Archivo del Enero, 2012

A grandes males, grandes remedios

Como venía siendo predecible, y a pesar de haber negado durante su campaña electoral la subida de impuestos, una de las primeras medidas del nuevo Gobierno ha sido el incremento del IRPF afectando a todos los tramos de renta. Algunos tildan a esa subida de decisión valiente y necesaria; otros por el contrario, no sólo la consideran desacertada sino que además entienden que el mayor desfase existente entre el tipo que grava la Renta y el tipo que grava las sociedades supondrá un aumento del fraude. Por mi parte, suscribo el incremento de presión fiscal a las rentas más altas pero considero del todo inoportuno que esta presión fiscal afecte en su mayoría a las clases medias, situándonos sobre esas rentas muy por encima de la media europea.

Es evidente que el nuevo ejecutivo necesita con urgencia combatir el déficit y reducir el gasto y parece que la subida de impuestos es la medida más rápida para tal propósito. La cuestión ahora es analizar la posibilidad de introducir otras medidas también de índole tributaria pero sin afectar directamente la renta de los contribuyentes. Una de las medidas que suscitó cierto debate social y que apuntaban diversos medios de comunicación hace ya más de un año es la llamada amnistía fiscal; medida que como es bien sabido no llegó a llevarse a cabo. Sigo planteándome si ésta no sería una opción como mínimo a valorar.

El objetivo de una amnistía fiscal es siempre el mismo: repatriar los capitales huidos a paraísos fiscales, así como aflorar el dinero de la economía sumergida. Existen diversas fórmulas pero todas tienen algo en común; “perdonar” a los contribuyentes que ocultan dinero al fisco a cambio de que el mismo vuelva a entrar en el circuito legal. Este “perdón” tiene una contrapartida fácilmente asumible; a grandes rasgos dos suelen ser las líneas básicas; regularizar dichos fondos gravándolos a un tipo muy reducido, pongamos por ejemplo el 5%, o bien, eliminar las consecuencias fiscales y penales si se invierte el capital defraudado en deuda pública a un interés inferior al de mercado. Se trata en definitiva de financiar a coste más barato la deuda pública.

A España este tipo de medidas no le son desconocidas, pues el Gobierno de Felipe González puso en marcha dos planes de amnistía fiscal en 1.984 y en 1.991. Ya en aquellos tiempos se generó un debate social que sigue abierto a fecha de hoy, todavía si cabe, con más intensidad. Es evidente que nadie puede objetar que es “éticamente reprochable” que aquellos que han defraudado el sistema de manera flagrante ahora se les deje impunes. Mientras, al resto de contribuyentes no solo se nos exige el fiel cumplimiento de nuestras obligaciones, sino que además esta exigencia viene acompañada de una subida de impuestos que nos ha afectado a todos.

No obstante, y a pesar de que entienda perfectamente aquellos que tildan a esta posible amnistía fiscal como “injusta y antisocial”, prefiero centrarme en la situación actual y analizar si debería darse entrada al pragmatismo económico, superando los argumentos de naturaleza ética, los cuales, insisto, son absolutamente comprensibles. Así, ante la grave crisis actual, ¿no deberían priorizarse las soluciones? es evidente que las arcas del Estado necesitan con urgencia la recaudación de fondos. No es fácil saber con exactitud el dinero que actualmente está depositado en los paraísos fiscales, pero según la OCDE la riqueza acumulada en estos países procedentes de contribuyentes españoles podría llegar a alcanzar los 200.000 millones de euros. Las previsiones de éxito de una eventual amnistía fiscal son difíciles de predecir, pero me uno a aquellas voces que considerarían un logro para el Gobierno captar 50.000 millones de euros. Eso sí, obviamente debería tratarse de una amnistía que en modo alguno amparase la regularización de fondos provenientes de actividades ilícitas (tráfico de drogas, corrupción, terrorismo, etc.), puesto que las responsabilidades penales nunca quedarían amparadas por una amnistía fiscal. A nivel comparativo, piénsese que con la controvertida vuelta del Impuesto sobre el Patrimonio se espera una recaudación entre los 1.000 y los 1.500  millones de euros; cifra muy inferior a la que podría llegar a recaudarse ante una eventual amnistía fiscal.

