Un apunte sobre la Unidad de mercado, a propósito de la Unfair competition Act y la protección de la propiedad intelectual

La Constitución de la Federación americana (1787/88) pretendió dar respuesta a la falta de poderes de la Confederación de las trece colonias (1777) para garantizar la libertad de comercio interestatal y con naciones extranjeras. Para ello dotó al Congreso de los EEUU, del poder de regular dicho comercio (Commerce Clause). En palabras del que fue Juez del Tribunal Supremo, Wiley B.Rutledge en su libro “ A Declaration of Legal Faith” :

“ It was… to secure freedom of trade, to break down the barriers to its free flow, that the Annapolis Convention was called, only to adjourn with a view to Philadelphia. Thus the generating source of the Constitution lay in the rising volume of restraints upon commerce which the [Articles of] Confederation could not check. These were the proximate cause of our national existence down to today (…)”

Las implicaciones económicas de las vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual están impulsando nuevas medidas en diferentes ordenamientos jurídicos, que son objeto de atenta consideración por quienes tienen interés en estos ámbitos.

El martes 21 de febrero, en el campus de Madrid, celebramos una mesa redonda que tuve el honor de moderar, coorganizada por la Embajada USA en España y la Facultad de Derecho de ESADE en la que se analizaron las Unfair Competition Act de los estados de Washington y de Lousiana y la Ley española de Competencia Desleal.
Las leyes de ambos estados norteamericanos habilitan a demandar civilmente a los industriales que usan tecnologías de la información obtenidas ilegalmente en la producción, márketing o venta del producto. Se basan en la asunción que la utilización de IT sin respetar la propiedad intelectual permite precios más baratos y, por tanto, que da una ventaja competitiva contraria a la buena fe que debe regir las relaciones en el mercado entre los empresarios, esto es: que es desleal.

En las intervenciones de Stephen Liston (consejero económico de la Embajada USA), Montiano Monteagudo (profesor de la Universidad Pompeu Fabra) y Javier Fontcuberta (profesor de nuestra Facultad) se analizaron entre otros puntos las repercusiones de estas prácticas de uso ilegal de IT, los supuestos de hecho a los que es aplicable la legislación citada, la posibilidad –confirmada- de demandar a terceros que venden los artículos o productos en cuestión, lo que es un elemento clave para la eficacia de las normas y la competencia para intervenir de los tribunales españoles.

Junto al interés objetivo de conocer la aplicabilidad y límites de estas normas en la lucha contra la lacra de la vulneración de la propiedad intelectual, me llamó la atención que, hasta el presente, hayan sido decisiones de parlamentos estatales y no del Congreso federal las que incorporen estas medidas. Considerando que la Constitución americana pretendió a través de la Clausula de Comercio habilitar al Congreso para garantizar la libertad de comercio e impulsar la unidad de mercado, es curioso que algo más de 220 años después la iniciativa la hayan tomado los estados ante la inactividad Federal. Unas medidas que persiguen garantizar un comercio leal; pero que eventualmente podrían utilizarse en clave proteccionista.

Cuando se anuncia un debate sobre la unidad de mercado y el poder regulador de las comunidades autónomas en España y la conveniencia de replantearlo en función de la primera, no está de más considerar que ni en EEUU, cuya creación institucional tiene mucho que ver con la necesidad de garantizar dicha unidad de mercado, las soluciones son evidentes.

Enric R.Bartlett Castellá
Profesor de Derecho Público Facultad de Derecho de ESADE (Univ. Ramon Llull)

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