Buenos propósitos en época de crisis…

La respuesta del legislador catalán a la crisis económica se ha manifestado de forma principal a través de tres leyes generales, llamadas “omnibus” por su contenido amplio y variado, con las que se pretende promover la actividad económica, simplificar y mejorar la regulación normativa y restructurar el sector público. Son las leyes 9, 10 y 11 de 29 de diciembre de 2011.
Nos detendremos ahora en comentar la reciente ley 11/2011 de reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa.
Esta tercera ley ómnibus tiene un contenido marcadamente organizativo. Con el fin de conseguir una administración ágil y sostenible, al servicio de los ciudadanos y de los objetivos de desarrollo económico, se pretende actuar de forma directa en la organización del sector público suprimiendo organismos y entidades y reordenando la estructura de dicho sector. El objetivo principal es lograr una mayor eficacia en la estructuración del sector público y, subsidiariamente, reducir costes. Esto es, se pretende limpiar la hojarasca administrativa acumulada con el paso de los años y que se ha demostrado cara e ineficaz, y conseguir articular un sector público mejor musculado para afrontar los nuevos retos que plantea la crisis.
La ley afirma que constituye “una primera fase” en el proceso de restructuración de la Administración de la Generalitat y su sector público. Las notas esenciales del nuevo texto legal son las siguientes:

a. Reducir el sector público de la Generalidad de Cataluña.
b. Reorganización del sector público para lograr una actuación más ágil con estructuras simplificadas y una mejor asignación de funciones.
c. De forma incidental también se actúa sobre cuestiones procedimentales o de personal.

En definitiva, estamos ante un ambicioso texto legal que junto con las otras dos leyes 9 y 10 de 29 de diciembre pretende sentar las bases para la intervención administrativa en una época de crisis. Con este fin esta ley trata de mejorar la eficacia de los instrumentos de la presencia pública, suprimiendo lo ineficaz e innecesario y asignando nuevos cometidos de forma más precisa y eficiente.

Alfonso Arroyo
Abogado y Profesor de Derecho Administrativo ESADE

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