Una amnistía fiscal no sólo supondría una repatriación del dinero evadido y que aflorase el “negro” generado por la economía sumergida, sino que además lograría que ese dinero oculto volviera a estar en circulación y sujeto a imposición. En cualquier, caso ese dinero, salvo por una medida de este tipo, es dinero perdido e irrecuperable. Si con ello se apaciguara el grave problema financiero de España y se evitara seguir el camino de Grecia, ¿alguien pondría alguna objeción? Tampoco puede parecer justo inyectar dinero a los bancos cuando ellos han sido en gran medida los causantes de la crisis actual y nadie lo ha puesto en duda. No pretendo comparar medidas pero lo que sí creo es que en los tiempos que corren no podemos permitirnos el lujo de no sospesar una iniciativa de carácter excepcional como ésta, ya que como dice el refrán, a grandes males, grandes remedios.

Diana Ferrer

Profesora de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de ESADE (URL)

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La Audiencia Nacional aporta algo de cordura al sistema tributario

La reciente sentencia de 12 de diciembre de 2011 de la Audiencia Nacional ha negado la aplicación automática de los recargos por las regularizaciones extemporáneas -pero voluntarias- de los contribuyentes, cuando se infrinja con ello el principio de proporcionalidad y de la buena fe de los contribuyentes.

Como sabemos la norma aplicable en estos casos prevé la posibilidad de que los obligados regularicen voluntariamente su situación fiscal, eximiendo de la imposición de sanciones pero aplicando los llamados “recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo”. A diferencia de las sanciones (respecto de las que se exige la concurrencia del elemento subjetivo en el autor que debe ser acreditado por la Administración), la Administración Tributaria viene imponiendo este tipo de recargos de forma automática, por la mera presentación de la autoliquidación (y de su ingreso) fuera del plazo establecido. Y ello con independencia del motivo de la extemporaneidad. A la Administración le resulta indiferente si el retraso es debido a la pura negligencia del obligado o si es debido a un accidente de tráfico, que por ejemplo, le tenga postrado en la UCI durante un mes. La consecuencia es la misma, la imposición de un recargo automático que se modula en su porcentaje en función del grado de extemporaneidad. Con el ejemplo que acabamos de exponer ya se observa que el sistema adolece de defectos importantes.

La Audiencia Nacional en la sentencia citada declara la improcedencia de la aplicación automática del recargo exigiendo que la Administración analice la voluntariedad del contribuyente en el momento de la regularización extemporánea. En opinión de la Sala los recargos deben ser instrumentos que sirvan para motivar al obligado a regularizar su situación tributaria, y en ningún caso un impedimento de la misma.

La Audiencia reconoce en el caso de autos la buena fe del contribuyente, que regulariza su situación tributaria voluntariamente ahorrando recursos a la AEAT, y declara la improcedencia de los citados recargos por cuanto adolecen de la más esencial proporcionalidad. Se confirma por tanto el principio general de que cabe huir del automatismo y de la desproporción a la hora de aplicar el sistema tributario.

Fernando Javier Triviño Prieto es Profesor asociado de ESADE y abogado Senior de Cuatrecasas

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Buenos propósitos en época de crisis…

La respuesta del legislador catalán a la crisis económica se ha manifestado de forma principal a través de tres leyes generales, llamadas “omnibus” por su contenido amplio y variado, con las que se pretende promover la actividad económica, simplificar y mejorar la regulación normativa y restructurar el sector público. Son las leyes 9, 10 y 11 de 29 de diciembre de 2011.
Nos detendremos ahora en comentar la reciente ley 11/2011 de reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa.
Esta tercera ley ómnibus tiene un contenido marcadamente organizativo. Con el fin de conseguir una administración ágil y sostenible, al servicio de los ciudadanos y de los objetivos de desarrollo económico, se pretende actuar de forma directa en la organización del sector público suprimiendo organismos y entidades y reordenando la estructura de dicho sector. El objetivo principal es lograr una mayor eficacia en la estructuración del sector público y, subsidiariamente, reducir costes. Esto es, se pretende limpiar la hojarasca administrativa acumulada con el paso de los años y que se ha demostrado cara e ineficaz, y conseguir articular un sector público mejor musculado para afrontar los nuevos retos que plantea la crisis.
La ley afirma que constituye “una primera fase” en el proceso de restructuración de la Administración de la Generalitat y su sector público. Las notas esenciales del nuevo texto legal son las siguientes:

a. Reducir el sector público de la Generalidad de Cataluña.
b. Reorganización del sector público para lograr una actuación más ágil con estructuras simplificadas y una mejor asignación de funciones.
c. De forma incidental también se actúa sobre cuestiones procedimentales o de personal.

