Archivo del Octubre, 2011

Legal Research Seminar: Prof. Rémy Cabrillac

El pasado 27 de septiembre tuvo lugar en la Facultad de Derecho de ESADE un nuevo Legal Research Seminar, a cargo del Prof. Rémy Cabrillac, de la Universidad de Montpellier. El tema del seminario fue el “Derecho francés, derecho inglés y derecho alemán: tres modelos diferentes para un derecho europeo de los contratos”. El seminario contó con la asitencia tanto de profesores de diferentes Facultades de Derecho, como de abogados miembros del Consejo Profesional, entre otros.

En el siguiente link encontraréis más información al respecto:

http://itemsweb.esade.edu/wi/management/COMBINADO270911.pdf

Sara Pons Marty
Assistant Research
Facultad Derecho ESADE
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Primera sesión Foro IP & IT – la protección jurídica de los programas de ordenador

La primera sesión de la tercera edición del Foro IP & IT se dedicó a la protección jurídica de los programas de ordenador, con una ponencia a cargo de Marta Baylina.

La presentación se centró en tres cuestiones prejudiciales planteadas al TJUE recientemente que versan sobre la protección de la interfaz gráfica de usuario, la protección de la funcionalidad del software y las licencias de software de segunda mano.

Hasta la fecha, el TJUE únicamente se ha pronunciado sobre la primera de ellas, en su Sentencia de 22 de diciembre de 2010 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0393:ES:HTML). La cuestión planteada era si la interfaz gráfica de usuario puede considerarse una “forma de expresión” de un programa de ordenador, considerando que la Directiva de software (91/250) reserva la protección a “cualquier forma de expresión de un programa de ordenador”.

El TJUE señala que el concepto de “programa de ordenador” está integrado por el elemento textual (tanto el código fuente como el código objeto). Dicho esto, establece que cualquier forma de expresión de un programa de ordenador debe estar protegida si, y solo si, su reproducción diese lugar a la reproducción del programa (del código), cosa que no ocurre con la reproducción de la interfaz gráfica de usuario.

Por lo tanto, ante dos interfaces muy parecidas o, incluso, idénticas, no necesariamente existirá una infracción de los derechos de autor reconocidos sobre programa de ordenador. Así, el tribunal subraya la independencia entre el elemento textual y el elemento funcional.

El TJUE también establece que cuando la interfaz gráfica constituya una creación “original” podrá ser objeto de protección independiente, es decir, como obra distinta del propio programa de ordenador. En este caso, en un mismo producto comercial encontraríamos dos obras: el código (Título VII LPI) y la interfaz (Títulos I – V LPI).

Por otra parte, durante el debate se subrayó que otra alternativa a tener en cuenta para proteger la interfaz es el diseño industrial.

La segunda cuestión prejudicial tratada durante la sesión atañe a la protección de la funcionalidad. La pregunta planteada al TJUE (accesible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:346:0026:0028:ES:PDF) es, básicamente, si un programa de ordenador que replica las funciones de otro programa sin copia del código fuente (es decir, una mera copia de la funcionalidad) constituye una infracción de derechos de autor.

Si bien el TJUE todavía no ha dictado sentencia al respecto, en la ponencia se destacó que lo previsible es que concluya que la copia de la funcionalidad no constituye una infracción del derecho de autor, teniendo en cuenta que la Directiva de software deja claro que las ideas y principios – funcionalidad – no son objeto del derecho de autor. Además, esta es la línea seguida por el Tribunal en la sentencia sobre la interfaz gráfica (elemento que, al fin y al cabo, no es más que la cara de la funcionalidad).

Llegamos así a una pregunta clave: ¿cómo se protege entonces la funcionalidad? ¿Debe protegerse? Esta cuestión ocupó una parte importante del debate, donde se subrayó la necesidad de determinar – quizás mediante la creación de un derecho sui generis – cómo conciliar, por una parte, la divulgación de la innovación y, por otra, la protección a las industrias en las que se crean y desarrollan este tipo de productos.

