Suiza y España refuerzan los mecanismos de intercambio de información tributaria

Suiza y España firmaron la pasada semana un nuevo protocolo que modifica el convenio para evitar la doble imposición firmado en 1966 y el protocolo de 2006 que introdujo por primea vez una cláusula de intercambio de información tributaria entre ambos países.

Este Protocolo entrará en vigor transcurrido un plazo de tres meses a partir de la fecha en que ambos Estados hayan ratificado el acuerdo y será de aplicación, con carácter general, sobre las cantidades pagadas o debidas a partir de dicha fecha y ejercicios fiscales que comiencen a partir de ese momento. Sin embargo, la nueva cláusula de intercambio de información resultará de aplicación inmediata a los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2010 y en relación a los impuestos exigibles por las cantidades pagadas o debidas desde esa fecha, una vez ratificado el Protocolo. Entretanto, continuará aplicándose la actual cláusula de intercambio de información tributaria en relación con los supuestos de evasión fiscal que hayan tenido lugar con posterioridad al 29 de junio de 2006.

Además de las modificaciones al texto del convenio, la novedad más destacada del Protocolo es la ampliación de los mecanismos de intercambio de información con la finalidad de facilitar a las autoridades fiscales españolas el acceso a información sobre los fondos detentados en Suiza por ciudadanos españoles. En este sentido, ambos Estados han acordado intercambiar información que pueda tener trascendencia tributaria o sea precisa para el control del adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes españoles con independencia de que el eventual incumplimiento de dichas obligaciones pueda tener o no la consideración de delito bajo la legislación española o suiza.

Con este nuevo marco institucional, las autoridades españolas tendrán acceso a información bancaria y contable acerca de los activos que sus ciudadanos mantengan en Suiza, así como la capacidad para identificar a los beneficiarios efectivos de cualquier tipo de transacción que los mismos puedan llevar a cabo en dicho país, mediante la remisión a las autoridades suizas de un requerimiento de información que contenga: a) la identidad de la persona objeto de inspección o investigación; b) las fechas respecto de las que se solicite la información; c) la información solicitada y la forma en que se desea recibir; d) la finalidad fiscal para la que se solicita la información; y e) en la medida en que se conozca, el nombre y el domicilio de toda persona en cuyo poder se crea que obra la información solicitada.

El Gobierno suizo se ha comprometido a utilizar los mecanismo de obtención de información previstos en su propia legislación para facilitar a las autoridades españolas la información requerida, incluso cuando dicha información carezca de trascendencia desde su perspectiva interna o cuando la misma esté en poder de bancos u otras instituciones financieras o de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria.

Ambos Estados han acordado, en todo caso, el criterio de “pertinencia previsible” con la finalidad establecer un intercambio de información en materia tributaria tan amplio como sea posible y, al mismo tiempo, aclarar que los Estados no tienen libertad para emprender búsquedas indefinidas de pruebas (“fishing expeditions”), ni para solicitar información de dudosa pertinencia respecto a la situación fiscal de un determinado contribuyente, al que debe garantizarse siempre un procedimiento justo, pero sin que ello sirva de excusa para impedir o retrasar indebidamente el proceso de intercambio de información.

Por ultimo, el Protocolo modifica el texto del convenio para adaptarlo las nuevas relaciones económicas y comerciales entre España y Suiza y a los últimos cambios en el modelo de convenio de la OCDE, incluyendo nuevas definiciones de “establecimiento permanente” y “empresas asociadas”.

En particular, se declaran exentos de retención los pagos por dividendos efectuados por las entidades participadas por una entidad del otro Estado en las que ésta posea al menos el 10% del capital (el 25% hasta ahora), así como los pagos de dividendos efectuados a favor de un fondo o plan de pensiones reconocido en el otro Estado, y se reduce el período de tenencia de las participaciones para gozar de esta exención, que pasa de dos años a un año.

El Protocolo introduce asimismo una importante modificación en relación a las ganancias derivadas de la transmisión de acciones o participaciones cuyo valor proceda en más de un 50%, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en el otro Estado, las cuales podrán someterse a imposición en ese otro Estado, salvo que dichos inmuebles estén afectos a la actividad económica de la sociedad o cuando se trate de acciones cotizadas en una Bolsa de Valores.

El Protocolo incluye, finalmente, una cláusula que prevé la posibilidad de acudir a arbitraje en los casos en los que las autoridades competentes de ambos Estados no alcancen un acuerdo sobre un procedimiento en un plazo de tres años.

Bruno Domínguez
Profesor de la Facultad de Derecho de ESADE y abogado de Baker & McKenzie

Artículo publicado en “Expansión”  (24.08.2011)

 

 

 

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