Sobre la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la seguridad y la defensa

El pasado 2 de agosto de 2011 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la seguridad y la defensa. El objetivo de la misma no es otro que el de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico las previsiones de la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de contratación en los ámbitos de la defensa y la seguridad.

Esta regulación específica, como se apunta en el preámbulo de la Ley, persigue tres objetivos fundamentales: (i) asegurar la seguridad en la información que se transmite a los licitadores, (ii) la garantía de la continuidad del suministro y (iii) la necesidad de establecer ciertas normas que faciliten la flexibilidad en los procedimientos de contratación.

La seguridad en la información viene regulada en el artículo 21 de la Ley y afecta, tanto al licitador, como al subcontratista. Se persigue, en definitiva, evitar un mal uso de toda aquella información confidencial y clasificada a la que puedan tener acceso las partes.

Por otro lado, la continuidad del suministro se garantiza con la elevación del procedimiento negociado con publicidad a la categoría de ordinario (artículos 24 y 43 de la Ley 24/2011) y con el incremento de la vigencia de los acuerdos marco (artículo 54 de la Ley 24/2011), cuyo límite se sitúa en siete años, a diferencia de los cuatro previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.

El incremento del nivel de flexibilidad de los procedimientos de contratación se consigue con el establecimiento de un trámite previo de selección de contratistas, con el objetivo de limitar el número de licitadores y garantizar un mayor nivel de solvencia (artículo 43.2 de la Ley 24/2011).

Barcelona, 11 de octubre de 2011

Alfonso Arroyo
Abogado y Profesor de Derecho Administrativo ESADE

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