Finalmente, la tercera de las cuestiones prejudiciales tratadas durante la sesión se refiere a las llamadas “licencias de software de segunda mano” (adquiridas a través de Internet). La cuestión ha sido planteada al TJUE por el Tribunal Supremo alemán (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:194:0008:0009:ES:PDF): ¿Se agota el derecho a distribuir una copia de un programa de ordenador cuando el adquirente la ha adquirido a través de internet?

La duda radica en el hecho de que el software en este caso se pone a disposición a través de Internet: ¿se ha producido un acto de distribución, o de comunicación pública? Si concluimos que es un acto de distribución, probablemente deberemos concluir que hay agotamiento, y viceversa si consideramos que estamos ante un acto de comunicación pública.

Respecto de las obras en general, lo cierto es que la Directiva sobre derechos de autor en la sociedad de la información (2001/29) aclaró que la puesta a disposición interactiva es un concreto acto de comunicación al público, excluyéndose, por tanto, el agotamiento.

Ahora la cuestión vuelve a plantearse, pero específicamente respecto del software. Por coherencia con el régimen general establecido para el resto de obras en la DDASI, en la presentación se destacó que es posible que el TJUE concluya que la puesta a disposición de software online también es un acto de comunicación pública y que, por lo tanto, no hay agotamiento. En cualquier caso, habrá que esperar a la Sentencia que dicte el TJUE para arrojar más luz sobre este asunto.

Ana Benetó Santa Cruz

Foro IP&IT, Propiedad Intelectual | , , , Permalink

Sobre la LEY 37/2011, DE 10 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL: Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Se ha publicado, en el Boletín Oficial del Estado núm. 245, de fecha 11 de octubre de 2011, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal. El objeto de la misma no es otro que el de incorporar determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil, penal y contencioso administrativo. En cuanto al orden contencioso-administrativo, debemos destacar, entre otras, las siguientes modificaciones, operadas en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

1. En relación con la competencia territorial de los Juzgados y Tribunales Superiores de Justicia, se modifica el apartado 1, regla segunda, del artículo 14, ampliándose las materias recogidas en la misma y añadiéndose la de la responsabilidad patrimonial como supuesto habilitante para que el demandante pueda elegir entre el Juzgado o Tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o el del lugar donde se halle la sede del órgano autor del acto impugnado. Cuando el recurso tenga por objeto actos de la Administración de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales, la elección se deberá limitar a la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia donde tenga la sede el órgano autor del acto.

2. En cuanto a la prueba, se modifica el artículo 60 de la LJCA, en virtud del cual, en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias se deberán expresar, mediante otrosí, los puntos de hecho sobre los que habrá de versar la prueba y los medios de prueba que se propongan, eliminándose el actual trámite de proposición. El plazo para practicarla se mantiene en 30 días.

3. En cuanto a la regulación del procedimiento abreviado, se modifica el artículo 78 de la LJCA y se eleva de 13.000 a 30.000 € la cuantía de los asuntos que se resolverán por los trámites del mismo. Además, se añade un nuevo párrafo al apartado 3 del citado artículo, previéndose la posibilidad de evitar la celebración de vista en aquellos recursos en los que el actor no pida ni recibimiento a prueba ni vista y la Administración demandada no solicite la celebración de la misma. En ese caso la Administración tendrá veinte días para contestar la demanda. En caso de que la Administración quiera solicitar la celebración de vista, lo deberá hacer dentro de los diez primeros días del plazo para contestar demanda.

4. Mediante la modificación del artículo 81.1.a) de la LJCA se eleva el límite para acceder al recurso de apelación, pasando de 18.000 a 30.000 €.

5. En cuanto al acceso al recurso de casación, se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 86 de la LJCA y se eleva la cuantía, pasando de 150.000 a 600.000 €.

