LAS MODIFICACIONES DE LA LCSP OPERADAS POR LA LEY 2/2011, DE 4 DE MARZO, DE ECONOMÍA SOSTENIBLE.

El pasado 5 de marzo de 2011 se publicó en el BOE la esperada Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. La Disposición final decimosexta y la Disposición final quincuagésima quinta de esta Ley modifican, de nuevo, la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP).
Una de los aspectos más destacables es el nuevo régimen de la modificación de los contratos, que afectará no sólo a los contratos administrativos, sino también a los contratos privados que celebren los entes, organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de Administraciones Públicas .La modificación de los contratos se regula en el nuevo Título V (que comprende los artículos 92 bis a 92 quinquies).
Los contratos podrán modificarse si así se ha establecido en el anuncio de licitación o en el pliego y en las condiciones allí establecidas o, cuando no se haya establecido de esta manera, si se dan las circunstancias previstas en el art. 92.1 quater. En este supuesto, no podrán alterarse las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación. Se entenderá que se alteran estas condiciones esenciales, entre otras, cuando las modificaciones del contrato igualen o superen (incluidas las modificaciones sucesivas), en más o menos, el 10 % del precio de adjudicación del contrato.
El nuevo régimen de los contratos modificados también incide en otros preceptos de la Ley, como el del valor estimado del contrato, o las causas de resolución contractual.
La modificación de la LCSP también afecta a los supuestos de contratos complementarios (art. 155.b, 158.b) concretándose que resultarán de aplicación a los poderes adjudicadores “diligentes”.
La Ley de Economía Sostenible también aborda otras cuestiones con el objetivo de impulsar la eficiencia en la contratación pública y la colaboración público-privada, fomentando que se agilicen trámites y la participación de la pequeña y mediana empresa. El contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado (art. 11) también sufre una modificación, estableciéndose que estos contratos sólo podrán ser celebrados por una Administración Pública o una Entidad pública empresarial u organismo similar de las Comunidades Autónomas, regulándose la financiación de la coloración público-privada (art. 37 de la Ley de Economía Sostenible).
También es de destacar que la Ley introduce un nuevo artículo, el 73 bis, relativo a los supuestos de sucesión del contratista (fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad), señalándose que si no se puede producir la subrogación, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario.
Respecto a los contratos de gestión de servicios públicos, mediante la Disposición Final Quincuagésimo quinta y con efectos desde el 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida, se modifica el art. 8.1 de la LCSP, permitiendo a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social el otorgamiento de contratos de gestión de servicios públicos, pero sólo respecto a la gestión de la prestación de asistencia sanitaria.

Barcelona, 26 de abril de 2011

Alfonso Arroyo
Abogado y Profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de ESADE

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