En definitiva, estamos ante un ambicioso texto legal que junto con las otras dos leyes 9 y 10 de 29 de diciembre pretende sentar las bases para la intervención administrativa en una época de crisis. Con este fin esta ley trata de mejorar la eficacia de los instrumentos de la presencia pública, suprimiendo lo ineficaz e innecesario y asignando nuevos cometidos de forma más precisa y eficiente.

Alfonso Arroyo
Abogado y Profesor de Derecho Administrativo ESADE

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Foro IP & IT – patentes de células madre

En la última sesión del Foro IP & IT, Lídia Casas (Bioquímica y Técnico de Patentes del Centre de Patents de la Universitat de Barcelona) abordó el novedoso tema de la patentabilidad de las células madre, que plantea preguntas complejas desde múltiples perspectivas (éticas, legales, de salud pública, de configuración de incentivos a la innovación…).

Tras una introducción sobre conceptos técnicos básicos, la presentación se centró en la reciente sentencia del TJUE de 18 de octubre de 2011 sobre células madre (“Caso Brüstle”). La patente objeto del procedimiento en el que se planteó la cuestión prejudicial se refiere a células madre neuronales, a sus procedimientos de obtención a partir de células madre embrionarias y a su utilización para fines terapéuticos.

La cuestión prejudicial planteada, básicamente, versa sobre la interpretación del artículo 6 c) de la Directiva 98/44/EC:

1. ¿Qué se entiende por “embrión humano” según el artículo 6 c)?” ¿Qué estadios de desarrollo están comprendidos? ¿Entra en el concepto de embrión las células madre obtenidas a partir de embriones en estadio de blastocisto? (embriones en este estadio son en la práctica los más utilizados para obtener las células )

2. ¿Qué se entiende por “uso de embriones humanos para aplicaciones industriales o comerciales”? ¿Incluye el uso para investigación científica?

3. Si la utilización de embriones humanos no está reivindicada pero es necesaria para llegar a la invención reivindicada (por ejemplo, se reivindica un producto cuya obtención exige la previa destrucción del embrión humano), ¿puede utilizarse una línea celular intermedia, o también está excluido de patentabilidad?

Con respecto a la primera cuestión, el Tribunal proporciona una definición en línea con la práctica de la EPO (establecida en decisiones como la G 2/06, Caso WARF, que también se analizó durante la sesión): el concepto “embrión humano” comprende todo óvulo humano fecundado, toda estructura apta para iniciar este proceso (aquí entraría el concepto de clonación) y todo óvulo no fecundado estimulado para dividirse mediante partenogénesis.

Ahora bien, según señaló la ponente, el Tribunal no responde a si el concepto de embrión entran las células madre obtenidas a partir de embriones en estadio de blastocisto, sino que lo deja a la determinación del Juez nacional, a la luz de los avances de la ciencia. Tal como se subrayó en la presentación, este es el punto crucial de la cuestión, en la medida en que el blastocisto es la principal fuente de células madre embrionarias pluripotentes.

Sobre este punto se planteó cierto debate en el turno de preguntas posterior a la presentación, con la pregunta de si lo que el Tribunal está dejando a la determinación del Juez nacional es la definición del “blastocisto” en sí mismo considerado, o más bien la cuestión de si las células que se extraigan a partir del blastocisto son aptas para iniciar el proceso de desarrollo de un ser humano, y por tanto están excluidas de patentabilidad.

Sobre la segunda cuestión prejudicial, el Tribunal establece que la exclusión de patentabilidad para fines industriales o comerciales establecida por el artículo 6.2 c) de la Directiva también alcanza a la utilización con fines de investigación científica, con las precisiones que realiza en los puntos 40 a 46 de la Sentencia, cuestión también en línea con la práctica de la EPO hasta el momento.