6. También se modifica el apartado 3 del artículo 96 de la LJCA, en virtud del cual se eleva el límite de la cuantía litigiosa para acceder al recurso de casación para la unificación de doctrina hasta 30.000 €, cuando con la redacción anterior se fijaba en 18.000 €.

7. Mediante la modificación del artículo 99.2 de la LJCA, se eleva de 18.000 a 30.000 € el límite cuantitativo para interponer recurso de casación para la unificación de doctrina de las Sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia cuando exista infracción de las normas emanadas de la Comunidad Autónoma.

8. Respecto a la solicitud de medidas cautelarísimas, se modifica el artículo 135 de la LJCA y, como se avanza en el preámbulo, se prevé que el juez pueda apreciar la urgencia y adoptar o denegar la medida cautelar, o bien no apreciar la urgencia y decidir tramitar conforme al artículo 131 de la LJCA.

9. En cuanto a las costas procesales, se modifica el apartado 1 del artículo 139 de la LJCA, estableciéndose el criterio del vencimiento, en virtud del cual el órgano jurisdiccional impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el mismo aprecie y razone serias dudas de hecho o de derecho.

Cuando exista estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a excepción de que el órgano jurisdiccional las imponga a una de ellas por apreciar temeridad o mala fe.

En cuanto a la entrada en vigor de la Ley, se prevé que se produzca el día 31 de octubre de 2011. Los procesos que estuvieran en trámite en el momento de la entrada en vigor se regirán, hasta que recaiga sentencia, por la normativa anterior.

Barcelona, 17 de octubre de 2011

Alfonso Arroyo Díez
Abogado y Profesor de Derecho Administrativo Facultad de

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Sobre la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la seguridad y la defensa

El pasado 2 de agosto de 2011 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la seguridad y la defensa. El objetivo de la misma no es otro que el de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico las previsiones de la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de contratación en los ámbitos de la defensa y la seguridad.

Esta regulación específica, como se apunta en el preámbulo de la Ley, persigue tres objetivos fundamentales: (i) asegurar la seguridad en la información que se transmite a los licitadores, (ii) la garantía de la continuidad del suministro y (iii) la necesidad de establecer ciertas normas que faciliten la flexibilidad en los procedimientos de contratación.

La seguridad en la información viene regulada en el artículo 21 de la Ley y afecta, tanto al licitador, como al subcontratista. Se persigue, en definitiva, evitar un mal uso de toda aquella información confidencial y clasificada a la que puedan tener acceso las partes.

Por otro lado, la continuidad del suministro se garantiza con la elevación del procedimiento negociado con publicidad a la categoría de ordinario (artículos 24 y 43 de la Ley 24/2011) y con el incremento de la vigencia de los acuerdos marco (artículo 54 de la Ley 24/2011), cuyo límite se sitúa en siete años, a diferencia de los cuatro previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.

El incremento del nivel de flexibilidad de los procedimientos de contratación se consigue con el establecimiento de un trámite previo de selección de contratistas, con el objetivo de limitar el número de licitadores y garantizar un mayor nivel de solvencia (artículo 43.2 de la Ley 24/2011).

Barcelona, 11 de octubre de 2011

Alfonso Arroyo
Abogado y Profesor de Derecho Administrativo ESADE

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La carga de la prueba en los procesos en rebeldía

El pasado mes de septiembre se publicó un nuevo artículo fruto de la colaboración mensual entre el Instituto de Probática y Derecho Probatorio de ESADE y la Revista IURIS. En dicho artículo, publicado por Joaquim Martí Martí, miembro del equipo académico del Instituto,  se establece que la rebeldía no genera en nuestro ordenamiento, a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas procesales, favorecimiento alguno en la posición del actor.

El artículo completo está disponible en el siguiente link:

http://www.esade.edu/research-webs/esp/ipdp/publicaciones/publicaciones-de-profesores-y-miembros-del-instituto

Sara Pons Marty
Assistant Research
Facultad de Derecho ESADE
Probática y Derecho Probatorio | Permalink