija fabulosos recursos naturales, incluyendo los materiales raros. Los geólogos creen que las tres cuartas partes aún están por descubrir o explotar. Disfruta del 90% de las reservas mundiales de cobalto, el 50% del oro, el 90% del platino, el 98% del cromo, el 64% del manganeso, el 33% del uranio e ingentes reservas de petróleo.

Es el núcleo de una vasta zona de yacimientos que atraen inversiones, se construyen infraestructuras y se crean empleos que impulsan el consumo interno. Pero África es testigo de periódicas crisis provocadas por los efectos del cambio climático, las guerras y otros conflictos que afectan a millones de personas, principalmente en el noreste del continente y la franja del Sahel.

África creció un 5,5% en 2011. Si nos limitamos a África subsahariana, que incluye a 47 Estados, fue un 4,9%. Nigeria, la segunda economía africana, un 7%. El récord fue Ghana cuyo PIB alcanzó el 13,6%. En cambio, Sudáfrica, que representa más de un tercio del PIB africano, creció sólo un 3,2%.

¿Cómo se explica? Se debe, en gran parte, a una vigorosa demanda interior y al maná de divisas que llegan gracias a las exportaciones de sus recursos naturales. Se van invirtiendo en el desarrollo industrial y de servicios y en mejorar las condiciones sociales, educación y sanidad. Surgen unas clases medias dinámicas y emprendedoras que acceden a las nuevas tecnologías.

África ya cuenta con más de 600 millones de usuarios de teléfonos móviles. Y con la mejora de las infraestructuras educativas se forman unos recursos humanos más capacitados. También se atrae a la diaspora emigrada en su día a Europa, una parte son profesionales y técnicos que podrían retornar ante la difícil situación económica de la UE. Cabe ser optimista. Millones de africanos van saliendo cada año del pozo de la pobreza. La dimensión del mercado crecerá. África es el otro continente emergente.

Jaume Giné Daví

Profesor de la Facultad de Derecho de Esade

Artículo publicado en “Diari de Tarragona” (29.04.2012)

 
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Protección ante los abusos

El Gobierno argentino ha expropiado las acciones de Repsol en el capital de YPF. Sólo las españolas. No las de otras nacionalidades. Bolivia hizo algo parecido pocos años atrás. La intervención, con fuerza pública en las oficinas y proclamas sobre la soberanía nacional y el expolio de sus recursos, expresa una visión muy negativa de la inversión extranjera.

En Derecho Internacional hay dos perspectivas sobre la propiedad privada extranjera. Para la más clásica, la inversión extranjera es buena, hay que atraerla y protegerla (de ahí los esfuerzos de Madrid y Barcelona para atraer Eurovegas). Si se expropia, debe ser por causa de utilidad pública y previo pago de un precio justo y en divisas. Para la más izquierdista, la inversión extranjera roba los recursos naturales del país, sobre los que el Estado es soberano. La expropiación no tiene límites, y se paga el precio y en la divisa que quiera el expropiador.

Para protegerse de esos abusos, caben dos posibilidades. Por un lado, la protección diplomática por parte de su Estado nacional. El Estado donde tiene su sede la compañía, discrecionalmente, asume el caso como vulneración del mínimo que exige el Derecho Internacional. El pleito es a partir de ese instante entre Estados y puede acabar en el Tribunal Internacional de Justicia. Es lo que ocurrió en el caso Barcelona Traction, que en 1971 decidió contra Bélgica, y a favor de España, porque no se había perseguido sólo a los accionistas belgas de esa empresa canadiense que electrificó parte de España. En el caso de Repsol, la persecución contra los accionistas españoles es clara.

Otra posibilidad es acudir al arbitraje internacional, directamente, sin necesitar al Estado, gracias al tratado de protección de inversiones entre España y Argentina. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), en el Banco Mundial, vio cómo se condenaba a España enun primer caso de 1997, por perjudicar al Sr. Maffezini, un argentino que había construido una fábrica en Galicia. Luego, tras el corralito, Argentina se ha convertido en el Estado más demandado, con más de 30 asuntos. Parece la solución más probable. Lo hecho por Argentina sería como decir que Messi, formado en España y que cobra de un club español, sólo puede jugar con la selección argentina. Absurdo y seguramente contraproducente. Pero así es la historia.

Jordi Sellarés
Profesor de la Facultad de Derecho de ESADE

Artículo publicado en “Las Provincias” (18.04.2012)

Actualidad jurídica, Arbitraje, Derecho y sociedad | Permalink

Hacia la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 103, de 30 de abril de 2012, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Los objetivos de esta norma son tres: 1) garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas; 2) fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española; y 3) reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria. Esta Ley supone el desarrollo del mandato establecido en el artículo 135 de la Constitución Española -reformado en septiembre de 2011-, que introduce una regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural y limita, a su vez, la deuda pública al valor de referencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera se regulan en el capítulo III, donde se introducen importantes novedades. Así, de acuerdo con el artículo 11, todas las Administraciones Públicas (incluidas Corporaciones Locales y Seguridad Social) deberán presentar equilibrio o superávit, sin que puedan incurrir en déficit estructural. No obstante, y con carácter excepcional, el Estado y las CCAA podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria.

Los artículos 15 a 17 regulan los criterios para el establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas e, individualmente, para las CCAA.

El capítulo IV contiene una serie de medidas preventivas, correctivas y coercitivas. Desde un punto de vista correctivo (artículos 20 a 24) se prevé que el incumplimiento del objetivo de estabilidad exigirá la presentación de un plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año. En el supuesto de déficit por circunstancias excepcionales (catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria) se deberá presentar un plan de reequilibrio. La no presentación de estos planes implicará la adopción de distintas medidas coercitivas por parte del Gobierno (artículo 25), el incumplimiento de las cuales podrá derivar en la adopción de medidas de cumplimiento forzoso (artículo 26). En este último supuesto el Gobierno podrá “intervenir” a las CCAA, del mismo modo que también lo podrá hacer sobre las Corporaciones Locales, salvo que las CCAA tengan atribuida la tutela financiera de estas últimas.

Por otra parte, la Disposición Adicional Primera establece la obligación de presentar un plan de ajuste a aquellas CCAA o Corporaciones Locales que hayan acudido o vayan a acudir a algún mecanismo extraordinario de apoyo a la liquidez. Se prevé que el acceso a estos mecanismos venga precedido de la aceptación por la Comunidad Autónoma o la Corporación Local de una serie de condiciones particulares y el compromiso de que la adopción de sus medidas de ajuste garanticen, entre otros, el cumplimiento de las obligaciones de pago a proveedores incluidas en la Ley 3/2004.

Finalmente, cabe destacar que mediante la Disposición Transitoria 4ª se excluye del ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo 8 de la misma (en este apartado se prevé que el Estado no asumirá ni responderá de los compromisos de las Comunidades Autónomas ni de las Corporaciones Locales) a los mecanismos extraordinarios de financiación habilitados por el Estado durante el ejercicio 2012 para que las CCAA y las Corporaciones Locales hagan frente a las obligaciones pendientes de pago con sus proveedores anteriores al 1 de enero de 2012.

Alfonso Arroyo
Abogado y profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho ESADE

Barcelona, 7 de mayo de 2012

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