Respecto a la tercera cuestión, las células madre derivadas de líneas celulares intermedias, el Tribunal responde que la invención de que se trate estará excluida de patentabilidad si la información técnica objeto de la solicitud de patente requiere la destrucción previa de embriones humanos o su uso como materia prima, sea cual sea el estadio en el que estos se utilicen, y con independencia de que en la descripción no se mencione la utilización de embriones humanos.

La presentación terminó con una breve referencia a las normas sobre investigación en células madre, que no deben confundirse con las normas que regulan la patentabilidad. La legislación es muy distinta entre los Estados Miembros: por ejemplo, en España, Reino Unido y Suecia es bastante permisiva y permite la fecundación in vitro y la transferencia nuclear (la clonación para obtener líneas celulares). Por otra parte, en Estados como Italia o Alemania sólo se permite trabajar con líneas de células madre embrionarias humanas importadas.

En España el marco legal que regula la investigación con células madre está configurado, básicamente, por dos leyes: la Ley 14/2006, de 26 de mayo, de técnicas de reproducción humana asistida y la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica. Es importante tener en cuenta que el ámbito objeto de investigación permitido por estas leyes es más amplio que el ámbito de patentabilidad establecido por la Ley de Patentes.

Ana Benetó Santa Cruz

En el debate se plantearon varias preguntas que recogemos aquí y que la ponente ha tenido la amabilidad de contestar a continuación detalladamente:

  • En un programa de fecundación, ¿qué se suele hacer en la práctica con los embriones sobrantes? ¿Qué posibilidades da la Ley 14/2006?

(Lídia Casas) La Ley 14/2006, Capítulo III Artículo 11 puntos 3 y 4 establece que:

3. Los preembriones sobrantes de la aplicación de las técnicas de fecundación in vitro que no sean transferidos a la mujer en un ciclo reproductivo podrán ser crioconservados en los bancos autorizados para ello. La crioconservación de los ovocitos, del tejido ovárico y de los preembriones sobrantes se podrá prolongar hasta el momento en que se considere por los responsables médicos, con el dictamen favorable de especialistas independientes y ajenos al centro correspondiente, que la receptora no reúne los requisitos clínicamente adecuados para la práctica de la técnica de reproducción asistida.

4. Los diferentes destinos posibles que podrán darse a los preembriones crioconservados, así como, en los casos que proceda, al semen, ovocitos y tejido ovárico crioconservados, son:

(a) Su utilización por la propia mujer o su cónyuge.

(b) La donación con fines reproductivos.

(c) La donación con fines de investigación.

(d) El cese de su conservación sin otra utilización. En el caso de los preembriones y los ovocitos crioconservados, esta última opción sólo será aplicable una vez finalizado el plazo máximo de conservación establecido en esta Ley sin que se haya optado por alguno de los destinos mencionados en los apartados anteriores.

  • Las dudas que plantea la Sentencia del Caso Brüstle, ¿se refieren al blastocisto en sí mismo considerado, o a las células que se obtengan del blastocisto?

(Lídia Casas) Para profundizar en los puntos conflictivos de la decisión del TJUE, tuve la oportunidad de hablar con una experta en líneas de células madre embrionarias, la Dra. Begoña Aran, que me clarificó muchas dudas científico-técnicas. He podido llegar a las siguientes conclusiones que comparto aquí con vosotros. Evidentemente lo que sigue son opiniones personales a partir de la decisión del TJUE y del Case Law de la EPO:

¿Cómo se realiza técnicamente la derivación de líneas de células madre?

 Más del 90% de las líneas de células madre derivan de embriones en estadio de blastocisto. Las otras pueden derivar de estadios anteriores. En el blastocisto las células son pluripotentes. El blastocisto está formado por una estructura externa y una masa celular interna. La masa celular interna formará el feto. La capa de células externas muy delgada llamado trofoblasto nutre al blastocisto y formará la parte embrionaria de la placenta.

Para la derivación de una línea se extrae la masa celular interna. Normalmente se extrae TODA la masa celular. Por lo tanto implica la destrucción del embrión. Normalmente no se extraen unas cuantas células de la masa interna para derivar una línea celular (no habría destrucción del embrión). Esto se podría hacer pero con menos eficiencia que lo anterior.

