El arbitraje institucional interadministrativo

La Ley 11/2011 de 20 de mayo, complementada por la Ley Orgánica 5/2011 de la misma fecha, modifica la Ley 60/2003 de 23 de diciembre de arbitraje e incorpora como novedad la regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado. Esta novedad no supone introducir el arbitraje en la resolución de conflictos entre la Administración y terceros, no es, por tanto, un desarrollo de lo previsto con carácter general en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992.

El llamado “arbitraje institucional” tiene un contenido más modesto y hace referencia al modo de resolver posibles conflictos internos dentro de la Administración General del Estado. Con este fin se crea la Comisión Delegada del Gobierno para la Resolución de Controversias Administrativas, a la que se atribuye la competencia para resolver, de acuerdo con los principios de la técnica arbitral, por tanto de forma vinculante y sin ulterior recurso, los conflictos que puedan surgir entre los diversos entes que configuran la Administración General del Estado (conflictos entre la Administración General y los organismos públicos del título III de la LOFAGE, entidades gestoras de servicios comunes de la Seguridad Social y otras entidades de derecho público reguladas por su legislación específica; también entre sociedades mercantiles estatales y las fundaciones del sector público estatal con su Ministerio de tutela, Dirección General del Patrimonio o los organismos o entidades públicas en las que ostenten la totalidad del capital social o dotación).

Barcelona, a 26 de junio de 2011

Alfonso Arroyo
Abogado y Profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de ESADE

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Una Resposta a “El arbitraje institucional interadministrativo”

  1. Muy interesante la refelexión. Pero esto ¿es mediación o arbitraje? ¿Por qué aparece en esta ley de reforma a otra ley anterior? ¿Por qué no permite que la administración se someta a arbitraje de otras instituciones arbitrales? Si Arthur Andersen y Andersen Consulting, matriz y filial, solucionaron sus controversias internas sosmetiéndose al arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, ¿es imaginable que los diferentes tentáculos de la administración española acaben sometiend osus pleitos a un ente no público que lo resuleva de manaera vinculante en euna única instancia? ¿Podría haber arbitraje entre adminsitración central y local o autonómica? Un tema que da pie a muchas preguntas. Quizá los lectores ofrezcan respuestas.