Un marco laboral en la dirección correcta

La reforma laboral del 2012 es de una enorme trascendencia en tanto que cambia sustancialmente reglas e instituciones que han lastrado la modernización de nuestras relaciones de trabajo en comparación con otros países europeos: excesiva temporalidad, poca seguridad jurídica en la procedencia de los despidos, intervencionismo de la Administración, dificultad para renovar los convenios colectivos…

De esta forma, el juicio positivo que merece estriba en que contribuirá a romper determinadas tendencias patológicas que han caracterizado nuestro mercado laboral y que lo han convertido en una anomalía en el aspecto comparado, de forma que promocione una nueva dinámica que ayude a mantener plantilla, adapte mejor las condiciones de trabajo y acelere el proceso de creación de puestos de trabajo, especialmente mediante una contratación indefinida menos rígida. Si la reforma del marco legal en sí no crea directamente empleo, lo cierto es que, al introducir dosis importante de flexibilidad, incrementa la eficiencia organizacional de la empresa, y, por ende, posibilita su mayor competitividad, manteniendo y dinamizando el empleo.

Con ser amplios y profundos los cambios que introduce -eliminación de la autorización administrativa en los despidos colectivos, reducción del coste del despido improcedente…-, hay que subrayar que la reforma se desarrolla dentro de los parámetros que caracterizan al modelo social europeo. No ha existido una desviación respecto a lo que son los
principios esenciales de libertad sindical, del derecho de negociación colectiva, y de la protección social y derechos fundamentales que caracterizan dicho modelo.

Más aún, como dice el preámbulo de la norma, su eje central es el avance en la denominada ¿flexiseguridad”, que se ha convertido en la columna vertebral de la política comunitaria en los últimos años. Así, la reforma da especial relevancia a la promoción de la formación profesional a fin de incrementar la empleabilidad, potencia la contratación estable con acento en las empresas de menores dimensiones, y da una mayor facilidad para las modificaciones de las condiciones de trabajo a fin de que la adaptación de las empresas venga en menor medida a través de la extinción de los contratos. Con relación precisamente a los despidos, la reforma se desenvuelve dentro de los parámetros constitucionales de causalidad y control judicial de estos y pretende normalizar el cauce de los despidos procedentes, eliminando el llamado despido exprés, a efectos de erradicar la anomalía que representa que las resoluciones contractuales por causas empresariales se desarrollen fundamentalmente mediante despidos improcedentes.

A pesar de la oposición que este cambio del marco laboral puede suscitar, y que ha tenido su máxima expresión en la huelga general del 29 de marzo, hay que subrayar que estamos ante una reforma que, más allá de los ajustes que deban realizarse en los trámites parlamentarios, tendentes sobre todo a eliminar toda posible incertidumbre sobre la adecuación a la legalidad de determinados aspectos concretos, está llamada a dinamizar nuestro mercado de trabajo, dotando de mejores instrumentos a las empresas y a los sindicatos para que creen y mantengan empleo, encontrando en la flexibilidad interna la vía para responder a los desafíos de un mercado globalizado, y en la negociación colectiva una vía de regulación de condiciones de trabajo más adaptadas y adaptables según los cambios en las circunstancias de las empresas.«

Salvador del Rey Guanter
Catedrático de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de ESADE

Artículo publicado en “La Vanguardia” (01.04.2012)

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