Desde estadios anteriores del embrión también se pueden derivar líneas de células madre pero no es frecuente (poco eficiente). Estos estadios serían el de mórula (hasta 8 células) y estadios anteriores donde las células son todas iguales y totipotentes (en mórula también son totipotentes).

El estadio de mórula llega hasta unas 8 células. Estas células están en forma de células individuales (blastómeros). Cuando hay más de 8 células, estas compactan en una estructura para formar el blastocisto (ya no son blastómeros individuales) por lo que es complicado extraerlas en este estadio intermedio después de las 8 células y antes de pasar a blastocisto.

La derivación de líneas de células se hace a partir de embriones congelados. El estadio en el que se congela el embrión puede variar. Puede estar en estadio de blastocisto o en un estadio previo. Si están en un estadio previo, se cultiva hasta que está en estadio de blastocisto y de allí se deriva la línea celular.

Comentarios a los puntos de la decisión del TJUE donde se trata el “blastocisto”:

Punto 37. Por lo que se refiere a las células madre obtenidas a partir de un embrión humano en el estadio de blastocisto, corresponde al juez nacional determinar, a la luz de los avances de la ciencia, si son aptas para iniciar el proceso de desarrollo de un ser humano y si, por consiguiente, quedan incluidas en el concepto de «embrión humano» en el sentido y a los efectos de la aplicación del artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva.

Técnicamente, las células madre obtenidas a partir del blastocisto (la masa interna del blastocisto) NO son aptas para iniciar el proceso de desarrollo de un ser humano. Para iniciar el proceso de desarrollo de un ser humano se necesitaría de la estructura externa (trofoblasto) que origina la placenta; es decir, se necesitaría el blastocisto intacto entero.

Por lo tanto, “las células madre obtenidas a partir de un embrión humano en el estadio de blastocisto” (actualmente) NO “serían aptas para iniciar el proceso de desarrollo de un ser humano” y por consiguiente, NO quedarían “incluidas en el concepto de «embrión humano» en el sentido y a los efectos de la aplicación del artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva.”

Según lo anterior, estas células NO estarían excluidas de patentabilidad.

En relación a lo anterior, todavía me queda una duda: Independientemente de lo anterior, para obtener estas células a partir del blastocisto, tenemos que destruirlo. En esta situación, a la vista de la decisión G2/06 de la EPO, no serían patentables células madre si hay destrucción del embrión. Pero acabamos de decir que estas células derivadas del blastocisto no estarían incluidas dentro del concepto “embrión humano” del artículo 6.2(c). Por lo tanto estaríamos destruyendo algo que no es considerado un embrión. Si juntamos G2/06 y la decisión del TJUE estas células madre podrían ser patentables porque no hay destrucción del “embrión humano” tal y como entiende este concepto en el Art. 6.2(c) por el TJUE. Espero que decisiones posteriores clarifiquen este punto.

Punto 48. Esta cuestión se plantea con ocasión de un asunto relativo a la patentabilidad de una invención relativa a la producción de células progenitoras neuronales, que supone la utilización de células madre obtenidas a partir de un embrión humano en el estadio de blastocisto. Pues bien, de las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia se desprende que la extracción de una célula madre de un embrión humano en el estadio de blastocisto implica la destrucción de dicho embrión.

Técnicamente esto no es cierto. “La extracción de una célula madre de un embrión humano en el estadio de blastocisto” NO tiene porque “implicar la destrucción de dicho embrión”.

Si el objetivo es derivar una línea de células madre como hemos comentado antes, normalmente sí se destruye el embrión porque se utiliza TODA la masa interna del blastocisto. Pero si el objetivo es extraer UNA (o varias, no todas) células madre de un blastocisto, no se destruye el embrión.

En el diagnóstico preimplantacional, el objetivo es analizar qué embrión no es portador de la enfermedad para implantarlo en la madre. Por lo tanto, el análisis se hace sobre cada embrión obtenido por fecundación in vitro. Para el análisis se extraen una o dos células del embrión (blastómeros) y naturalmente no se destruye el embrión porque si éste es no portador de la enfermedad será el que se implantará para formar un ser humano. Normalmente el diagnóstico se hace en un estadio previo al blastocisto en el que el embrión tiene de 6-8 células. En estadio de blastocisto normalmente no se hace este análisis.

