El rechazo a pagar los peajes (o Antígona redux)

En realidad la confrontación argumentativa es vieja como Occidente. Se trata de la ley, clara e inequívoca, contra lo que debería ser la ley o lo que nos gustaría que fuera. La manifiesta de manera cristalina el ejecutivo catalán al decir que entiende y comprende, pero que hay lo que hay.

La mejor fuente para este dilema sigue siendo la Antígona de Sófocles. Enfrentada con Creonte, el rey de Tebas, que le impide enterrar el cuerpo de su hermano Polínicles, muerto en la guerra, y a quien Creonte considera un traidor de la patria, la heroína griega argumenta con rotundidad. Tu ley, Creonte, es válida como ley humana, pero se opone a la verdadera ley, la de los dioses, que exige honrar el cadáver de este guerrero y enterrarlo conforme a los ritos establecidos.

En Antígona la resolución es clara. Creonte, el rey que quiere imponer su voluntad humana sobre la justicia divina, es castigado de la manera más cruel con el suicidio de su hijo y de su mujer. Todo acaba bien, en el sentido en que ha de acabar bien una tragedia: los dioses siempre ganan.

En la Grecia antigua eso era posible porque se vivía conforme a una cosmología que lo aglutinaba todo y daba armonía a los contrarios. El mundo moderno no va por ahí. Como nos explican los filósofos contemporáneos la razón se ha escindido en una multitud de razones independientes, que tienen todas un sentido parcial, pero que no se entienden entre sí. El mundo contemporáneo fue desencantado (con Weber), y el Derecho, que es de lo que aquí hablamos, se entregó a su propia racionalidad formal. En otros términos: lo que fundamenta a las leyes es la manera burocráticamente correcta en que son emitidas. Esta concepción encontró en el positivismo un adecuado paradigma dominante. Es la ley, se aplica y punto.

El que esa lógica no corresponda con la lógica de justicia que, en el mejor de los casos, apoya la rebeldía ante los peajes, es perfectamente normal. Aunque esa lógica esté basada puramente en cálculos utilitaristas (individuales o colectivos), o incluso tenga unas difícilmente veladas resonancias nacionalistas, es una lógica de justicia, una lógica política (con p mayúscula), y por tanto distinta. La refleja bien el ejecutivo (catalán, pero estatal, porque el Estado es uno, otro de los principios del positivismo) cuando dice que entiende, insinúa que comparte, pero afirma que aplica. Sí, pero. Hay lo que hay.

Quizás exista un elemento que genera aún más desasosiego, y es que la fundamentación de la norma no se rija en su nivel profundo ni por la lógica política ni por la lógica jurídica, sino por una lógica económica, movida por intereses más o menos explícitos, y que en realidad se impone a todas las demás. Que eso es así, en este caso y en todos, tiene mucho que ver con la situación de disgusto, desconcierto y desmotivación ciudadana que nuestras democracias están sufriendo.

 Hay lo que hay.

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