Las reformas sociales, mejor por consenso

España ha vivido dos grandes crisis económicas después de la Guerra Civil. La que nos acompañó a lo largo de la transición y nos llevó desde una sociedad avergonzada de sí misma a un país satisfecho de su meritorio acceso al mundo más desarrollado y la actual, que sabemos de dónde parte, pero no dónde desembocará. Toynbee consideraba que las civilizaciones eran fruto de la reacción colectiva frente a determinadas circunstancias adversas. Eso también cabe aplicarlo a escala más reducida a los retos que plantean las crisis cíclicas del capitalismo. Las sociedades que saben reinventarse ante la adversidad serán las que dejarán un buen legado a la siguiente generación. Para ello es preciso conjugar las urgencias de la coyuntura con la visión de las claves de nuestro futuro.

En el largo plazo querríamos vislumbrar una sociedad demográficamente equilibrada. El problema de Europa en las próximas décadas será el envejecimiento de su población, por lo que deben impulsar las políticas favorables a la natalidad y a la integración de inmigrantes. Puede parecer paradójico que empiece por aquí cuando tenemos un sistema incapaz de integrar a los jóvenes en el mundo laboral, pero el corto plazo no nos debe esconder que una pirámide de población compensada es precondición para una sociedad dinámica.

Desearíamos además que esa población se hallara bien formada y fuera capaz de aportar valor a la sociedad, por lo que deberíamos orientar la reforma educativa a este objetivo. Nuestro sistema universitario, fruto de decisiones populistas, ha fomentado la creación de centros que distan mucho de ofrecer lo que la sociedad requiere, mientras que la enseñanza secundaria ha sufrido tantas reformas como gobiernos hemos tenido. Necesitamos reformar el sistema universitario y la enseñanza secundaria, pero ambos de forma consensuada.

Y finalmente nos gustaría contar con un marco constitucional satisfactorio para el siglo XXI. Aznar empezó a cercenar el pacto constitucional elaborado en la transición y Zapatero lo ha dinamitado. No es momento de lamentos, sino de enfrentarnos a la realidad y apuntar a un nuevo consenso. Los partidos estatales no pueden practicar la política del avestruz ni escudarse en las actuales urgencias, ya que los que en Catalunya creemos en un proyecto dentro de España nos estamos quedando sin argumentos. Madrid debe entender que el centralismo no hará sino fragmentar España.

Sin perder de vista el largo plazo, debemos abordar las reformas que la urgencia del momento nos requiere. Podemos agruparlas en tres ejes: las dirigidas a fomentar la competitividad de nuestras empresas, tales como la modificación de nuestro mercado de trabajo, el fomento de la innovación y la recuperación de tejido industrial; las destinadas a regenerar el circuito del crédito, a través del saneamiento del sistema financiero y la generación de líneas de financiación alternativas, y las encaminadas a ajustar el gasto público a un nivel sostenible a largo plazo.

Para acabar, lo que no hay que hacer. Como en la educación, en las normas que regulan el sistema social de convivencia, las reformas y contrarreformas nos evocan la triste herencia del siglo XIX. Hay regulaciones como la del aborto, de la anterior legislatura que son discutibles, pero si se deciden ajustar debe hacerse con finura y manteniendo nuestra legislación en el margen de tolerancia que la mayoría de nuestra sociedad reclama.

Miguel Trias Sagnier
Catedrático de la Facultad de Derecho de ESADE

Artículo publicado en “La Vanguardia” (01.04.2012)

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