 *

Finalmente, adjuntamos links a algunos documentos relevantes citados durante la sesión:

-                     Decisión de la EPO de 25 de noviembre de 2008 (Caso WARF): http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g060002ex1.pdf

-                     Sentencia del TJUE de 18 de octubre de 2011: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0034:ES:HTML

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La desesperación de los “autores” sigue sin encontrar remedio

Hace escaso un mes nuestros medios de comunicación se han hecho eco de una noticia tan comentada como poco explicada: la desestimación de la demanda interpuesta por una serie de empresas discográficas contra Pablo Soto, desarrollador y explotador de programas peer-to-peer o P2P (sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Madrid, de 25 de noviembre de 2011).

De hecho, no han sido pocas las voces que, tras conocerse la noticia, se han alzado para recibir con agrado lo que consideran una sentencia que acaba con los monopolísticos derechos de las discográficas; o , todo lo contrario, para criticarla por permitir que el Sr. Soto saliese impune de tan evidente infracción.

No obstante lo anterior, como es habitual, difícilmente puede comprenderse la exoneración del Sr. Soto si no se atienden las razones que han conducido a ello, si únicamente nos guiamos por la sesgada información que partidarios y detractores de los derechos de autor muestran para sustentar sus propias opiniones.

La piedra angular del proceso iniciado contra Pablo Soto, y que entraña la clave de la resolución adoptada por el Juzgado, reside en el tipo programa creado y comercializado (o puesto a disposición del público) por Pablo Soto: un programa peer-to-peer o P2P.

Este tipo de programa, en resumen, permite a sus usuarios intercambiar directamente entre ellos todo tipo de archivos. La clave reside, pues, en que este tipo de programa no almacena, reproduce ni distribuye material alguno. Dicho contenido es ofrecido por sus usuarios, quienes en sus ordenadores introducen en una determinada carpeta el material que desean compartir, sin intermediarios, con otros usuarios. En este sentido se pronunció también, el 24 de febrero de 2011, la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª).

Esta razón, y no otra, es la que ha llevado al Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Madrid a desestimar la demanda interpuesta contra Pablo Soto, por considerar que los programas P2P desarrollados cumplen una función técnica totalmente neutra.

Siendo ello así, y teniendo en cuenta el marco legal actual, no sólo parece justa, sino también ajustada a Derecho, la decisión de dicho Juzgado. ¿Podemos hacer responsable al Sr. Soto, quien aunque lucrándose por ello, se ha limitado a permitir que terceros entren en contacto, de las infracciones cometidas por éstos?

La respuesta negativa por seguro no contentará a quienes, impotentes, observan la actual sangría de los derechos de autor; pero la respuesta positiva no sólo no garantizaría su protección, sino que además resultaría desproporcionada y dudosa a los ojos del Derecho (aunque no imposible, como la experiencia ha demostrado).

La desesperación que sufren productoras, discográficas y autores es evidente. Valga como ejemplo la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sala tercera), de 24 noviembre de 2011, motivada por el intento, entre otros, de la sociedad belga de autores, compositores y editores de obligar a un proveedor de servicio a internet (como lo serían Jazztel, Vodafone, Ono o Telefónica, entre otros) a controlar los datos que sus clientes intercambiaban mediante los programas P2P, para impedirles o bloquearles el envío o recepción de archivos que reprodujesen una obra musical sin autorización de sus titulares.

Los expuestos procesos nos llevan a preguntarnos: ¿todo vale? Quien suscribe estas líneas coincide plenamente en la necesidad de salvaguardar los derechos de autor; pero la desesperación ante la situación actual no puede llevarnos a que justos paguen por pecadores.

¿Haremos responsable a los proveedores de servicios de correo electrónico por los contenidos que sus usuarios incluyan? ¿Obligaremos a “correos” a comprobar el contenido de los paquetes? ¿Haremos responsables a los fabricantes de armas por el inadecuado o ilegal uso que se haga de las mismas?

Estas y otras preguntas, aunque muestran situaciones bien distintas, únicamente pretenden que se reflexione hasta dónde estamos dispuestos a forzar conceptos como la causalidad y la responsabilidad en la protección de determinados intereses; algo que, de bien seguro, no limitará sus repercusiones al estricto ámbito en el que inicialmente lo apliquemos.

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